El presidente catalán electo, Quim Torra, ha anunciado hoy que tan pronto tome posesión del cargo enviará una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle que fije “día y lugar” para celebrar una reunión, en la que le exigirá poner fin al 155 y al control de las finanzas catalanas.
Al día siguiente de haber sido investido president, Torra ha viajado a Berlín para reunirse con Puigdemont, a quien sigue considerando el presidente “legítimo” de Cataluña y que se prevé que lidere el llamado “Consejo de la República” desde el exterior.
Tras definirse como president de “custodia” y comprometerse nuevamente a intentar investir a Puigdemont cuando sea posible, Torra ha ofrecido diálogo “sin condiciones previas” a Rajoy, a quien ha exigido no solo levantar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino también restituir a la Generalitat el control de sus propias finanzas, un aspecto que ha calificado de “clave”.
Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han acordado hoy ofrecer una respuesta “pactada y proporcional” en defensa de la legalidad en Cataluña frente “a cualquier eventual desafío”.
Posteriormente, desde Bulgaria, Rajoy ha advertido a Torra de que “en Cataluña sólo puede haber un presidente, una sola legalidad y unas únicas instituciones válidas que son las que establece la Constitución y el Estatut”. En todo caso, ha dicho estar “disponible” para hablar con Torra
Sánchez ha asegurado que si el nuevo Govern sigue el camino anunciado por Torra en su investidura la respuesta del Gobierno será aplicar el 155 “con contundencia” y ha dejado claro que “nada tiene que ver” el levantamiento del 155 con la supervisión e intervención de las cuentas públicas de la Generalitat, que ya se hizo en 2015.
Consciente del resultado de la reunión Rajoy-Sánchez, Torra ha advertido de que, “si el Govern no tiene el control sobre sus finanzas, es una intervención por otros medios y no respeta la voluntad del pueblo de Cataluña” expresada el pasado 21D.
Torra ha insistido en que no se trata solo de que se levante el 155, sino de que la Generalitat tenga “la libertad de disponer de todas sus finanzas”.
Tanto Torra como Puigdemont han apostado por un Govern “fuerte” en Cataluña, que ponga en marcha un “proceso constituyente” para elaborar un proyecto de “constitución catalana”, y han tratado de enfriar la idea de convocar elecciones en un futuro próximo.
Está previsto que el Rey firme hoy el decreto de nombramiento del nuevo president, según han informado a Efe fuentes del Palacio de la Zarzuela.
La firma de Rajoy y la posterior de Felipe VI son requisitos imprescindibles para que el decreto de nombramiento de Torra pueda ser publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.
El nombramiento tendrá efecto a partir de la toma de posesión, que debe tener lugar dentro de los cinco días posteriores y que incluso podría celebrarse mañana miércoles, dependiendo de cuándo se produzca esa publicación. Equipos de ambos gobiernos, de hecho, están negociando el formato del acto de toma de posesión.
Torra ha avanzado que, para el acto, repetirá la fórmula de su predecesor, quien evitó toda referencia a la Constitución y al Rey.
En su toma de posesión en 2016, cuando relevó a Artur Mas, Puigdemont respondió afirmativamente a la pregunta que le formuló la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell: “¿Promete cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament?”.
El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha criticado que el primer acto de Torra tras su investidura haya sido reunirse en Berlín con el “fugado” Puigdemont y ha advertido a Rajoy de que el nuevo president quiere “continuar con el golpe de Estado”.
El PSC ha presentado una batería de preguntas escritas a la Mesa del Parlament para saber si el viaje de Torra a Berlín se ha pagado con dinero público a cargo del presupuesto de la Generalitat.
La portavoz de los comunes, Elisenda Alamany, ha pedido un Govern “fuerte” en Cataluña para “frenar el 155 y la judicialización de la política”, y no uno “provisional y externalizado”.
Tan solo un día ha tardado la CUP en mostrar al nuevo president su primera “tarjeta roja”, al reprocharle que su “principal objetivo” sea el diálogo con el Gobierno del Estado antes que el “derecho de autodeterminación”, lo que representa una “renuncia”.