Un empresario alertó al presidente de Castilla y León del “abuso de poder” en la tramitación de parques eólicos
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, conoció de primera mano los extraños manejos que había en la autorización de parques eólicos en la Comunidad –las eléctricas se asociaron con empresarios locales y ex altos cargos del Gobierno regional para conseguir licencias a cambio de 110 millones de euros– y que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción.
El responsable de Ibervento, una empresa de energía renovable, informó a Herrera en una carta el 14 de marzo de 2006. “Todos los hechos apuntan hacia la, según nuestro criterio, injusta discriminación sufrida con respecto a otras empresas del sector, dando lugar a una totalmente irregular aplicación del decreto para la tramitación Parques Eólicos en la Comunidad”, decía en los primeros párrafos de la misiva.
Ibervento es una de las empresas que acabaron fuera del negocio que habían iniciado, en favor de otras sociedades, siempre las mismas: aquellas que estaban formadas por empresarios locales o ex altos cargos de la Junta aliados con las eléctricas que luego les compraban las acciones.
La mercantil, formada por capital español y alemán, inició la tramitación de dos parques en Burgos, Cantiruela y Las Pardas, en el Páramo de Masa, el 20 de abril de 2001. Tras superar las distintas fases que lleva aparejadas la concesión de un parque, consiguió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en mayo y junio de 2003.
Con la DIA favorable, lo único que faltaba era la firma de la autorización que, según el decreto 189/1997, no podía tardar más de tres meses. Tardó nada más y nada menos que tres años, y además el parque tuvo que cambiar de manos para ello. Pero, en tres años la Junta no pudo estar más informada de lo que ocurría, porque el responsable de Ibervento no dejó de reclamar lo que por derecho creía que le correspondía.
En enero de 2005, después de una espera de dos años, este empresario registró un escrito en la Junta en el que recordaba que sus parques se habían paralizado desde la DIA, algo que no ocurría con parques como Urbel del Castillo II, que obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental un año más tarde que Cantiruela pero que consiguió la autorización a los cuatro meses; y el parque La Lastra, con la DIA aprobada el mismo día que Cantiruela y que consiguió la autorización tan solo un mes después.
Días más tarde, registra un nuevo escrito, con más ejemplos de parques que habían conseguido la autorización en los plazos normales: Lodoso y Marmuellar tenían la DIA en noviembre de 2003, cinco meses más tarde que Cantiruela, y estaba autorizado a los ocho meses, y El Perul, con DIA el 9 de mayo de 2002, fue autorizado a los dos meses.
Los ejemplos son claros. Los parques de algunas sociedades se tramitaban sin pausa, y otros se quedaban paralizados.
Pero la situación aún tenía más vueltas de tuerca. Cuando en marzo de 2005 Ibervento dirigió un escrito al jefe del Servicio Territorial de Industria. Éste remite otro escrito a la Dirección General de Minas en el que se deduce que había instrucciones primero verbales y luego escritas para que el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado (considerado pieza clave en la trama eólica) diese las autorizaciones, olvidando que quien tenía la capacidad para hacerlo era el propio jefe del Servicio Territorial, puesto que la avocación no se produce hasta un año después, el 4 de julio de 2006.
Por eso, colmada la paciencia del empresario, remite la carta a Herrera en marzo de 2006. Le comunica no sólo que está sufriendo discriminación, sino que tiene todos sus proyectos paralizados desde 2003. “Hemos cumplido con todos los requerimientos sugeridos por los responsables de la Consejería de Economía”, decía, “pero hemos llegado a un punto en el que los requerimientos propuestos, además de ser considerados por nosotros como un abuso de poder por la Administración, no pueden ser entendidos ni como enriquecedores para el desarrollo de nuestra empresa ni para el desarrollo socioeconómico del conjunto de la sociedad de Castilla y León”, avisó.
Aunque no lo dice claramente, el autor de la carta insinúa que los requerimientos que se le hacen desde Economía pasarían por un cambio de socios: “Por no aceptar dichos requerimientos, que, parece ser tienen su única motivación en la nacionalidad de los socios de Ibervento, nuestros proyectos no han llegado a fructificar”, relataba a Herrera.
Así, la única salida, “después de múltiples intentos para solucionar el problema manteniendo encuentros con altos responsables de la Consejería de Economía”, fue recurrir a los tribunales de Justicia, la Embajada de Alemania en España, el Ministerio de Industria, la Dirección General de Energía en Bruselas y la Comisión Nacional de Energía, entre otros.
La carta finalizaba con la esperanza de que Herrera pudiese solucionar “el grave problema de la tramitación administrativa de los parques eólicos de Ibervento”. Además, el empresario se ofreció a aportar más datos en una reunión. Si se produjo o no, es una incógnita, pero un mes antes, una comparecencia en la Comisión de Economía y Empleo en las Cortes de Castilla y León dejaba más que claro que la Junta no quería, de ninguna forma, autorizar un negocio en el que hubiese alemanes: “Me tendrá usted que explicar cuál es el beneficio económico de esa sociedad (Ibervento), con dos socios alemanes y con un particular, me lo tendrá usted que explicar al detalle”, espetó el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, a una pregunta de la oposición sobre el inexplicable retraso de las autorizaciones a Ibervento.
La autorización no llegó. Finalmente, el 100% de Ibervento S.L se vende a Productor Regional de Energía S.A (una empresa constituida por Inverduero, filial de la constructora vallisoletana Grupo Collosa y Endesa) y se comunica el 26 de julio de 2006.
Fue entonces cuando una autorización paralizada durante tres años, llegó en dos días, el 28 de julio. Esta concatenación de hechos refuerza la teoría de que la Junta sólo concedía autorizaciones a empresarios afines. Una vez conseguido el parque, las eléctricas recompraban la parte de la sociedad de los empresarios, que apenas habían movido un papel.
Las desventuras de Ibervento no acabaron con los parques de Burgos. En Valladolid las cosas no fueron mucho mejor. En 2001 esta empresa registró la solicitud de autorización de varios parques en los términos de Peñaflor de Hornija y Medina del Campo. En 2004 se solicitó una paralización para efectuar nuevos estudios y posteriormente la continuación de la tramitación.
Dos años después, en 2006, la tramitación del parque de Peñaflor seguía paralizada, por lo que se reclamó que continuase y se explicase a qué se debía ese parón. En 2009 se registró un registro de cese de inactividad de la administración, y se puso como ejemplo las tramitaciones de otros parques, mucho más ágiles. La respuesta de la Junta llegó en 2010: denegaron a Ibervento la solicitud de autorización, después de ocho años de espera. El argumento del Gobierno fue que no tenía suficiente capacidad económica y que parte de la documentación era incompleta, a pesar de que en ningún momento, a lo largo de esos ocho años, se solicitó una subsanación como es preceptivo.
Sin embargo, Ibervento sí que consiguió, pese a esa supuesta falta de capacidad económica, desarrollar parques eólicos en Segovia, una de las provincias a donde, supuestamente, la trama eólica no llegó.
La Fiscalía Anticorrupción, mientras tanto, continúa investigando el fraude descubierto por Hacienda, que cifra en 110 millones de euros las comisiones que obtuvieron empresarios afines a la Junta y ex altos cargos por asociarse con las compañías eléctricas para agilizar las licencias de los parques. En el punto de mira están el que fue viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, en cuyas empresas la Agencia Tributaria ve ingresos sospechosos, y el exconsejero delegado de la empresa de internacionalización de la Junta, Alberto Esgueva, que recibió 47 millones de euros de Iberdrola y que hoy construye rascacielos en Polonia.
Los dos están imputados en el caso Perla Negra, donde además de una supuesta malversación de decenas de millones de euros, se acaba de descubrir una adjudicación ilegal de 4,4 millones de euros a Unifica, la empresa que reformó la sede del PP de Madrid con dinero negro.
