El Supremo rechaza definitivamente las acusaciones de 'lawfare' de Podemos contra García Castellón

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la inadmisión de la querella que Podemos presentó contra los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Gadea, de la Audiencia Nacional, por abrir investigaciones contra el partido y sus miembros basándose en pruebas como el testimonio de Hugo 'El Pollo' Carvajal. Los jueces reconocen que algunas de las diligencias que García Castellón puso en marcha “excedían” los límites del proceso, pero rechazan que eso lleve automáticamente a poder imputarle un delito de prevaricación: “Este tipo exige algo más. Exige un apartamiento de la función judicial”, dice la Sala de lo Penal.

La formación que preside Ione Belarra decidió llevar a los tribunales al magistrado de la Audiencia Nacional y a su entonces juez de apoyo, Joaquín Gadea, acusándoles de 'lawfare' por resucitar una causa de 2016 contra el partido y sus dirigentes. También por hacerlo apoyándose en las declaraciones del militar venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal, que intentaba por aquel entonces evitar la extradición a Estados Unidos por colaborar con el narcotráfico.

Una causa que, según la Sala de lo Penal, fue una investigación “prospectiva” contra el partido, ordenando su archivo en una ocasión. La querella de Podemos entendía que se trataba de “un caso paradigmático de lawfare al margen de las normas que regulan la competencia judicial, una investigación con el único objeto de perjudicar a Podemos”. Apuntaban también a las filtraciones de “cada hito” de esa investigación hasta que fue archivada.

También atribuían a ambos magistrados revelación de secretos “al permitir conscientemente la filtración de las actuaciones procesales”, y finalmente la omisión de perseguir ese delito por la inacción que les achacan a la hora de combatir las filtraciones de su juzgado.

La querella fue rechazada por primera vez en las últimas semanas del mes de diciembre. El Supremo reconoció que Hugo Carvajal hizo todas esas revelaciones sobre Podemos para “retrasar o evitar su extradición a Estados Unidos”, pero entendió que en ese momento Manuel García Castellón “estaba obligado a investigar y verificar” la veracidad de sus afirmaciones. El magistrado de la Audiencia Nacional y su refuerzo, concluyó la jueza Carmen Lamela, no actuaron “con total apartamiento del principio de legalidad”.

Las diligencias “excedían del ámbito de la investigación”

El partido de Ione Belarra recurrió, y el Supremo, según ha sabido elDiario.es, ha rechazado sus alegaciones, enterrando definitivamente estas acusaciones de 'lawfare' contra el titular del juzgado central de instrucción número seis de la Audiencia Nacional. “La resolución objeto de recurso es ajustada a derecho por lo que procede su total confirmación en atención a sus propios fundamentos”, dice la magistrada Lamela. No ponen en duda el relato de hechos que hace Podemos, pero niega que las decisiones que tomó García Castellón “tengan relevancia penal”.

La causa judicial, denunciaba Podemos, llegó a la Audiencia Nacional a lomos del apócrifo informe PISA y fue archivada en 2016. Cinco años después García Castellón ordenó su reaptertura pero bajo secreto, impidiendo su acceso a las actuaciones. Se decidió que los testigos estarían protegidos, denuncian, “sin motivo alguno” mientras se filtraba información. El único objetivo de todos estos movimientos, según el partido, era “perjudicar a Podemos, sus dirigentes y fundadores”.

El caso fue archivado en junio de 2022, cuando la Sala que supervisa la actividad de los juzgados de la Audiencia Nacional entendió Manuel García Castellón había emprendido una investigación prospectiva contra el partido. El Supremo especifica ahora en un auto que no trata de avalar las diligencias que puso en marcha: eso ya lo hizo la propia Audiencia Nacional y el resultado es que los movimientos de García Castellón “excedían del ámbito subjetivo, objetivo y temporal de la investigación”. “Lógicamente”, dice el Supremo, la Sala puso freno a la causa secreta del juez contra Podemos.

Eso no implica, añade el tribunal, que García Castellón estuviera prevaricando. “Guardaban cierta relación con la investigación, no basta la mera ilegalidad, incluso la declaración de nulidad de una resolución no conlleva por sí mismo la injusticia de esta última a efectos del tipo delictivo que se imputa en la querella. Este tipo exige algo más”. Tampoco consideran que el recurso de Podemos aporte nuevos argumentos sobre la revelación de secretos y confirman la inadmisión de la querella.

El partido de Ione Belarra ha denunciado en los últimos años haber sido víctima de 'lawfare' por parte de algunos jueces que han investigado a la propia formación política o a sus líderes, generando titulares sobre supuestas irregularidades que nunca se han traducido, ni siquiera, en un juicio. Lo han alegado en multitud de ocasiones en relación con Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, pero también en torno a Juan José Escalonilla y su gestión del denominado 'caso Neurona', recientemente archivado después de tres años de pesquisas e imputaciones.