La imagen es habitual. Opositores que llevan, en algunos casos, varios años estudiando para ser juez o fiscal acuden al Tribunal Supremo para examinarse y se hacen fotos, algunas veces en la sala de vistas donde se someten a las preguntas. La sala de gobierno del Tribunal Supremo entiende ahora que estas fotos no son serias y ha exigido su “prohibición” en una reunión celebrada hace unas semanas. Cada año más de 4.000 personas se presentan a estas oposiciones cuyas diferentes pruebas son celebradas en los salones del Tribunal Supremo, frente al parque Villa de París de Madrid.
El asunto no estaba en el orden del día pero fue estudiado por la sala de gobierno del Tribunal Supremo el pasado 25 de abril en la fase de ruegos y preguntas. Según indican fuentes de este organismo a elDiario.es, el tema llegó a debatirse por el caso de una opositora que, después de aprobar, se hizo una foto en la sala de vistas sentada donde habitualmente se sienta el tribunal mientras hacía el signo de la victoria con la mano.
El acuerdo es claro y fue planteado bajo el epígrafe “prohibición de obtención de fotos por los opositores en los actos de oposición que se celebran en este palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo”. La resolución es dirigirse a la comisión de selección para que los presidentes de cada uno de los tribunales impidan estas fotos. “Evitar la obtención de este tipo de imágenes que, de alguna manera, no son acordes con la seriedad del proceso selectivo y del lugar en el que se llevan a cabo las pruebas, como son las Salas de Vistas del Tribunal Supremo”, dice la sala de gobierno en su acuerdo.
Estas mismas fuentes explican que se produjo un debate con diversidad de opiniones en el que algunos miembros de la sala de gobierno entendieron que era un asunto sin importancia, mientras que otros defendieron que sacarse fotos en esa estancia donde otras personas acuden a ser juzgadas no es lo suficientemente respetuoso.
La solución, explican, es que la sala quede cerrada nada más terminar las pruebas y que no se pueda acceder a ellas inmediatamente después, cuando los opositores pueden entrar a hacerse fotos. Esta medida, por tanto, no afecta a otras zonas del Tribunal Supremo donde los opositores también suelen fotografiarse antes o después de examinarse: las escaleras principales o la fachada principal del edificio.
La sala de gobierno del Tribunal Supremo está formada por ocho miembros de sus distintas salas además del presidente, Carlos Lesmes, y del secretario de gobierno. Entre ellos están los presidentes de las salas y cinco magistrados más. Se renuevan cada cinco años y su misión, explica el propio Supremo, es garantizar “el correcto funcionamiento del Tribunal Supremo, así como velar por la exacta ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno”.
Jueces y redes sociales
El Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial no dan ni pueden dar órdenes o directrices a los jueces sobre cómo usar sus perfiles en redes sociales públicas, donde decenas de juristas tienen cuentas en las que se identifican como miembros de la judicatura o de la Fiscalía. Pero sí existe un organismo independiente del órgano de gobierno de los jueces, el Comité de Ética, que ha emitido sus propias recomendaciones sobre cómo deben comportarse los magistrados en plataformas como Twitter.
Ninguna de estas recomendaciones hacen alusión a fotos en sede judicial, pero sí a su libertad de expresión a la hora de hablar de política o de asuntos públicos. Ya en 2019, por ejemplo, este Comité de Ética Judicial pidió “extremo cuidado y prudencia” en el uso de las redes sociales. En otro dictamen de enero de 2021 pidió “prudencia y mesura” a los miembros de la magistratura en el uso de redes sociales como Twitter. Ese mismo año también desaconsejó acudir a tertulias del corazón.
Su último dictamen sobre este asunto fue emitido en abril de este año y explicitó que la libertad de expresión de los jueces no ampara “las manifestaciones realizadas en redes sociales y medios de comunicación que atenten de forma grave contra el Estado de Derecho, el orden constitucional y la democracia”. Lo dijeron tras estudiar el caso de un juez sin identificar que hizo declaraciones en internet apoyando a los políticos catalanes condenados por el procés. Eso, dice el Comité, son palabras que “vulneran el compromiso moral y de lealtad que jueces y juezas asumen cuando prestan el juramento o promesa exigido por la Ley Orgánica del Poder Judicial para tomar posesión del cargo”.