Tres décadas de desprestigio de la Justicia a través del CIS

La imagen de la Justicia como servicio público está cada vez más deteriorada al tiempo que los ciudadanos desconfían mayoritariamente de la independencia de los jueces y tribunales encargados de impartirla. Esta es una de las principales conclusiones de diferentes sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que, en las últimas décadas, han abordado la percepción ciudadana de este poder del Estado, lastrado en la actualidad por la batalla política en torno al bloqueo a la renovación de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya ha rebasado los mil días en funciones.

A principios de los años 90 el porcentaje de encuestados que consideraba que la justicia funcionaba mal o muy mal pasó de estar por debajo del 30% a subir al 45%. En 1998 ya era del 57%. El porcentaje ha sufrido algunas variaciones pero el descontento con el tercer poder del estado se ha mantenido en los estudios realizados durante estos 30 años.

Además, la administración de justicia aparece como el servicio público peor valorado por los ciudadanos por detrás de la ayuda a personas dependientes o la gestión de las pensiones en un estudio realizado entre los días 21 y 29 del pasado julio, cuando la parálisis institucional del CGPJ ya copaba parte de la agenda política. Dos de cada tres encuestados, un 65,7% del total, contestó que la administración de justicia funciona poco o nada satisfactoriamente, según ese sondeo, que, en plena pandemia por la COVID-19, situó la asistencia sanitaria como el servicio público mejor valorado, justo en el lado opuesto de la lista.

Otros estudios del CIS que han sondeado las opiniones sobre el funcionamiento de jueces y tribunales también vienen evidenciando el deterioro de la percepción de la Justicia entre los ciudadanos, con evaluaciones muy críticas sobre la independencia de los jueces o la excesiva burocratización, pero también sobre la falta de medios en los juzgados. La última vez que el instituto demoscópico público incluyó una batería de preguntas específicas sobre el funcionamiento de la justicia fue en 2019, cuando un 48% de los encuestados calificó de “malo” o “muy malo” el funcionamiento de la Justicia. 

En el estudio previo de 2011 también prácticamente la mitad de los encuestados —el 48%— habían considerado que la administración de justicia funcionaba mal o muy mal en su conjunto, un porcentaje inferior al registrado en el informe de 1998, cuando las respuestas ahondaron en la crítica hacia uno de los tres poderes del Estado. Entonces, un 56,7% de los encuestados ofrecieron una valoración negativa al considerar que la Justicia funcionaba mal o muy mal. Este porcentaje fue del 39,3% en 1996, del 45,6% en 1995, del 44,7% en 1992 y del 28,8% en 1987, que es el primer registro de la serie.

En 2019, la mayor parte de esa masa crítica con la administración de justicia justificó su percepción sobre varias ideas principales: las penas son muy blandas, hay mucha burocracia o la justicia está politizada y ofrece un trato discriminatorio. Y, entre todos ellos, un dato especialmente preocupante: el 50,8% de los encuestados valoró como “bastante bajo” o “muy bajo” el grado de independencia de los jueces, mientras que apenas uno de cada tres encuestados —un 29,4%— opinó que era “bastante alto” o “muy alto”. 

Ese estudio mostró que el porcentaje de descontentos era levemente menor en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo: un 44,2% afirmó que el grado de independencia de sus jueces era “bastante bajo” o “muy bajo”. El trabajo de campo de ese estudio se realizó a mediados de julio de 2019, semanas después de que acabase la vista oral del procés y de que el Al Tribunal sentenciara por unanimidad que la agresión en grupo de La Manada fue una violación y elevara las condenas a quince años de cárcel a los cinco acusados. 

Este lunes, durante su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo en funciones, Carlos Lesmes —que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar— reivindicó la independencia judicial, que definió “no como un privilegio de los jueces, sino, y, sobre todo, como lo que verdaderamente es: una garantía de los ciudadanos”.

A pesar de sus críticas, los ciudadanos también son conscientes de la falta de medios que asola a la administración de justicia, tal y como vienen denunciando de forma reiterada las asociaciones profesionales. Según el estudio específico de 2019, el 61% de los encuestados calificaron de “insuficientes” los medios con los que cuentan, para la realización de sus tareas y sólo un 21,4% los consideró “suficientes”.