Tercera condena del Supremo por estafa al abogado que denunció al Gobierno por el 8M

Víctor Valladares, el abogado encarcelado que en 2020 denunció al Gobierno por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo a las puertas del estado de alarma, acaba de recibir su tercera condena firme de cárcel por parte del Tribunal Supremo. Los jueces de la sala de lo penal han avalado los dos años de cárcel que los tribunales madrileños le impusieron por estafar al dueño de una discoteca de la capital que quería demandar a Televisión Española por un reportaje sobre el ruido de su local. Esta condena, ahora confirmada, le fue impuesta el 11 de marzo de 2020, dos semanas antes de llevar al ejecutivo central ante la Justicia por el 8-M.

Como en otros casos relacionados con las estafas de este letrado, el afectado llegó a Valladares a través de conocidos y decidió contratar sus servicios como abogado. Dueño de la empresa Eventos e Iniciativas Hosteleras, pretendía llevar a los tribunales a RTVE por un reportaje sobre el ruido en los bares emitido en el programa 'El Teleobjetivo'. Uno de los primeros locales que aparecían en el reportaje, entre quejas de los vecinos, era su discoteca 'Bucca', en la calle Juan Ramón Jiménez del distrito de Chamartín.

Valladares se comprometió a llevar su pleito y llevó a su mesa todo tipo de documentos sobre un proceso judicial que ni siquiera se había llegado a abrir. Una copia de la demanda, una copia del acto de conciliación previo a la interposición de la querella e, incluso, un falso acuerdo en el que había conseguido que RTVE aceptara indemnizar al empresario con casi 200.000 euros y un justificante de la transferencia.

Esos documentos no se correspondían con ningún proceso judicial abierto pero sí sirvieron para que Valladares, según la Justicia, se quedara con 2.095 euros de su cliente. Un dinero que el hostelero pagó para abonar los servicios de una supuesta procuradora que no existía y que acabó en el bolsillo del estafador.

Los jueces de la sala de lo penal confirman esta condena de dos años de cárcel, la tercera firme que sale del Tribunal Supremo al historial delictivo de Valladares. Los hechos que se declaran probados, dice el Supremo, “reflejan una actuación engañosa que determinó un desplazamiento patrimonial a favor del recurrente”, un total de 2.095 euros. Hizo creer al afectado que “había emprendido las acciones correspondientes al asunto que le había sido encomendado” cuando era mentira, causándole un “perjuicio evidente”. 

Víctor Valladares, tal y como explicó elDiario.es, ingresó recientemente en la prisión madrileña de Soto del Real. Un encarcelamiento que llega mientras se enfrenta a más procedimientos por estafar a clientes y después de haber sido condenado y sancionado en media docena de ocasiones.

Esta condena que ahora confirma el Tribunal Supremo llegó el 11 de marzo de 2020, dos semanas antes de que Valladares publicitara la denuncia que había presentado contra el Gobierno tanto en los juzgados de Madrid como en el Tribunal Supremo. Una denuncia que acusaba a la administración de haber permitido las manifestaciones feministas masivas del 8 de marzo de 2020 –tres días antes de su condena– a pesar de saber ya entonces el riesgo que suponían estas grandes concentraciones en cuanto a la propagación del COVID.

Pocos días después el letrado publicitaba su denuncia, así como la creación de una asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus de la que nunca se volvió a saber más, ocultando que acababa de ser condenado por estafar a clientes por cobrar por servicios que no prestaba mientras presumía de contar con el apoyo de miles de personas. La causa del 8M se terminó archivando sin que Valladares consiguiera personarse en las actuaciones.

Esta condena por estafar a un cliente supone la tercera sentencia declarada firme por el Tribunal Supremo y su sala de lo penal para este abogado gallego. Una por quedarse con 13.000 euros de una mujer que le encargó varias acciones judiciales que nunca puso en marcha, y otra por falsificar documentos y engañar a un matrimonio de afectados por cláusulas suelo. Tiene otras condenas que todavía no han sido declaradas firmes. Una, por ejemplo, por estafar a su propia suegra.