El magistrado Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo de Brasil, ha incluido este miércoles al presidente Jair Bolsonaro entre los investigados en un proceso sobre difusión de noticias falsas que atentan contra la democracia.
El tribunal informó sobre la decisión del magistrado, que atiende a una solicitud planteada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) por la campaña de descrédito que el líder de la ultraderecha ha desatado contra el voto electrónico –instaurado en Brasil desde hace más de dos décadas– de cara a las próximas elecciones.
La investigación en la que ha sido incluido Bolsonaro comenzó en 2019 limitada a la difusión de noticias falsas a través de internet, pero hace dos meses pasó a centrarse en la posible existencia de los que han sido calificados como grupos “digitales antidemocráticos”, en su mayoría de la ultraderecha que lidera el gobernante.
La petición del TSE complementa otra decisión de la propia Justicia electoral, que decidió iniciar un proceso “administrativo” contra el mandatario después de afirmar que si en 2022 no se retoman las votaciones mediante papeletas “no habrá elecciones”.
Durante las últimas semanas, Bolsonaro también ha afirmado casi a diario que el presidente del TSE, Luis Barroso, también miembro del Supremo, “conspira” para consumar un “fraude” en 2022 en favor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien encabeza todas las encuestas cuando faltan 14 meses para los comicios.
El mandatario ha reiterado esas declaraciones este miércoles en una entrevista a una radio del interior del país en la que llegó a cuestionarse “al servicio de qué intereses está Barroso”.
Bolsonaro ha afirmado que su “pelea” es por la democracia y contra el propio Barroso, a quien ha acusado de intentar impedir que prospere una enmienda constitucional propuesta por el Gobierno para retomar el voto en papeletas.
Esa iniciativa está en trámite en una comisión de la Cámara de Diputados y plantea que, en paralelo al voto electrónico, se adopten también las papeletas a fin de que el sufragio “sea realmente auditable”, lo que en su opinión no ocurre con el actual sistema.
Sin embargo, la propia Justicia electoral ha subrayado que todo el proceso de votación y recuento de votos electrónico es “seguro”, que no ha sido objeto de una sola denuncia de fraudes desde 1996, cuando comenzó a ser utilizado, y que además está vigilado por todos los partidos políticos y observadores independientes.