La sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha suspendido por segunda vez el juicio a los 35 acusados de pertenecer a ETA a través de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV, que estaba previsto empezara mañana, al haber renunciado una de las abogadas defensoras a la representación de seis acusados.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Sala ha decidido aplazar el señalamiento del juicio para dar traslado a las partes de la petición que han formulado hoy estos seis acusados, que han planteado al tribunal retrasar el comienzo de la vista oral hasta que consigan una nueva representación letrada.
Además, han pedido a la sección segunda que tenga también en cuenta, al fijar una nueva fecha para el inicio del juicio, que el nuevo abogado necesitará tiempo para instruirse de esta causa y poder ejercer convenientemente la defensa.
La abogada que ha decidido no seguir representándoles es Haizea Ziluaga una de las tres letradas defensoras en este juicio que fueron detenidas el pasado 12 enero en la operación contra el “frente de cárceles” de ETA, lo que ya motivó la suspensión de la vista oral, que estaba prevista comenzara el mismo día en que se produjeron las detenciones.
Tras esa suspensión y al quedar al día siguiente en libertad esas tres letradas, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar estos hechos, volvió a fijar para el jueves 29 de enero el inicio de la vista oral.
Entre los 35 procesados, que se enfrentan a una petición del fiscal de 10 años de cárcel por integración en organización terrorista, destacan históricos dirigentes de la izquierda abertzale como Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.
También figuran entre los acusados las exparlamentarias vascas del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, así como la exalcaldesa de Arrasate Ino Galparsoro (ANV).
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación absoluta por integración en ETA para los 35 encausados en este sumario (4/08), además de reclamar que se declare la ilicitud y disolución de PCTV y ANV, formaciones que ya fueron ilegalizadas y canceladas sus inscripciones en el registro de Partidos Políticos por la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo.
El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía sitúa desde octubre de 2005 hasta 2009 el período referente a la renovación del entramado institucional de ETA-Batasuna y recoge que la “colaboración” entre la formación ilegalizada y ANV “se compró” en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que rechazaron la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna o de cualquier partido que se hiciera “en base a la legalidad española”.
Para el Ministerio Público, la “instrumentalización” de ANV se acreditó en la “sumisión” de esta formación en su actuación política a las directrices marcadas por Batasuna y en la existencia de un sistema de tesorería común o caja única entre la formación ilegalizada, ANV y PCTV.