“El consejero de Economía de la Junta de Castilla y León (también vicepresidente), Tomás Villanueva, me obligó a ceder los parques eólicos que tenía proyectados en la zona de Montes Torozos (al sur de Valladolid) a un empresario que fabricaba piensos para truchas R. G. V.”.
La declaración como testigo en la instrucción de la Trama Eólica del ya expresidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María Vélez González, apunta una vez más a la participación del Gobierno Regional en el caso o al menos de uno de sus consejeros, ya fallecido.
Vélez aseguró que tuvo que renunciar a un proyecto compuesto por varios parques que sumaban 150 megavatios y que equivalían a 15 millones, y que lo hizo “por cero euros” ya que temía que de no hacerlo, se malograse otro proyecto que tenía en Sahagún (León) y que finalmente llevó a término.
Vélez explicó que la petición se materializó en una reunión del Ente Regional de Energía (EREN) presidido por Villanueva y en el que él era consejero. “Me dijo que tenía que ceder los parques a un tercero, que había que transmitirlos a R. G. V.”, afirmó.
Este empresario relató también a la juez y al fiscal de Anticorrupción que unas declaraciones realizadas en 2015 a El País en el mismo sentido, le costaron una demanda de R. G. V., y que fue condenado por vulnerar su honor. A pesar de todo, se reafirmó y aportará en los próximos días los documentos privados de cesión que firmó en su favor. Recordó además que El País contactó primero con su socio, el extesorero del PP, Ángel Sanchis, y que éste fue quien le remitió al periodista puesto que había abandonado el negocio.
A preguntas de uno de los abogados, Vélez contestó que la empresa eólica de R. G. V. es la mayor productora de energía de Castilla y León, “posiblemente incluso por encima de Iberdrola”. R. G. V. tiene relación personal con un hombre que fue jefe de prensa de Villanueva cuando era consejero de Educación, y trabajó para él en distintas consejerías. En 2006 Villanueva creó la Fundación de la Lengua Española, a cuyo frente colocó a su amigo. El proyecto acabó con un agujero de 4 millones de euros y con la amistad que mantenían hasta entonces.
También declaró la jefa del Servicio Territorial de Industria que se incorporó en enero de 2012, María Araceli Conde Lázaro, que desveló como hace dos meses, mientras recopilaba documentación requerida por el fiscal, la jefa de Negociado encontró en un cajón el documento “semáforo”, una lista de parques con los colores rojo, amarillo y verde que clasificaba los parques en función de si se gestionaban rápido, despacio o se paralizaban. Aunque no sabía si ese documento se había conservado, acordó remitirlo si lo encontraba.
El jefe de Desarrollo de Red Eléctrica Española, Luis Imaz Monforte, el hombre que firmaba los permisos de conexión de los parques. Imaz precisó que todo su contacto con la Junta de Castilla y León se limitaba a reuniones cada seis meses con el director del EREN, Ricardo González Mantero, con quien acordaba los nudos de evacuación, si bien en una ocasión le presentó al secretario general de Economía imputado en el caso Rafael Delgado. También recordó que Red Eléctrica amplió los nudos en la estación de La Mudarra (donde se conectaban los parques de R. G. V.) porque hasta ese momento no había capacidad suficiente.