Dos testigos insisten en que el PP nacional quería controlar la adjudicaciones en Madrid
El PP nacional quería tener un control total de las adjudicaciones de obra pública en la Comunidad de Madrid. Este es el relato que expuso el expresidente madrileño Ignacio González ante el juez de la caja B y que este martes han confirmado dos testigos citados por la acusación popular: el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro. Según han informado fuentes jurídicas, ambos han insistido en que Génova pretendía controlar los concursos públicos a través del tesorero nacional, Álvaro Lapuerta.
Ortega ha expuesto ante el juez lo mismo que ya relató en el juicio de la primera época de Gürtel. Ha insistido en que Lapuerta le llamó a su despacho para pedirle que, una vez asentado en el puesto de alcalde, tratase de beneficiar con sus licitaciones a las empresas “amigas” que había ayudado al partido. En concreto, ha citado a las compañías Licuas y Coarsa, propiedad del empresario Joaquín Molpeceres.
De hecho, Ortega -que fue apartado como alcalde por el escándalo de las parcelas de Gürtel en su municipio- ha afirmado que su “caída en desgracia” fue consecuencia de su negativa a adjudicar a esas empresas. El exalcalde del PP no ha querido contestar a muchas preguntas debido a que aún está pendiente de la sentencia sobre el primer juicio de la trama Gürtel.
Antes que Ortega se ha sentado frente al juez José de la Mata el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro. Este, amigo de González, ha ratificado lo que este declaró en su momento: que el PP nacional trató de controlar las adjudicaciones de Madrid cuando perdió el Gobierno central. Antes, ha dicho Moro, los consejeros del Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón gozaban de total autonomía.
Una “guerra de tesorerías”
Ese año, en 2004, Lapuerta comenzó a presionar a González para “intervenir” en los concursos de obra pública de la Comunidad de Madrid, para “centralizar” las adjudicaciones, según le explicó González. Se produce entonces una “guerra de tesorerías” entre la nacional y la madrileña, ha dicho Moro. Cuando el juez le ha pedido aclaraciones sobre esta “guerra”, Moro ha aclarado que era más una contienda entre “consejerías”, un conflicto de “jerarquías” entre el PP nacional y el PP de Madrid por ver quién controlaba las adjudicaciones.
Ese conflicto y esas presiones llegaron a oídos de Esperanza Aguirre, a quien Moro se ha referido siempre como “la presidenta” y no por su nombre. Ha relatado que González le transmitió las presiones de Lapuerta y ella hizo un papel de “mediación” para evitar que se produjesen.
Moro ha admitido que durante algunos años trabajó para Constructora Hispánica, una de las empresas de la trama Gürtel. Su antiguo dueño, Alfonso García Pozuelo, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para admitir el pago de comisiones a cambio de contratos de obra pública. Según ha dicho Moro, era un rumor extendido por toda la empresa que se movía dinero negro.
Por ejemplo, ha relatado que García Pozuelo poseía la gestión de 16 gasolinera cuyos beneficios acababan directamente en el PP. Era un rumor extendido que no le extrañó cuando lo supo, ha dicho. Además, ha dicho que era pública la relación de amistad del dueño de la constructora con Lapuerta y con Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento con José María Aznar.
Moro ha dicho que él trabajó en la constructora entre 2006 y 2008 con un cago técnico, encargado de rastrear licitaciones a las que presentarse. Como él, ha añadido, entraron a trabajar otros miembros del PP. Nadie relevante, jóvenes vinculados al partido que eran contratados por la empresa como práctica habitual, ha explicado el exdelegado del Gobierno en Ceuta.
