El Supremo pone fin al 'via crucis' de la concejala de Podemos en Palma en su batalla contra los dos policías que la vejaron por ser lesbiana

“Movidos por su odio y desprecio a su condición homosexual”. Así sostiene el Tribunal Supremo que actuaron dos policías locales de Palma contra Sonia Vivas, ex agente del cuerpo y actual concejala de Justicia Social en el Ayuntamiento de la capital balear. Los magistrados hacen suyas las consideraciones vertidas en su día por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), que condenó a ambos acusados a sendas penas de tres años y cinco meses de prisión y de un año y tres meses por delitos de coacciones, denuncia falsa y falso testimonio. El Alto Tribunal acaba de confirmar esta sentencia.

Es el desenlace de una batalla judicial que se inició en 2016 y ha sacado a relucir los episodios más arduos y espinosos de cuantos han trascendido en el marco del caso Cursach. La edil, que en su página web atribuye el acoso al hecho de ser “una mujer lesbiana que vive su vida con la naturalidad de la diversidad como bandera”, decidió llevar a los tribunales el continuo maltrato al que aseguraba estar sometida por su orientación sexual. Su denuncia pasó a formar parte de las múltiples líneas de investigación en las que se desgajó el anterior caso de corrupción, que, en esencia, centró su instrucción en una presunta trama policial de extorsiones y tratos de favor dirigida a salvaguardar los negocios del magnate de la noche Bartolomé Cursach. La macrocausa se encuentra ahora pendiente de enjuiciamiento.

Como ya expusiera en su resolución la máxima instancia judicial de las islas, la Sala de lo Penal, con la magistrada Carmen Lamela como ponente, considera probado que los funcionarios policiales convirtieron su actitud homófoba en la forma habitual de relacionarse con Vivas. “Realizaban hechos tales como apodarle y llamarle tijeritas, llevarse la mano a los genitales con actos obscenos, hacer chistes de homosexuales en su presencia para que los oyera y mofarse de ella”, detalla la sentencia. 

Vivas, regidora de Podemos y conocida activista en favor del feminismo, no ocultaba este martes su júbilo ante el desenlace de un procedimiento judicial que, entremedias, se ha cruzado con continuas denuncias contra la regidora por parte de los dos condenados: “Tras años de padecimiento y persecución, con múltiples denuncias y querellas contra mí con el único objetivo de desprestigiarme, de dañar mi imagen y de hacerme ver como una mala persona que había denunciado en falso, estoy aliviada y satisfecha. Estoy contenta”. La edil cree, además, que la resolución del Supremo supone “un paso adelante para la comunidad LGTB”.

La resolución del Supremo relata la afectación psicológica que provocó en Vivas el hostigamiento sufrido y las escenas de acoso que vivió una vez denunciados los hechos: tras ser entrevistada en una emisora de radio y acabar revelando las humillaciones a las que había sido sometida en el cuartel por parte de determinados compañeros policías, quienes “la habían vejado y menospreciado por su condición de lesbiana”, los dos policías volvieron a la carga.

Tras darse por aludidos y “con la finalidad de desacreditar y escarmentar a su compañera”, decidieron contactar con otra mujer que se había enemistado con Vivas para que colaborase con su testimonio y ayudase, con ello, a sacar adelante las actuaciones contra ella. No solo eso. Uno de los policías locales condenados presentó una denuncia falsa contra la actual concejal acusándola de intentar agredir a un detenido. Según el Supremo, los agentes intentaron, incluso, que la ex agente perdiera su plaza en la Policía Local.

La Sala de lo Penal, sin embargo, ha estimado de forma parcial los recursos de casación interpuestos por los dos policías en lo que supone la anulación de la pena accesoria de inhabilitación que se les impuso para el empleo de policía durante el tiempo de la condena. A juicio de los magistrados, no existe una relación directa entre el ejercicio de su cargo y el delito cometido. Al respecto, el Supremo considera que las coacciones de los acusados, aunque estaban vinculadas directamente con unos acontecimientos anteriores que habían tenido lugar en el ejercicio de sus funciones como agentes de policía –y aun cuando facilitaron la comisión de los hechos por los que han sido condenados–, “no se relacionan con una estricta actuación profesional”.

“No puede, pues, establecerse una vinculación entre el ejercicio del cargo y el delito cometido, ya que los hechos por los que los acusados han resultado condenados no se llevaron a cabo en el ejercicio propio de sus funciones específicas, sino que los mismos tuvieron lugar al margen de su condición de funcionarios”, subraya la Sala.

Respecto a los otros dos delitos por los que ha sido condenado uno de los policías –denuncia falsa y falso testimonio–, la Sala indica que su actuación tampoco se relaciona con una estricta actuación profesional. Y es que el acusado “formuló denuncia como persona física, identificándose con su nombre y apellidos y no por número de agente”. Lo hizo, además, por escrito y con la firma de un abogado y un procurador de su elección, y prestó declaración como particular. “Su actividad se desarrolló al margen de su condición de funcionario”, aprecian los magistrados.

Por su parte, Vivas, quien creó en la Policía Local la Unidad de atención a los delitos de odio, enfrenta ahora otra batalla. Los dos agentes condenados la denunciaron por emplear contra ellos, según alegan, los mismos informes médicos que había utilizado en otra causa, seis años antes, con el objetivo de dar credibilidad a los daños sufridos como consecuencia de las vejaciones. Un Juzgado de Instrucción de Palma la ha citado a declarar como investigada el próximo 19 de marzo para interrogarla por estos hechos. 

Los policías interpusieron su querella denunciados a través de la Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales (JAVA), que aglutina a decenas de policías locales que, defienden, resultaron perjudicados por las detenciones y encarcelamientos llevados a cabo cuando el caso Cursach atravesaba sus momentos más álgidos, con el juez Manuel Penalva y el ex fiscal Miguel Ángel Subirán –en la actualidad investigados– al frente de las pesquisas.

En su denuncia, la entidad asegura que Vivas reutilizó los documentos médicos así como la baja laboral en los que ya se había cobijado seis años antes “con la única y miserable finalidad de dar credibilidad a su testimonio” contra ellos. Se trata de la única causa que se mantiene viva después de que el resto de querellas interpuestas contra la ex agente hayan sido archivadas.