Un tercio de los senadores del PP no ha presentado su declaración de actividades

Un años después de que Pedro Sánchez convocara elecciones generales, un tercio de los senadores del PP no tiene su declaración de actividades visada por la Comisión de Incompatibilidades. El proceso es obligatorio y no lo han concluido por el momento 46 de los 143 representantes del partido de Alberto Núñez Feijóo, según los datos oficiales que recoge la web de la Cámara Alta. Entre los que han eludido por ahora las exigencias legales de transparencia están el ‘número dos’ del grupo parlamentario, Javier Arenas, o la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano. El PP se escuda en “retrasos administrativos”. Y aprovecha para atacar a la esposa de Pedro Sánchez.

En la misma lista que Serrano o Arenas, según la información oficial recabada por elDiario.es, están el expresidente de la Diputación de Ourense José Manuel Baltar, pendiente de juicio por conducir a 215 kilómetros por hora; el presidente de la comisión de investigación en la que amagan con citar a Pedro Sánchez por los negocios de su esposa, Eloy Suárez Lamata; el portavoz adjunto, Alejo Miranda de Larra; quien fuera vicepresidente de la Generalitat con Francisco Camps, Gerardo Camps Devesa; o la cordobesa Lorena Guerra, que alardea en Instagram de su trabajo como agricultora, pero del que no ha informado a la Cámara Alta.

Otros nombres destacados son el del exconsejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, el gallego José Manuel Rey Varela o el portavoz del PP en la comisión de investigación por el ‘caso Koldo’, Luis Santamaría.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el PP para preguntar por las declaraciones que fallan. Fuentes del grupo parlamentario sostienen que “se requirió información a todos los senadores, y a día de hoy no llegan ni a diez los que faltan por completar toda la información”. Sobre por qué esas declaraciones no están formalmente aprobadas por la Comisión de Incompatibilidades, que preside José Antonio Monago, el PP asegura: “Se trata de retrasos administrativos en algún documento o alguna información complementaria que hemos pedido recientemente. En ningún caso se trata de ningún senador que haga trabajos de lobby”. 

No solo hay ausencias en el PP en las declaraciones de actividades de los senadores. Otros partidos tampoco están al día en sus obligaciones parlamentarias. Por ejemplo, dos de los tres senadores de Vox, Fernando Carbonell y Paloma Gómez, incumplen de momento con la transparencia en sus actividades. De UPN, María Mar Caballero. De Junts, María Teresa Pallarés. O Aniceto Javier Armas, de la Agrupación Herreña Independiente. 

Incompatibilidades públicas y privadas

Diversas leyes obligan a los cargos electos a informar de sus actividades profesionales ajenas al Senado para detectar posibles casos de incompatibilidad. Desde la propia Constitución, que advierte de que no se pueden acumular actas de diputado y senador, por ejemplo, a la del Régimen Electoral, que amplía la definición y establece de forma pormenorizada los casos.

Así, por ejemplo, es incompatible ser senador (o diputado) con ser alto cargo del Gobierno o directivo de una empresa, ya sea pública o privada “con participación pública mayoritaria, directa o indirecta”, salvo que sean expresamente elegidos por las propias cámaras para ocupar dicho puesto. Hay más casos de incompatibilidades de cargos públicos o relacionados con lo público. Pero no solo. 

La ley amplía al ámbito privado remunerado. “El mandato de los Diputados y Senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma”, apunta el artículo 157 de la ley electoral. Y sigue el texto: “Es incompatible con el ejercicio de la Función Pública y con el desempeño de cualquier otro puesto que figure al servicio o en los Presupuestos” así como en empresas, entes u organismos “con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta de los mismos”.

La norma desgrana todas las incompatibilidades en el ámbito público y privado. Pero hay actividades que son simultaneables, o que la ley levanta expresamente como caso de incompatibilidad. Por ejemplo, “los parlamentarios que reúnan la condición de Profesores Universitarios podrán colaborar, en el seno de la propia Universidad, en actividades de docencia o investigación de carácter extraordinario”. Eso sí, con una remuneración tasada: “las indemnizaciones reglamentarias establecidas”.

O “la mera administración del patrimonio personal o familiar”, con limitaciones para operar con organismos públicos. También se exime de incompatibilidad “la producción y creación literaria, científica, artística o técnica” y otras actividades privadas no expresamente prohibidas “previa petición expresa de los interesados”.

Obligación de presentar la declaración de actividades

Para poder ordenar y controlar las actividades de sus integrantes, las cámaras tienen una comisión de incompatibilidades, cuyas deliberaciones son de carácter secreto. Los diputados y senadores tienen la obligación de presentar una “declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad”, además de las declaraciones de bienes y rentas.

Los cargos electos reciben al asumir su condición la documentación para informar de sus actividades al ser elegidos, y tienen la asistencia de un letrado de la cámara para rellenarlo. 

Según el Reglamento del Senado, “la Comisión de Incompatibilidades emitirá, a la mayor brevedad, dictamen sobre la situación de cada uno de los senadores”. Es decir, todos los senadores, sean electos o por designación de los respectivos parlamentos autonómicos, deben presentar su declaración aunque sea vacía porque no tienen nada que expresar.

Hasta hoy, la Comisión de Incompatibilidades del Senado ha aprobado dos dictámenes en los que valida las actividades para las que se ha solicitado permiso. Ambos han sido aprobados por el Pleno (en sesión secreta, también). El segundo, el pasado 14 de mayo.

La “mujer” de Sánchez como excusa

Aquel día, el Pleno debatió el dictamen, a puerta cerrada como es habitual. Pero en la web del Senado se recoge el intercambio de posiciones entre los portavoces de los grupos. Y el PP recurrió a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, para atacar al PSOE e intentar desviar la atención de sus incumplimientos.

El encargado de defender la posición del PP fue el senador Miguel Ángel de la Rosa, quien primero aludió a un “cambio del letrado de la comisión” para justificar la ausencia de un tercio de las declaraciones de sus compañeros. El cambio no ha afectado a los demás.

Inmediatamente, De la Rosa espetó: “La mujer del presidente del Gobierno tiene que dar ejemplo, tiene que empezar por ahí, porque es una ciudadana española”. La idea la reiteró ante las críticas del senador socialista Adolfo Lander: “El ciudadano está viendo que la Moncloa está siendo investigada por corrupción y ahora resulta que viene el PSOE a dar lecciones en la Comisión de Incompatibilidades”.

Pero no solo fue el senador. La respuesta oficial del PP también alude a los supuestos negocios irregulares de Begoña Gómez que investiga un juez de Madrid. A preguntas de elDiario.es, desde la dirección del grupo se concluye: “No hay nadie que trabaje para el Africa Center a la vez que ostente la condición de senador. Tampoco nos constan cartas de recomendación a empresarios por parte de senadores”. 

El precedente de Feijóo

En la pasada legislatura se produjo otro caso de falta de transparencia y de cumplimento de la ley en el Senado, y en el que estaba directamente implicado Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP evitó declarar el sueldo que le pagaba como presidente del partido. No lo hizo en su página web (como le obliga la ley de transparencia), pero tampoco ante las Cortes Generales.

La norma establece que los senadores y diputados deben informar de los ingresos ajenos a su cargo público. Y, entre estos emolumentos a declarar, están los sueldos como dirigentes políticos. No son ilegales ni incompatibles por sí mismos, depende del concepto por el que se perciban. Pero sí hay obligación de informar sobre ellos.

Feijóo ocultó durante 2022 y 2023 su sobresueldo como líder del PP de forma deliberada durante meses. El entonces presidente del Senado, Ander Gil, le mandó un requerimiento para que informara de la cantidad, después de que el propio Feijóo reconociera en una entrevista que existía dicho segundo sueldo, además de los 70.000 euros anuales que percibió como senador, aunque ocultó datos fundamentales sobre dichos ingresos.

elDiario.es desveló en agosto de 2023 la cantidad real que cobró Feijóo del PP en nueve meses de 2022: 71.110 euros.