Quedaban pocas horas para la votación pero todas las partes tenían claro el lunes que la reforma de la ley mordaza moriría después de tres años de tramitación parlamentaria y con prácticamente todo el articulado pactado. El desencuentro desde hace mucho tiempo radicaba en cuatro puntos: el uso de las pelotas de goma (que no figura en el texto pero cuya prohibición era una línea roja para los apoyos de la coalición), las devoluciones en caliente y las multas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. Este martes, el voto en contra de Esquerra Republicana y EH Bildu por la falta de consenso en estos asuntos precipitó el fracaso de uno de los principales compromisos del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. La ley de Mariano Rajoy seguirá vigente así después de más de cinco años de gobiernos progresistas.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana formaba parte de los compromisos electorales de PSOE y Unidas Podemos de 2019 pero también era una demanda de los socios habituales del Gobierno en esta legislatura, del PNV y de los independentistas catalanes y vascos. Por ello, en el acuerdo que permitió la investidura de Pedro Sánchez firmado en diciembre de 2019 por las dos partes de la coalición se incluyó un punto para sustituir la denominada “ley mordaza” por otra que garantizase “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”.
En aquel punto de apenas cinco líneas, ambos partidos acordaron una nueva legislación de “concepción progresista” de la seguridad ciudadana que regulase el “derecho de reunión”, la “identificación y registro corporal”, la “identificación de los agentes” y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal (que regulaba las coacciones laborales y que ya quedó eliminado con la reforma laboral aprobada en abril del pasado año en el Congreso).
A pesar de que la reforma de la ley mordaza formaba parte del acuerdo de investidura, el texto sobre el que se empezó a trabajar en el Congreso en enero de 2020, justo al comienzo de la legislatura, fue una propuesta del PNV que se tomó en consideración con una amplia mayoría. Es ese texto, con múltiples enmiendas acordadas entre los grupos parlamentarios proclives a la reforma, el que este martes llegó a su trámite definitivo en la Comisión de Interior del Congreso, todavía sin el acuerdo sobre esos cuatro puntos que han marcado la negociación de esta ley.
Un “98%” del articulado pactado
Durante la larga tramitación parlamentaria del texto, los avances se fueron produciendo a diferentes velocidades y por diferentes caminos. En noviembre de 2021, por ejemplo, los dos partidos del Gobierno dieron un importante impulso con unas 50 enmiendas pactadas para introducir criterios de proporcionalidad económica al determinar los precios de las multas, limitar el tiempo de detención en la comisaría y eliminar la sanción por fotografiar o difundir imágenes de agentes. Unos meses después, este avance se trasladó a los socios de la investidura que en una reunión de la ponencia avalaron todas esas modificaciones del Gobierno.
En esos meses se empezó a dialogar en un grupo de trabajo creado ad hoc con los socios de la investidura para negociar punto por punto la ley e ir impulsando todos aquellos apartados en los que había acuerdo pero postergando los asuntos más polémicos. Estos trabajos siguieron con mayor o menor regularidad en los meses sucesivos hasta el verano, aunque siempre con el debate aún en cuarentena por las devoluciones en caliente o el uso de material antidisturbios, pero también algunos que han marcado la actualidad en esta legislatura como el de la presunción de veracidad de los agentes.
Según la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y convalidada en el Congreso en 2015 con la amplia mayoría absoluta que entonces mantenía todavía el PP, por el principio de veracidad de los agentes de los cuerpos de seguridad, su único testimonio valía, sin otros testigos, para que se produjese una condena, como sucedió en el caso de la patada a un policía del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, que implicó la pérdida de su escaño.
Asuntos como este se trabajaron, sin embargo, en las últimas reuniones de la Ponencia encargada de redactar el informe para la Comisión de Interior, que se reactivaron a partir de diciembre. En esos encuentros se aceleraron las negociaciones sobre buena parte de los artículos que aún quedaban pendientes y llevaron a un acuerdo sobre prácticamente todo el texto, un 98%, según han defendido estos días los partidos del Gobierno.
Uno de estos últimos acuerdos consistía en obligar a las fuerzas y cuerpos de seguridad a emitir un aviso “verbal, claramente audible, con indicación expresa del plazo previo” antes de intervenir o disolver una manifestación. También se restringía la posibilidad de sancionar a los organizadores de manifestaciones o reuniones o se eliminaban las infracciones en el caso de que se convocase una manifestación no comunicada siempre y cuando existieran motivos de “indudable repercusión social que no admita demora”.
El informe consensuado por la ponencia introducía también modificaciones sobre aspectos como el tiempo de retención en comisaría para reducirlo de seis a dos horas, la identificación de las personas para que estuviese basada en “sospechas razonables” y no pudiesen estar motivadas por “perfiles étnicos” o hacerse de forma “indiscriminada”. La ausencia de una debida identificación de los agentes sería considerada como infracción disciplinaria. También se reducían las cuantías de las infracciones leves y graves, por ejemplo el máximo de la leve pasaba de 600 a 500 euros y la grave de una horquilla de 601 a 30.000 a una de 501 a 25.000 con el nuevo texto, al tiempo se incluían descuentos en función de la capacidad económica.
La votación en la comisión confirma la ruptura
“No van a ser sancionables las protestas ante oficinas públicas, bancarias o infraestructuras cuando se trata de un ejercicio de la protesta social. No va a ser sancionable el ‘top manta’. Se incluyen sanciones restaurativas de reeducación del infractor y de reparación del daño causado”, resumía este lunes el ponente de Unidas Podemos, Enrique Santiago, que lamentaba que “por dos o tres temas” la ley del PP pudiese seguir en vigor durante “tres o cuatro años más”.
Pero las posiciones seguían enfrentadas en los cuatro mismos asuntos la semana pasada, cuando la Mesa, con el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos, decidió convocar para este martes la reunión de la comisión y someter a trámite de vida o muerte el informe de la ponencia sin consenso con Esquerra y EH Bildu. “No avalaremos lo que en Catalunya prohibimos hace diez años”, decía ayer la portavoz de los republicanos Marta Vilalta sobre el uso de las pelotas de goma por parte de los Mossos d’Esquadra. En realidad en Catalunya no hay ninguna ley que las prohíba, pese a que la norma se prometió entonces a raíz de que una manifestante, Esther Quintana, perdiese un ojo, lo que aprobó el Parlament fue una declaración que prometía una reforma de la ley que nunca se produjo: se quedó en un protocolo de los Mossos, sin fuerza de ley.
“Queda lejos del compromiso de derogación que asumimos hace ocho años las fuerzas políticas. El hecho de querer mantener los aspectos más lesivos de la mordaza de Rajoy hace que sea inasumible votar a favor de la propuesta. No queremos ser cómplices de una ley mordaza edulcorada”, protestó este martes el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, al anunciar que votarían en contra de la reforma.
Uno de los argumentos que ambas formaciones han defendido para reclamar que se prohibiesen las pelotas de goma a nivel estatal con esta ley es que en sus respectivos territorios, en Catalunya y en Euskadi, ya están prohibidas desde hace tiempo, aunque tanto desde el PSOE como el portavoz adjunto de Unidas Podemos se han esforzado en recordar estos días que su uso no está prohibido por ley en esas comunidades sino por los protocolos de las consejerías de Interior de los respectivos gobiernos, que pueden reformularse en cualquier momento.
Este martes, mientras se daba el debate en la comisión, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mostró dos imágenes en el Congreso. La primera, una fotografía de Ester Quintana, la manifestante que en la huelga general de 2012 perdió un ojo por un impacto de una bala de goma de los Mossos y cuyo activismo llevó a la Generalitat a prohibirlas dos años después –Quintana reclama que se prohíban también las balas foam que sí están autorizadas en Catalunya–.
La segunda fotografía reflejaba una devolución en caliente de un migrante en la valla de Melilla, en uno de los últimos saltos. “Ni esto ni esto desaparece con la propuesta del PSOE y de Unidas Podemos”, protestó Rufián para deslizar que tanto el PSOE como Unidas Podemos estaban condicionados por las protestas de los sindicatos policiales más extremistas, como Jupol, que en estos años han tratado de presionar contra la reforma de la ley. Pocos minutos después, la votación ha fracasado con 18 síes y 19 noes, incluidos, según lo esperado, los de ERC y EH Bildu.
“No hay una ley en Catalunya que prohíba las pelotas de goma. Dijeron que iban a hacer una ley y no la hicieron. Las devoluciones en caliente son una cuestión de la Ley de Extranjería”, resumió este martes en rueda de prensa el portavoz socialista, Patxi López, cuando la reforma ya estaba tumbada. El argumento lo repitieron durante el día tanto Santiago como el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens.
Más allá de que Unidas Podemos nunca ha mostrado rechazo a apoyar la prohibición de las pelotas de goma, todo lo contrario, y que sobre las devoluciones en caliente hubo un acuerdo para abordarlas en la de Extranjería –pero a estas alturas de la legislatura ya no había tiempo para una fórmula así–, la negociación también seguía encallada en dos puntos que sí pertenecen a la ley mordaza y sobre los que tampoco se ha llegado a un acuerdo entre las partes: las multas por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad.
EH Bildu, por ejemplo, pedía que estos últimos artículos se objetivaran mucho más para que la decisión no quedase al arbitrio de los agentes, pero López sostuvo este martes que su formación no iba a “desproteger” ni “desnudar” la autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. “Hemos recuperado derechos y libertades pero vamos a garantizar la autoridad de los agentes”, dijo el portavoz socialista, quien consideró al mismo tiempo que durante las negociaciones ya se habían objetivado esas faltas. Tras la votación y la confirmación de la ruptura, en el PSOE cundía el enfado con los socios. “Estamos hartos”, se quejaba un diputado.
Fuentes del grupo parlamentario lamentan además de que a última hora plantearon algunas enmiendas transaccionales que podrían haber tenido el acuerdo de los socios y que el mero hecho de que en las últimas horas ERC y EH Bildu no hayan presentado ninguna ha demostrado su escasa voluntad para negociar. Los dos grupos presentaron este mismo martes unas enmiendas transaccionales para acercar posiciones, pero con la seguridad de que decaerían por la negativa del PSOE a ceder en sus líneas rojas durante la negociación.
División en el seno de Unidas Podemos
Los últimos compases de estas negociaciones han mostrado también la división de criterios en el interior del grupo parlamentario de Unidas Podemos, especialmente a la hora de atribuir las culpas sobre el fracaso de la reforma. El lunes por la tarde, fuentes de Podemos trasladaron su “preocupación” por la actitud del PSOE y trasladaron que su “absoluta negativa” a reformar esos cuatro puntos de la ley abocaba la reforma al fracaso. Es la misma posición que este martes manifestaron la secretaria general de la formación, Ione Belarra, y después el portavoz parlamentario, Pablo Echenique.
“Hemos visto lo que hacen las balas de goma o lo que suponen las devoluciones en caliente (...) por tanto yo creo que son cuestiones básicas si pretendemos decir que vamos a derogar la ley mordaza”, dijo Belarra en una entrevista a primera hora. “A nosotros nos parece evidente que si el PSOE hubiera colocado como una prioridad derogar la ley mordaza, más allá de los diferentes puntos y de la dureza, se habría conseguido un acuerdo”, dijo Echenique después en rueda de prensa.
Estas posiciones chocan con las que ha mostrado el ponente del grupo en la comisión, Enrique Santiago, que en un tuit ha lamentado que “la derecha y la ultraderecha” hayan conseguido este martes que no se apruebe la reforma y, ha añadido, “con apoyos sorprendentes”. El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha ido un poco más allá por la tarde al considerar que el “cortoplacismo electoralista” de ERC y EH Bildu ha “dado la espalda” a quienes han luchado durante años para derogar la ley.