“Con sus limitaciones, con algunas trágalas, es posible que se vaya a conseguir”. La frase del diputado del PSOE por Gipuzkoa, Odón Elorza, fue escuchada este martes en la comisión de nombramientos del Congreso y se refiere a la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Más concretamente, de la mitad propuesta por el Partido Popular, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, considerados como cercanos a la formación que preside Pablo Casado. Este martes, sin embargo, la existencia del acuerdo entre el PP y el PSOE trajo de vuelta la imagen de consensos anteriores en los que incluso la militancia política y parlamentaria de los candidatos ha sido pasada por alto en aras de la renovación.
Elorza sacó a colación el “trágala” para ensalzar el acuerdo como una “solución de un problema que era un bloqueo tremendo de los órganos constitucionales”. Al final de la reunión fue la diputada del PP, Isabel Borrego, quien le reprochó esa expresión. “No entiendo la expresión que antes hemos escuchado, un trágala. ¿En el que se rompe la presunción de inocencia o en el que lo que se escribe en los medios se convierte en realidad?”, cuestionó. Y afirmó a continuación: “Si los candidatos que se han presentado no tuvieran la categoría adecuada no haríamos este acto”.
El “trágala” al que se referían Elorza y Borrego va y viene en todas las negociaciones de renovación de este tipo de organismos entre los dos partidos mayoritarios. Una negociación que hasta hace unos años se limitaba a incluir a los partidos minoritarios pero que con la actual aritmética parlamentaria se vuelve algo más compleja. Pero que siempre ha consistido, cuando se ha alcanzado el acuerdo, en pasar por alto algunas características de los candidatos que en otro contexto han sido consideradas como inhabilitantes.
En el caso de Enrique Arnaldo se zanjó este martes con un “su candidatura genera desconfianza a la hora de garantizar imparcialidad en el Tribunal Constitucional” por parte de Elorza y una batería de preguntas sobre si había compaginado de manera legal su actividad de abogado con su trabajo como letrado del Congreso de los Diputados. No lo dijo en su intervención pero muchos de esos trabajos para los que pidió la compatibilidad, tal y como explicó la Cadena SER, fueron facturados en buena parte a administraciones públicas dirigidas por el PP aunque también a algunas dirigidas por el PSOE, Coalición Canaria, CiU e Izquierda Unida.
Tampoco fue mucho más incisivo en el caso de Concepción Espejel. La presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue apartada de varios juicios del caso Gürtel por haber sido propuesta en su momento como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el PP y votada, entre otros, por Luis Bárcenas cuando era senador por Cantabria. El PSOE no firmó su petición de recusación pero amenazó con hacerlo en 2015. Ayer el socialista Francisco Aranda habló de “dudas, diferencias” pero zanjó que le otorgaba una “presunción de imparcialidad en un ejercicio de respeto que merece el alto tribunal”. Unidas Podemos, representado por Txema Guijarro, se limitó a hacer alusión a la participación de Arnaldo en el juicio por el asesinato de varios jesuitas españoles en El Salvador en 1989 y no hizo comentarios sobre la idoneidad de Concepción Espejel.
Lezo y Palma Arena
El “trágala” de Enrique Arnaldo incluye apariciones sin consecuencias penales en los sumarios de Palma Arena y Lezo. La primera supuso una imputación por colaborar con Jaume Matas en el blanqueo de dinero y fue zanjada con un archivo por prescripción de los hechos. El propio Arnaldo abordó el asunto en el final de su intervención reclamando que se respetase su presunción de inocencia. “Nunca me imaginé que me iba a ver obligado a reivindicar en sede parlamentaria la presunción de inocencia (...). Mi paso por un juzgado se limitó a declarar en un proceso y fui exonerado cuando el juez dictó el auto de archivo”, afirmó. Y reclamó que cuando alguien es exonerado por el juez no se convierta “en un eterno sospechoso”.
Sobre lo que no se pronunció fue sobre su aparición, esta vez sin imputación de por medio, en los pinchazos telefónicos del caso Lezo. Hablaba entonces con el expresidente de la Comunidad de Madrid y supuesto líder de la trama, Ignacio González, y aseguraba estar moviéndose “para que el nuevo fiscal sea bueno”. Edmundo Bal mencionó este episodio de pasada y Arnaldo no hizo ninguna referencia específica. Tampoco se hizo mención a un aspecto revelado hace unos días por Radio Madrid: que forma parte del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid desde marzo del año pasado.
Algo similar sucedió con Concepción Espejel, que dedicó su intervención final a denunciar que los motivos de su recusación en el caso Gürtel han sido retorcidos hasta dibujar una cercanía con el Partido Popular que no es real. Un alto el fuego que refleja también la intervención de la representante del Partido Popular, Isabel Borrego. Sobre Juan Ramón Sáez, miembro del CGPJ en su momento a propuesta de IU, se limitó a decir que es un profesional “cualificado que puede realizar su función con independencia”. Sobre Inmaculada Montalbán, vocal del mismo Consejo a propuesta del PSOE en su momento, incluso dio por “seguro” que podrá ejercer con independencia en el tribunal de garantías.
El trágala de De Prada
Las críticas tamizadas que han escuchado este martes Espejel y Arnaldo recuerdan a las más graves que escuchó el juez José Ricardo de Prada cuando en 2018 fue candidato a vocal del CGPJ. Magistrado de la Audiencia Nacional, se le atribuyen las frases más duras de la sentencia del caso Gürtel sobre el PP y su 'caja B' que desembocaron en la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Su nombre, incluido entonces en la terna de juristas, fue esgrimido por el PP durante más de dos años para dejar en dique seco la renovación del CGPJ.
Ese 16 de noviembre de 2018 fue Carlos Rojas, diputado 'popular' por Granada, quien explicó su “trágala”. “No comparto parte de su trayectoria (...) hay muchos juristas de reconocido prestigio con más prestigio que usted (...). Es bueno para la justicia española que deje de hacer lo que estaba haciendo; es decir, durante unos años dejará usted de dictar sentencias”, le dijo.
Ese día pocos candidatos a vocal y a sustitutos escucharon palabras tan duras. Simeó Miquel Roé, uno de los candidatos presentados por Unidas Podemos y miembro de una de las Sindicaturas Electorales montadas por el independentismo para avalar los resultados del referéndum ilegal de 2017, recibió críticas más suaves que las vertidas sobre De Prada.
El crimen de De Prada había sido nada menos que condenar al PP como responsable a título lucrativo de la actividad de la trama Gürtel al financiar con dinero corrupto campañas electorales en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Aun así, en un principio el acuerdo entre PP y PSOE incluía que entrase en el órgano de gobierno de los jueces como jurista de reconocido prestigio. Su idoneidad, sin embargo, nunca llegó a someterse a votación. Manuel Marchena renunció a presidir el CGPJ después de la filtración de los mensajes en los que Ignacio Cosidó presumía de que con su nombramiento el PP iba a controlar “desde atrás” la Sala de lo Penal del Supremo. Entonces, los partidos retiraron a sus candidatos y arrancaba un bloqueo que sigue a día de hoy.
Un “trágala” con proyección
Salvo sorpresa, esta renovación parcial del Tribunal Constitucional llegará a buen puerto y habrá cuatro nuevos magistrados y magistradas en la sede de Domenico Scarlatti. Un primer movimiento en un juego de cartas que puede terminar con el Gobierno de coalición consiguiendo que tanto el Constitucional como el CGPJ tengan una mayoría progresista que ahora mismo, gracias al bloqueo del PP a renovar ambas instituciones, está lejos. Pero de las negociaciones entre Félix Bolaños (PSOE) y Teodoro García Egea (PP) dependen muchas cosas.
La primera es la posible renovación del CGPJ. A un mes de cumplirse el tercer aniversario del final del actual mandato, ambos partidos siguen sin desvelar si habrá consenso para relevar a Carlos Lesmes y sus 20 vocales aunque las posiciones parecen más cercanas que hace medio año. Una renovación del Consejo no sólo renovaría el pleno: también desbloquearía decenas de nombramientos en el Tribunal Supremo y otros tribunales territoriales que amenazan con colapsar el embudo casacional de la Justicia.
Un nuevo CGPJ renovado con un mayor peso del sector progresista abre otra puerta hacia la siguiente renovación del Tribunal Constitucional. En junio del año que viene vence el mandato de tres magistrados del bloque conservador —Pedro García-Trevijano, Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez— y otro más del bloque progresista, Juan Antonio Xiol. Pero su renovación no tendrá que pasar por el sinuoso camino de una negociación entre partidos: dos nombramientos dependen del CGPJ y otros dos del propio Gobierno.
El trámite con poco misterio que este martes han superado con éxito los cuatro candidatos, por tanto, puede tener efectos considerables más allá de una renovación que no cambia las aritméticas actuales del Tribunal Constitucional. Todo esto a la espera de saber cómo avanzan las negociaciones para superar un bloqueo en el CGPJ que ya ha empequeñecido el que también protagonizó el PP entre 2006 y 2008 para evitar perder la mayoría que le había facilitado el dominio parlamentario de José María Aznar en la renovación de 2001.