La tele que paga Castilla y León a dos constructores: manipulación, despidos arbitrarios y sueldos de menos de mil euros

En la tele de Castilla y León (RTVCyL), ese canal regional propiedad de los constructores José Luis Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo que el Gobierno de Juan Vicente Herrera riega con millones de euros públicos -las últimas partidas anuales van de los 18 millones a los 25-, es difícil ver al presidente de espaldas. Tiene que ver con las directrices políticas que se dan a los trabajadores del canal, y que llevaron a que sus programas e informativos ignorasen la detención de Ulibarri y de su mano derecha y presidente de la televisión, Miguel Hernán Manovel, en la Operación Enredadera.

En las informaciones de la tele regional no se enfoca desde atrás o desde arriba al presidente Herrera para evitar que los espectadores comprueben su incipiente calvicie. La instrucción, que ha causado perplejidad entre técnicos y redactores, forma parte de las normas de estilo de los diarios del conglomerado Promecal (Méndez Pozo) y de Edigrup que preside su otro rival, Ulibarri. Las directrices en el canal autonómico, que se nutre fundamentalmente de fondos públicos, rozan la caricatura, según cuentan los pocos trabajadores que acceden a hablar siempre que se garantice su anonimato, vistos los precedentes de despidos a trabajadores críticos.

Para entender la política informativa de la tele, ni pública ni del todo privada, hay que regresar a sus orígenes. El canal logró unir a dos de los empresarios más poderosos de la región, rivales irreconciliables hasta que el Gobierno de Castilla y León decidió asociarlos para sacar adelante un canal autonómico que sirviera de altavoz a sus políticas y de paso contribuyese a subrayar la identidad castellano-leonesa con información cercana al espectador. Ulibarri y Méndez Pozo tienen cada uno la mitad de las acciones. Ambos tienen o han tenido causas en la Justicia. El topoderoso Méndez Pozo fue el único condenado en el Caso de la Construcción de Burgos. Le cayeron siete años de prisión de los que finalmente cumplió 9 meses. 

“No había obstáculo por importante que este fuese que pudiese impedir al señor Méndez Pozo convencer” a concejales del Ayuntamiento de Burgos y al alcalde José María Peña -indultado en 2001- “para que resolviesen, en sus expedientes, conforme a sus intereses (…) contrariando de forma clara y manifiesta la legalidad vigente, con plena consciencia de que lo hacían”, escribieron los magistrados de la Audiencia Provincial de Burgos en una sentencia posteriormente ratificada por el Supremo.

Ulibarri, acusado en Gürtel

La otra mitad de la RTVCyL es de José Luis Ulibarri, acusado en Gürtel con una petición de 7 años de prisión, y encarcelado hace unas semanas por la Operación Enredadera. Los dos tienen una larga relación con el Partido Popular. Su unión para conseguir la concesión de la TDT de la Junta fue propiciada por el propio Ejecutivo que logró asociar a dos constructores irreconciliables que hasta entonces se habían cruzado acusaciones muy graves en sus respectivos medios de comunicación.

El entendimiento entre ambos era la única manera de que la tele acabase en manos de empresarios de la Comunidad y de que ninguno de los dos emprendiese una campaña demoledora si quedaba fuera. Desde entonces entre la plantilla impera el régimen del terror. Ninguno de los empleados con los que ha hablado eldiario.es quiere que se revele su identidad: en Castilla y León apenas hay periodistas que no trabajen o hayan trabajado para Méndez Pozo o Ulibarri.

En la televisión autonómica el sueldo de los redactores no llega a 1.000 euros, las jornadas se alargan por encima de lo firmado, y las represalias contra quien osa salirse de las líneas marcadas pasan por el despido. Algunas rescisiones de contratos, cuenta un trabajador, han rebasado todas las líneas rojas.

Uno de sus directivos acostumbra a decir a los trabajadores, más habitualmente a las trabajadoras, que son “feas” y no sirven para ese “gran proyecto”, que le viene “grande”. “Sal discretamente”, se pide a los empleados a los que se les comunica el fin de la relación laboral. Ese es el modo de solventar los despidos en silencio, sin polémicas ni pancartas. Los despedidos abandonan la empresa como si fuesen a regresar al día siguiente a su puesto de trabajo. Otras veces, se les comunica la baja fuera de la sede de trabajo, con un café en un bar.

“te hacen saber que lo que has hecho está mal”

“No nos dicen 'esto no lo hagas', simplemente te hacen saber que lo que has hecho está mal y a partir de ese momento, caes en desgracia”, cuenta otro trabajador. A menudo esa presión soterrada, sutil, deriva hacia la autocensura. Ninguna información puede cuestionar a la Junta de Castilla y León. El control llega al esperpento de no poder grabar desde atrás a Juan Vicente Herrera. Y todo esto en un ente que recibe entre 18 y 25 millones de euros al año de la Junta de Castilla y León y que tiene entre sus objetivos el fomento de la igualdad.

Eso en el papel porque sobre el día a día mandan los hombres. Son ellos quienes copan los puestos directivos y ese sesgo llega también a las tertulias políticas que se emiten. Lo denunció la procuradora de Podemos en las Cortes, Natalia del Barrio, en la segunda jornada del debate del Estado de la Comunidad: “Su televisión, Televisión Castilla y León, la que paga la Junta de Castilla y León, ayer por la noche, en el post debate, tenía a cinco señoros, con nuestro dinero público, como si no hubiese periodistas mujeres en Castilla y León que fueran a poder analizar el debate, y ustedes lo siguen pagando”, dijo desde el atril dirigiéndose a los bancos del Gobierno regional.

Lo que trasladaron posteriormente a Del Barrio los directivos de RTVCyL es que es “difícil” contactar con mujeres que quieran ir a las tertulias y recordaron además que la mayoría de los directores de medios “son hombres”. “Lo que habrá que hacer, entonces, es no apostar sólo por directores, y sí por periodistas mujeres”, defiende Del Barrio.

El Gobierno de Herrera explica a eldiario.es que “la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, compuesta por la Junta de Castilla y León y todos los grupos parlamentarios, aprobó por unanimidad la última auditoría de contenidos difundidos por RTVCyL durante el año 2017. En dicha auditoría se realiza un análisis pormenorizado de cuestiones como la igualdad de género; a este respecto, y de manera literal, el informe reflejaba la siguiente valoración: La igualdad de género ha sido tratada en más de medio centenar de noticias en CyLTV Noticias y en una veintena de debates y tertulias del programa Vamos a ver; además ha sido parte protagonista del programa Nuestras Cortes en una decena de ocasiones. Durante cinco meses, la igualdad laboral entre hombres y mujeres ha sido tratada específicamente en el programa Empléate en Castilla y León”.

“Es importante recalcar que las producciones realizadas por RTVCyL están planteadas desde la perspectiva de género, evitando contenidos sexistas y utilizando un lenguaje inclusivo. Respecto a la difusión de la igualdad entre hombres y mujeres, la cadena CyL7 ha aplicado escrupulosamente un tratamiento impecable siguiendo en todo momento un comportamiento ético y sobresaliente desde el punto de vista deontológico”, continúa. Ni una palabra sobre las tertulias monopolizadas por hombres ni sobre cómo son ellos los que hacen carrera en los puestos directivos.

Sin interés por las protestas de los trabajadores

La Junta tampoco demostró gran interés por la situación de los trabajadores, que hicieron ruido en 2016, con paros parciales y protestas ante las Cortes de Castilla y León “por un salario digno”. Tenían el sueldo congelado desde 2011. Todos los grupos políticos, a excepción del PP, escucharon sus demandas y algún diputado como José Sarrión, de IU-Equo, aprovechó para recordar en el Pleno lo que ocurría con los empleados del canal que se manifestaban en el exterior.

Luis Fuentes, de Ciudadanos, intervino con una pegatina de apoyo hasta que la presidenta de las Cortes le indicó que se la quitase, por incumplir el reglamento.

Dentro de la empresa, la amenaza a los díscolos fue expresa con carteles en los tablones en los que se advertía sobre las consecuencias de que apareciese en pantalla cualquier rastro de la reivindicación laboral.

La protesta se llevó también a la fiesta de la Comunidad, en Villalar de los Comuneros. El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, vio a los huelguistas con carteles y camisetas rojas (color corporativo de RTVCyL) y pasó de largo preguntando a una de sus consejeras: “¿y a estos qué les pasa?”. Se intentó bloquear el paso a los manifestantes, pero lograron comunicarle su situación. “Lo tendréis que arreglar con la empresa”, fue su escueta respuesta. El convenio se desbloqueó meses después, con un aumento salarial de 35 euros al mes en 2016 y de 30 en los dos siguientes.

José Sarrión, diputado de IU-Equo, considera que la situación es insostenible: “La televisión se encuentra en manos de dos empresarios históricamente vinculados al PP de Castilla y León, uno condenado y el otro a punto de serlo, que a pesar de beneficiarse de una importante subvención pública, incumplen sistemáticamente el convenio laboral de sus trabajadores, que son quienes acaban pagando el pato”.

“Desde IU apostamos por modelos de televisión pública y en este caso habría de desarrollarse buscando fórmulas que permitan un futuro laboral a la plantilla actual de trabajadores de Edigrup y de Promecal, que no tienen culpa alguna de este modelo. En todo caso, el modelo general de relaciones entre la Junta y los medios debe ser revisado y se tiene que replantear completamente, empezando por el establecimiento de criterios objetivos de reparto que eviten la discrecionalidad en la asignación de fondos por publicidad institucional”, comentó.

Desde el PSOE, el líder regional Luis Tudanca, subraya que en las reuniones de la Comisión de Seguimiento de RTVCyL, se ha insistido en que hay que mejorar los contenidos y se ha propuesto en reiteradas ocasiones incorporar profesionales “con criterios de paridad y sobre todo mejorar las condiciones de los trabajadores”. “Sin periodistas con condiciones dignas no puede haber buen periodismo”, subraya Tudanca.

Del Barrio, de Podemos, insiste en incorporar a los trabajadores a la Comisión de Seguimiento, porque son ellos “quienes pagan las negligencias de la empresa”.

¿Y qué opina la Junta de Castilla y León de los sueldos que se pagan en RTVCyL? “Los trabajadores se regulan mediante el convenio firmado entre la empresa y los representantes de los trabajadores”, contestó un portavoz oficial a preguntas de este diario.

El Gobierno de Herrera se desentiende de las condiciones laborales de una plantilla en una televisión que opera gracias a una concesión administrativa de la Junta, que además ha aportado cantidades millonarias al canal durante los últimos años.