El batacazo de las últimas elecciones generales cerró a Vox la puerta de los recursos masivos ante el Tribunal Constitucional, y el partido de Santiago Abascal giró el timón hacia el Tribunal Supremo, donde acaba de sumar un nuevo fracaso. La Sala de lo Penal, según ha sabido elDiario.es, ha rechazado una denuncia que Vox presentó, entre otros, contra Pedro Sánchez y los líderes de los partidos independentistas por negociar su investidura y una posible ley de amnistía. Los jueces reprochan a la extrema derecha que haya presentado una acción penal prácticamente idéntica a la que ya inadmitieron en febrero.
Vox presentó esta nueva denuncia el pasado 16 de octubre por delitos de conspiración para la rebelión pero también por prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. Una querella que se dirigía contra Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Félix Bolaños así como contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi y los integrantes de la Mesa de Diálogo de Catalunya. Les acusaba de buscar “la subversión del orden constitucional” y “asegurar la impunidad absoluta en caso de ejecutar la separación de Cataluña del resto de España”.
La denuncia de Vox reconocía que ya habían presentado otra similar el año pasado, pero que había cosas nuevas que investigar: reuniones entre PSOE y EH Bildu, el “compromiso del PSOE de sacar adelante una ley de amnistía para los encausados del procés independentista catalán” y las reuniones de Yolanda Díaz y dirigentes del PSOE con los independentistas catalanes.
El documento fue interpuesto un mes antes de que Sánchez fuera investido Presidente del Gobierno con 179 votos a favor y antes también de la futura ley de amnistía fuera registrada en la cámara baja, por lo que la respuesta del Supremo sobre ese aspecto es limitada: el contenido de esas negociaciones “se desconoce”, afirma el auto, y decidir si son o no ilegales es algo que “rebasa” las competencias del tribunal.
Sobre el resto de acusaciones, los jueces reprochan al partido de extrema derecha que haya impulsado una denuncia exactamente igual a la que elaboró hace un año y que ya fue rechazada por la Sala de lo Penal, aunque en público los de Abascal lo presentaran como una “ampliación” de la anterior. “La denuncia se funda básicamente en idénticos hechos”, dicen los jueces para remitirse a su auto del pasado mes de febrero.
En ese auto, los mismos jueces fueron claros al acusar a Vox de plantear un delito de conspiración contra la rebelión contra el Presidente basándose en conjeturas y tratando de combatir por lo penal la política gubernamental. “No existe base alguna, mínimamente sólida”, dijo entonces el Supremo, para sostener una acusación por conspirar para la rebelión.
Rechazada cuatro días antes
El auto con el que el Supremo rechazó esta denuncia fue firmado el pasado 10 de noviembre. Cuatro días antes de que Santiago Abascal y la plana mayor de Vox compareciera en el Tribunal Supremo para anunciar una nueva querella contra Sánchez por cohecho y pedir, sin éxito, que los debates de investidura fueran suspendidos de forma urgente. En esa comparecencia, el líder de Vox depositó su “confianza” en el Supremo pero omitió decir que, unos días antes, ese mismo tribunal había rechazado una denuncia similar.
El Tribunal Supremo todavía tiene que decidir si admite o no a trámite esta querella impulsada por la extrema derecha para analizar por lo penal la investidura del Presidente del Gobierno. La Fiscalía, según ha sabido este periódico, prepara un informe para solicitar su rechazo, como en ocasiones anteriores. Lo que no aceptó el Supremo fue la petición de Vox de suspender el debate de investidura de Sánchez de forma cautelarísima, sin ni siquiera dar traslado a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para que se pronunciaran.
El partido de extrema derecha se ha encontrado en los últimos meses sin una de sus mayores armas electorales: los recursos ante el Constitucional. Después de varios años presentando decenas de alegaciones contra leyes y normativas del Gobierno, Vox perdió la capacidad de presentar esos pleitos ante el tribunal de garantías al bajar de la barrera de los 50 diputados o senadores.
Sus últimas acciones, por una vía penal que ya exploró sin éxito para impugnar la gestión de la pandemia, se han dirigido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Un departamento dirigido por Manuel Marchena ante el que Vox acumula una serie de sonoras derrotas en su intento de trasladar contiendas políticas al terreno penal: contra Pedro Sánchez pero también contra Irene Montero o Ione Belarra.
El partido, como en este último caso que desvela elDiario.es, suele optar por el silencio y por no hacer públicos sus múltiples fracasos penales.