La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolverá la próxima semana los tres recursos pendientes que provocaron la suspensión cautelar de la exhumación de los restos de Francisco Franco, según fuentes del Alto Tribunal.
La familia de Franco ha pedido una aclaración a la sentencia que resolvió la pasada semana el primero de los cuatro recursos, lo que también tendrá respuesta de los jueces a lo largo de la próxima semana. Este es el motivo por el que la aclaración solicitada por la familia no se convertirá en la cuestión nuclear sobre un posible nuevo retraso en el traslado de los restos del dictador.
Los tres recursos pendientes de resolución son los del prior del Valle de los Caídos, la Fundación Franco y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. El Tribunal Supremo ha resuelto en primer lugar el presentado por la familia porque es el más complejo y el fallo de éste debía incluir a dónde es trasladado el cadáver.
La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desestimó por unanimidad la semana pasada la totalidad del recurso interpuesto por los familiares del dictador ante el acuerdo del Consejo de Ministros que fijaba para el 10 de junio la exhumación de Franco y su posterior reinhumación en el cementerio de Mingorrubio, ubicado en el madrileño barrio de El Pardo, como proponía el Gobierno.
Los jueces no apreciaron arbitrariedad ni desproporción en la decisión del Ejecutivo de sacar los restos del Valle de los Caídos y remarcaron que la exhumación no lesiona el derecho de los familiares a elegir el destino de los restos, pues este es un derecho que no es absoluto y que “puede ser limitado por razones de interés público”. “No forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal y familiar tener siempre la última palabra sobre el lugar de sepultura de los parientes”, señala el fallo.
El Alto Tribunal también consideró justificada la oposición del Gobierno a llevar los restos del dictador a la catedral de La Almudena, ubicada en pleno centro de Madrid, como pretendían sus descendientes, no sólo por razones de seguridad sino por la significación de la figura del dictador.
El aval del Supremo da vía libre al Gobierno para cumplir una de las promesas que hizo Pedro Sánchez al ganar la moción de censura y puso fin a quince meses de enfrentamientos legales en los que los Franco han intentado truncar los planes de sacar el cadáver de Franco del conjunto monumental. El Valle de los Caídos está financiado por el Estado, es de titularidad y pública y, hasta ahora, aloja al dictador junto a miles de sus víctimas. La ley de Memoria Histórica prevé que ese monumento se convierta en un espacio de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.