Todas las portadas de la prensa se encomiendan a Lamine Yamal, estrella del fútbol con 16 años, nacido en Espluges de Llobregat, criado en un barrio obrero de Mataró, hijo de Mounir Nasraoui, nacido en Marruecos, y de Sheila Ebana, nacida en Guinea Ecuatorial. El fútbol es la materia prima de símbolos y lecturas políticas y sociales, unas obvias, otras más discutibles. Algunos llegan en el momento justo, en especial si coinciden con una gran victoria internacional. Ahora todos somos Yamal, estamos orgullosos de que juegue y gane con la selección española de fútbol. Otros Yamal que nacieron fuera no tienen tanta suerte. Fingimos que no les debemos nada. Algunos hasta los odian.
Los gobiernos central y autonómicos sí están en deuda con ellos. Aparentemente, no saben cómo pagarla, a pesar de que han firmado acuerdos que les obligan a prestar asistencia a los menores inmigrantes que están solos y sin sus familias. Alguien se inventó el nombre de mena, deshumanizador porque permite no llamarles lo que son: niños y adolescentes. El término ya ha adquirido una connotación claramente racista. Algunos medios de comunicación continúan utilizándolo, al igual que hace Alberto Núñez Feijóo. Y desde luego la extrema derecha que los insulta y desprecia al relacionarlos con la criminalidad.
A diferencia de ellos, Yamal nació en España y sí está acompañado. Por su familia, por sus amigos, por su club de fútbol y ahora mismo por toda España. La misma España cuyo sistema político necesita llevar a cabo reuniones de gobiernos, como la del miércoles en Santa Cruz de Tenerife, para ver quién asume la responsabilidad de un número reducido de seres humanos, ahora mismo unos cuatrocientos, que nacieron en el extranjero y que viven en España. En realidad, son muchos más y están siendo abandonados.
En realidad, la reunión debería haber sido innecesaria, porque ya ha habido acuerdos que permitían el traslado de esos menores a otras regiones desde su llegada a Canarias, Ceuta o Melilla. Lo que ocurre es que no se cumplen. En el colmo del descaro, algunas recibían los fondos, pero ahí se acababa su intervención. De los 373 traslados pactados en 2023 a través del sistema de reparto voluntario, las comunidades solo acogieron a 67 menores, aunque se distribuyeron 20 millones de euros para ello, según ha informado este medio.
¿Cuántos acogió la Comunidad de Madrid cuyo Gobierno la define como el motor económico de España y a la que le tocaba la astronómica cifra de 36 menores? Cero. ¿Cuántos Catalunya, la segunda de mayor PIB y a la que le correspondían treinta? Cero. En total, doce comunidades se quedaron en esa cifra.
El sistema autonómico no salió muy bien librado de la pandemia, aunque lo mismo se podría decir de otras instituciones. Con este asunto, se podría decir algo parecido. Los gobiernos tienen unas competencias y se resisten a ejercerlas en tiempo y forma o reclaman al Gobierno más dinero si les avisan de que deben cumplir sus obligaciones legales. Y miran para otro lado cuando otro Gobierno pide ayuda, aunque sea del mismo color político.
Lo dijo hace unos días el presidente de Ceuta, Jesús Vivas, del Partido Popular, que afirma que la situación en su ciudad es insostenible. “Tenemos sobrepasada la capacidad de acogida en cuatro veces”, dijo. Reclama una mínima solidaridad al resto de España y se queja de que la inexistencia de una norma y los trámites largos, que en realidad esconden las escasas ganas de colaborar de otros, dilatan la respuesta de las administraciones: “Aquí pueden entrar en dos días cuarenta menores y tardamos seis meses en poder trasladarlos”.
Canarias, con un Gobierno de Coalición Canaria y el PP, también está desbordada. Acoge a unos 5.600 menores extranjeros, pero sólo tiene capacidad para atender a unos 2.000. Muchos viven hacinados en centros mal habilitados y no cuentan con actividades que puedan dar algún sentido a su vida cotidiana. Un fiscal ha ordenado el cierre de uno especialmente penoso, pero se mantiene abierto porque no hay otro sitio donde enviarlos.
A pesar de que gobierna en ambos lugares, el PP no ha querido aceptar hasta ahora que este reparto se formalice a través de una ley o decreto de obligado cumplimiento. Feijóo afirmó el miércoles que su partido sólo acepta el reparto voluntario: “Las comunidades autonómicas gobernadas por el Partido Popular van a seguir siendo solidarias”. Algunas no lo están siendo, como demuestran los datos.
“Tenemos la frontera más permeable de toda la Unión Europea”, denunció el líder del PP para criticar al Gobierno. Es falso. España recibió 56.583 inmigrantes de forma irregular en 2023 (31.219 el año anterior). El número en Italia fue 155.754 (103.846 en 2022).
En las últimas semanas, el PP ha preferido calentar el ambiente para sacudir al Gobierno. Quien lo ha hecho ha sido Feijóo en persona vendiendo la idea de una gran conspiración contra su partido. “Las comunidades autónomas del PP están recibiendo todos los menas (sic) que le manda el Gobierno y, como usted sabe, en las calles españolas están deambulando inmigrantes que el Gobierno mete en aviones y que después por la noche, o a la hora que llegue el avión, los deja en determinados barrios, ciudades o lugares del territorio español”.
Si fuera así, ¿por qué sus compañeros de partido en Canarias o Ceuta se quejan de que no consiguen reducir el número de menores inmigrantes en sus regiones? ¿Acaso está llamando mentiroso a Vivas?
Por cierto, eso de los aviones es lo que hizo su partido cuando José Manuel Soria era alcalde de Las Palmas.
El PP subió la apuesta copiando una idea inviable e ilegal de Vox a través de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado. Exigió que barcos militares de la Armada bloqueen la llegada de migrantes a Canarias. En 2020, el jefe de la Armada dijo que los buques de guerra están obligados a salvar a cualquier embarcación que esté en peligro en el mar. Aún peor sería vulnerar la soberanía de países africanos y entrar en sus costas para interceptar los cayucos y devolverlos al puerto de origen sin tener permiso de las autoridades locales.
Ahora el PP acepta ese reparto “voluntario” que no ha funcionado y que ha llevado a Canarias y Ceuta a la situación en la que están. “No hay nada más patriota que la solidaridad entre autonomías”, ha dicho Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, para distinguirse de Vox. ¿Cuántos menores inmigrantes acogió esa comunidad en 2023 sobre la cuota de 23 que le correspondía? Cero. Mañueco estuvo un poco corto de patriotismo el año pasado.
En la reunión de Tenerife, los gobiernos del PP aceptaron el reparto de la cifra que está sobre la mesa –347 menores–, que no soluciona todos los problemas. El PP continúa oponiéndose a una reforma de la Ley de Extranjería que regularice las entregas cuando una comunidad supere el 150% de su capacidad de acogida.
En la noche del miércoles, Vox anunció que da por rotos sus pactos con el PP en las comunidades donde gobiernan juntos por haber aceptado ese reparto mínimo: “Por su afán por arrodillarse ante Sánchez”. El jueves, decidirá si da el paso siguiente y ordena a sus consejeros autonómicos que dimitan de sus puestos. El PP deberá decidir ahora si cede ante la extrema derecha y se niega a votar a favor de una reforma legal que regularice todo el sistema que afecta a los menores inmigrantes, una vez que ya no tiene que preocuparse por lo que diga Vox.
Más allá de las responsabilidades de cada Administración, queda la duda de si algunos políticos creen que dejar tirados en la calle a menores o colocarlos en centros indignos por el hecho de que sean extranjeros y no tuvieron una entrada legal en el país es la respuesta moral apropiada o incluso si es la más inteligente. La diferencia con Lamine Yamal es que no nacieron aquí y no juegan al fútbol. No es una razón para condenarlos a una vida de miseria y marginalidad.