El Tribunal Supremo ha confirmado que el desalojo del centro social autogestionado La Ingobernable de Madrid fue ilegal. El desahucio del edificio, situado en el Paseo del Prado, se produjo a finales de 2019, cuando José Luis Martínez Almeida ya estaba al frente de la Alcaldía. Entonces se vanaglorió públicamente de su decisión y, de hecho, llamó “caras” a quienes habían dado uso a un edificio que estaba sin vida alguna desde hacía años. Era el segundo desalojo similar desde su llegada al Palacio de Cibeles. Unos meses antes fue el turno de La Dragona, en el barrio de La Elipa. Cerca de tres años después, ambos inmuebles están cerrados, inutilizados y con vigilancia 24 horas a costa del contribuyente.
La ilegalidad del desalojo la ratificó el pasado 6 de abril el Tribunal Supremo en una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que rechaza los recursos de casación planteados por el Ayuntamiento contras una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que determinó que el Gobierno municipal no tenía “legitimidad” para expulsar al colectivo y que la resolución municipal de 2017 en la que se apoyó Almeida para ordenar el desahucio nunca debió existir. El motivo: que el edificio estaba cedido a una fundación privada y, por tanto, debió ser esta quien reclamara el desalojo.
“La resolución del Tribunal Supremo, al inadmitir a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia que estimó el recurso del centro social, confirma sin género de dudas que el desalojo del centro social La Ingobernable fue contrario a derecho”, apuntan desde la defensa jurídica de La Ingobernable.
La escueta resolución del alto tribunal establece el pago de unas costas de hasta 1.000 euros (más IVA) al Consistorio, pero nada más dice de qué pasará a partir de ahora con el edificio. Porque, de hecho, el TSJM no vio en su día “perjuicios irreparables” y planteó que, en todo caso, los ocupantes podrían ser indemnizados al haber sido víctimas de un desalojo sin amparo legal, pero el uso del edificio no sería devuelto a los colectivos.
El procedimiento se inició antes, en 2017, con Manuela Carmena al frente del Consistorio, aunque la alcaldesa nunca llegó a activar completamente el desalojo. Por entonces, el inmueble, de propiedad municipal, estaba cedido gratis a la fundación privada Ambasz, que lo mantenía sin actividad desde que Ana Botella les permitió su uso durante 75 años. El plan era derribar el edificio, construido durante la II República, y levantar un museo en honor al propio Emilio Ambasz, un arquitecto argentino con nula presencia en Madrid. Carmena rescindió en 2018 el convenio con la fundación y abonó 1,4 millones de euros como indemnización.
“Pronto habrá noticias”
La resolución del Supremo ha dejado una sensación agridulce en el colectivo que se aglutinó alrededor del centro social. Por un lado, se reconoce la ilegalidad del desalojo, tal y como denunciaron desde La Ingobernable desde el principio. Por otro, no se podrán recuperar las actividades que en ella se desarrollaron. Por ejemplo, durante los preparativos de la huelga feminista que se celebró el 8 de marzo de 2018, así como durante aquella jornada de movilizaciones masivas. O, a otro nivel, las actividades para vecinos y colectivos de la zona, que carece de infraestructuras públicas para ello.
Desde el colectivo La Ingobernable aseguran a elDiario.es que están analizando con el equipo jurídico que les ha acompañado las diferentes opciones que tienen. “La sentencia confirmada deja abierta la puerta a una posible indemnización por daños”, recuerdan en conversación con este medio. “Estamos pensando las posibilidades. Pronto habrá noticias y tomaremos una decisión”, añaden, para ratificar: “Que vamos a responder está claro, y lo haremos pronto”.
Desde el desalojo del edificio, Almeida ha anunciado al menos tres planes diferentes para darle algún tipo de uso. Primero, una cesión para albergar un museo judío a la fundación Hispano-judía, creada ad hoc para este proyecto en 2016 y que tiene como vicepresidente al exalcalde y exministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz Gallardón. Eso ocurrió en 2020. El proyecto fracasó y, ya en 2021, Almeida planteó otra cesión a una fundación privada, la de Patrizia Sandretto. Un año después, tampoco se ha materializado.
Por último, el Consistorio dijo que lo cedería para servicios dotacionales del barrio, una reclamación histórica de los vecinos. La idea era convertirlo en centro de salud y en un espacio con biblioteca, ludoteca y centro de día para mayores. Pero, de momento, no se ha puesto en marcha. elDiario.es ha contactado con el Ayuntamiento de Madrid para recabar su opinión, pero la institución pública ha declinado hacer ninguna declaración.
“Almeida actuó fuera de la legalidad a sabiendas”, apuntan también desde La Ingobernable, que ha intentado prolongar su proyecto en diferentes puntos de la ciudad. Hace un año, por ejemplo, establecieron la llamada Oficina de Derechos Sociales en otro inmueble ocupado en la calle Cruz, 3 también en Madrid. Antes, el Ministerio de Justicia también los había desalojado de otro edificio público deshabitado. El alcalde, abogado del Estado de formación, “utilizó el servicio jurídico del Ayuntamiento con fines partidistas”, acusan. Y lamentan que “las garantías mínimas del Estado de derecho solo existen para unos pocos”.