La reciente dimisión de Mercè Pigem, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la que sorprendieron con 9.500 euros en efectivo en la frontera con Andorra, presumiblemente llevará hasta el máximo órgano de gobierno de los jueces a un imputado, acusado de un delito de falsedad de documento público. Se trata de Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, un jurista conservador que fue propuesto por el PP y votado por el Senado como primer suplente en los nombramientos de esta cámara para el Poder Judicial por el turno de juristas, el mismo por el que fue elegida Pigem.
Álvarez-Buylla es el decano del Colegio de Procuradores de Madrid y se enfrenta –junto al secretario del Colegio de Procuradores, Ramiro Reynolds Martínez– a un proceso penal que actualmente está llevando el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid. La Asociación Nacional para la Defensa del Procurador (ANDP) se querelló contra ambos por manipular el estatuto del Colegio de Procuradores.
Según la querella, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el texto que los procuradores madrileños aprobaron en una junta general no coincide con el que, días después, fue inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La segunda versión, dice la querella, modificó un artículo que afecta a las cuotas que los procuradores tienen que pagar al Colegio.
Según la ANDP, la nueva redacción añadió un párrafo sobre el texto que había aprobado la Junta General, estableciendo una especie de cuotas variables que dependen de lo que gane cada procurador. Este cambio ha elevado en gran medida estas cuotas, que anualmente suponen alrededor de cuatro millones de euros. Desde que ese nuevo estatuto está en vigor, varios procuradores han sido también expulsados del Colegio por negarse a pagar.
La querella fue presentada el 14 de junio de 2013 y, en un primer momento, fue sobreseída por el Juzgado de Instrucción número 30. Sin embargo, la Asociación para la Defensa del Procurador recurrió la decisión y la Audiencia Provincial de Madrid falló a su favor. Hace unos meses, el 20 de marzo, la Audiencia Provincial ordenó en un auto la reapertura de la investigación y “la declaración de los querellados en calidad de imputados”, a pesar de que la Fiscalía se oponía.
El auto es muy contundente y en él la Audiencia Provincial llega a asegurar que “los hechos imputados en la querella revisten los caracteres de un delito de falsedad en documento puÌblico previsto y penado en el artiÌculo 390.3” del CoÌdigo Penal. Dicho artículo conlleva penas de tres a seis años de prisión.
Si el imputado Antonio María Álvarez-Buylla acaba finalmente como nuevo vocal del CGPJ, su caso pasaría al Tribunal Supremo porque se convertiría en aforado.
La salida de Mercè Pigem, y su probable sustitución por Álvarez-Buylla, ha alterado también el equilibrio de fuerzas en el Poder Judicial. Pigem, propuesta por CiU, formaba parte de la Comisión Permanente: el órgano donde se toman las decisiones más importantes. Desde CiU, se ha insinuado que la filtración a la prensa de que había sido sorprendida con 9.500 euros en la frontera responde a otros motivos. “No todo el mundo que viaja a Andorra al cabo de cinco minutos se encuentra una noticia en un periódico”, ha asegurado Jordi Turull, portavoz de CiU en el Parlament catalán.
La Comisión Permanente del CGPJ, de la que sale Pigem, tendrá que decidir en las próximas semanas sobre la continuidad de Pablo Ruz al frente del Juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, donde se instruyen los delicados sumarios de los casos Gürtel y Bárcenas. Antes de la salida de Pigem, los magistrados nombrados por el PP tenían la mayoría, pero solo por el voto de calidad –que cuenta como dos en caso de empate– del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.
Con la dimisión de Pigem y su probable sustitución por Álvarez-Buylla, los magistrados nombrados por el PP tendrán una mayoría mucho más holgada y no será necesario usar el voto de calidad de Lesmes para decidir el futuro del juez Ruz y el caso Bárcenas.