El Supremo libra de la cárcel a la familia de una abogada condenada por estafar 740.000 euros en subastas judiciales

Una sentencia del Tribunal Supremo ha evitado que cuatro familiares de una abogada estafadora tengan que entrar con ella en prisión. Los jueces han decidido imponer dos años de cárcel a una letrada que estafó más de 740.000 euros a 17 personas a las que engañó en procesos de subastas judiciales, pero han absuelto a su marido y sus tres hijos, acusados en un primer momento de ayudar a la mujer a evitar el pago de sus deudas ocultando sus bienes. Esto, en la práctica, evita la entrada en prisión de toda la familia cuyos miembros habían sido condenados a penas superiores a los dos años de cárcel.

Los hechos que ha estudiado el Tribunal Supremo se remontan a 2008, cuando la abogada Rosa A.B convenció a casi una veintena de personas para que le dieran grandes sumas de dinero con las que pujar en subastas judiciales. En total, le entregaron 741.000 euros, algunos de ellos en cantidades de unos pocos miles pero en algunos casos las víctimas entregaron más de 220.000 euros de una tacada.

El objetivo era que la abogada usara ese dinero para acudir a subastas judiciales en Madrid, donde los juzgados venden de forma forzosa bienes embargados a personas con deudas para poder pagar a los acreedores. Salen a subasta desde inmuebles hasta derechos de propiedad industrial, vehículos o cuentas corrientes. Pero en este caso la abogada no se llevaba el dinero para pujar: se lo quedaba en su cuenta para pagar sus propias deudas económicas.

Las víctimas de la estafa, defendidas por el letrado Iván Montoto, intentaron cobrar su dinero antes de llevar el caso por la vía penal, algo que no fue posible. Entre otras cosas, denunciaron que la abogada había puesto encima de la mesa cheques sin fondos e incluso había presentado como aval su casa familiar. El problema es que la vivienda dejó de estar a su nombre cuando ella y su marido donaron el inmueble a sus tres hijos, denunciaban, para evitar un embargo y no tener que pagar sus deudas.

Este movimiento llevó al banquillo a la abogada, su marido y sus tres hijos. En un primer momento, los tres fueron condenados a penas que implicaban su entrada obligatoria en prisión. La Audiencia Provincial de Madrid, según ha sabido elDiario.es, impuso seis años de cárcel a la abogada por estafa y alzamiento de bienes, y dos años y medio de prisión para sus cuatro familiares por el segundo delito. Porque, según la Audiencia, todo fue un plan para que, después de estafar más de 740.000 euros a todas sus víctimas, no tuvieran que entregar la casa para hacer frente a sus deudas.

Tanto los tres hijos como sus padres alegaron en el juicio que ellos no conocían la existencia de las deudas o de la estafa cuando aceptaron la donación del chalet. Pero la Audiencia Provincial les condenó porque todo apuntaba a que sabían que la donación era necesaria para que se quedaran con la casa: “Todos eran conocedores de la existencia de las deudas y la intención que les guio era la de sustraer dicha vivienda a las posibles acciones civiles de los acreedores sobre la misma para obtener con ella la satisfacción de sus créditos”, dijeron entonces los jueces.

Esa sentencia habría implicado la entrada obligatoria en prisión de toda la familia en caso de haber sido declarada firme, pero el Tribunal Supremo ha revisado el caso y ha entendido que ni el marido ni los tres hijos de la abogada estafadora pueden ser condenados. Según los jueces, hay pruebas de sobra para condenar a la letrada por estafar a las personas que le dieron cientos de miles de euros para subastas judiciales, dinero que debe devolver, pero no para condenar a toda la familia por intentar ocultar su casa y evitar el embargo.

Embargo sobre embargo

La sala de lo penal del Supremo, con Juan Ramón Berdugo como ponente, entiende que la familia de la abogada no puso la casa en manos de sus hijos para escapar de esta deuda, sino que lo hizo para evitar otro embargo anterior: para cuando el caso de la estafa llegó a manos de los tribunales, un juzgado de Madrid había ordenado la subasta judicial de la casa a petición del banco. La entidad, finalmente, se apartó del procedimiento y la vivienda no fue ni embargada ni subastada.

Estos datos llevan al Tribunal Supremo a entender que no hay pruebas suficientes de que toda esta operación de donaciones a los hijos tuviera como verdadero objetivo no pagar a las víctimas de la estafa de su madre. “No existen pruebas suficientes para inferir aquel ánimo intencional de los acusados de no hacer frente al pago de las aportaciones dinerarias a que Rosa se había comprometido”, dice el Supremo. El marido y los tres hijos, por tanto, son absueltos de alzamiento de bienes.

La condena de la abogada también baja notablemente, de seis años a dos años de cárcel al aplicar también la atenuante de dilaciones indebidas por los siete años que el proceso tardó en llegar a juicio. No tiene que entrar obligatoriamente en prisión, por tanto, aunque ahora empieza la fase de ejecución en la que tendrá que devolver los 741.000 euros a sus víctimas si no quiere ir a la cárcel.

Las esperanzas de las víctimas de recuperar su dinero, según fuentes del caso, no son demasiado altas. En todo momento la abogada se ha negado a devolver el dinero aunque sí ha demostrado tener algún tipo de capacidad económica al cambiar varias veces de defensa hasta contar en casación con la defensa del abogado y antiguo magistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego, que ha conseguido la importante rebaja de condena de la letrada y la absolución de sus familiares.