El teléfono de Pedro Sánchez fue espiado horas después del comienzo de la crisis migratoria de Ceuta

El teléfono de Pedro Sánchez fue infectado por el programa Pegasus poco después de que arrancara la crisis migratoria de la frontera de Ceuta en mayo de 2021. El auto del juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, abre diligencias y refleja por primera vez la fecha exacta en la que el teléfono del presidente del Gobierno fue infectado, según los informes que maneja el Centro Criptológico Nacional: por primera vez el miércoles 19 de mayo y por segunda vez el 31 de mayo de 2021. Es decir, poco después de que empezara la crisis migratoria de la frontera marroquí de Ceuta y poco antes de que Brahim Ghali, del Frente Polisario, abandonara el país.

Esa primera infección del móvil de Sánchez fue la que también se tradujo en un mayor robo de información. El primer ataque supuso una sustracción de 2,6 gigas de información del teléfono del presidente del Gobierno. El segundo supuso la sustracción de 130 megas. En el caso de Margarita Robles, fueron nueve megas.

La entrada masiva de personas a través de la frontera de Ceuta empezó el 17 de mayo de 2021. Esos días, miles de personas entraron en el país de forma irregular en lo que el Gobierno en marcó en una represalia de Rabat por el 'caso Ghali'. Unas pocas semanas antes el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, había llegado a Zaragoza y había sido hospitalizado en Logroño para ser tratado de un cuadro grave de COVID-19. El segundo pinchazo, fechado el 31 de mayo, ocurrió un día antes de que Ghali abandonara el país desde el aeropuerto de Pamplona.

El auto del juez Calama refleja que el primer pinchazo del móvil de Pedro Sánchez con el programa de espionaje Pegasus fue menos de dos días después. El segundo fue el 31 de mayo. El contenido de los informes que refleja el auto no especifica, sin embargo, en qué día de junio de ese año fue atacado el teléfono de la ministra de Defensa.

Revelación de secretos

Este martes el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha anunciado la apertura de una investigación por un delito de revelación de secretos, ha tenido por personada a la Abogacía del Estado y ha preguntado a la Fiscalía por las diligencias que debe poner en marcha. Fue el ejecutivo el que interpuso ayer una denuncia por el ataque a ambos terminales telefónicos aportando, además, el informe del Centro Criptológico Nacional del que el magistrado extrae el dato del día concreto en que se produjo la infección con Pegasus.

El juez entiende que unos hechos así pueden constituir un delito de revelación de secretos que, además, afecta a altos organismos de la nación: el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa.