La suspensión judicial de visitas en casos de posible violencia machista se duplicó el año pasado por la 'Ley Rhodes'

Los datos de la violencia machista en nuestro país vuelven a los niveles que tenían antes de la pandemia de coronavirus. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público su informe anual relativo a los datos registrados en 2021 por juzgados y tribunales con un aumento de las denuncias y un ligero descenso de las medidas de protección acordadas. Los datos también reflejan la incidencia que ha tenido la nueva Ley de Protección a la Infancia, que desde mediados del año pasado permite suspender el régimen de visitas si existe una orden de protección o indicios de que los hijos han presenciado o sufrido violencia machista. La suspensión del régimen de visitas ha aumentado un 137% con respecto a 2020.

Este es el aspecto que el propio Consejo considera “más significativo”. El cambio de esta Ley de Protección a la Infancia, bautizada en su momento como 'Ley Rhodes', tenía especial incidencia en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: los jueces podían suspender el régimen de visitas si existía una orden de protección penal e “indicios fundados” de que los menores afectados “hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia machista.

Esos jueces, según revela ahora el CGPJ, suspendieron 847 regímenes de visitas en 2020 y en 2021 fueron un total de 2008, lo que supone un incremento de 137% en casos en los que la Justicia encontró riesgo para los menores. También aumentaron las medidas civiles en las que se suspendió la guarda y custodia de uno de los progenitores y los juzgados de violencia machista acordaron 212 medidas específicas de protección del menor.

Desde el órgano de gobierno de los jueces y su Observatorio, la presidenta Ángeles Carmona valora positivamente las estadísticas derivadas de la entrada en vigor de esta Ley aprobada a mediados del año pasado. Estos datos, según sus declaraciones remitidas por el Consejo, “ponen de manifiesto la mayor protección de la que gozan los hijos e hijas de las víctimas de violencia machista tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia”. En un año en el que 7 menores fueron asesinados en casos de violencia machista, dice Carmona, estos datos son “muy positivos”.

El resto de estadísticas también reflejan cómo, después del primer año de pandemia con el confinamiento estricto, los datos de violencia machista se vuelven a acercar a los de 2019 en varios de sus parámetros. Por ejemplo la Justicia registró 162.848 denuncias, un 8% más que en 2020 y muy cerca de las 168.057 registradas en 2019. El porcentaje de sentencias condenatorias se ubica en el 75,02% el año pasado, cinco puntos por encima del dato de 2019 y un máximo histórico desde que hay datos. También se han dictado más sentencias (54.218) que en 2019 (51.790).

Aumentó ligeramente el número de órdenes de protección adoptadas por los juzgados, un total de 31.212 que supone un 2,4% más que en 2020. Las órdenes de protección adoptadas suponen siete de cada diez órdenes solicitadas (71,36 %), un porcentaje muy similar al de 2020, en el que las órdenes de protección acordadas representaron el 71,48 por ciento del total de las incoadas, según el CGPJ.

Otro dato importante que el CGPJ registra anualmente es el de la dispensa, mujeres que se acogen a la Ley para no declarar contra sus parejas o exparejas y que en muchos casos se traduce en el archivo del caso antes de llegar a juicio. El año pasado fueron 15.720 mujeres, lo que supone un porcentaje de 9,86% en relación con las 159.352 víctimas registradas en 2021. El dato de dispensa supone un descenso con respecto a 2020 en medio punto. El dato de las mujeres víctimas supone un aumento de más del 9% con respecto a las 145.731 registradas en 2020.