Las tres derechas aprovechan una protesta de policías contra el Gobierno para volver a citarse en la calle

Los líderes de los tres principales partidos de la derecha se darán cita este sábado en la Puerta del Sol bajo el lema 'No a la inseguridad ciudadana', tres semanas después de que se conociera el dato de que la criminalidad en España ha descendido a su mínimo histórico desde que hay registros. Los convocantes del acto son los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil, que protestan por lo que ellos aseguran que recogen las enmiendas pactadas por PSOE y Unidas Podemos para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana y que no coincide con lo que realmente afirma el texto. Los agentes defienden que quedarán vendidos ante los “delincuentes”, pese a que el texto legal no se ocupa de los delitos sino de las infracciones administrativas. 

La sustitución por los sindicatos policiales de los datos objetivos por otros exagerados, cuando no sencillamente falsos, no ha impedido que una mayoría de medios de comunicación y dirigentes de los partidos PP, Vox y Ciudadanos hayan amplificado, sin contrastar, el discurso de estos entes corporativos a la hora de impulsar la manifestación de hoy. Este hecho, unido a que Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía, ha unido su principal reivindicación, cobrar igual que los Mossos d’Esquadra, a una beligerancia propia de la extrema derecha cuando se enfrenta al proceso soberanista en Catalunya o al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, anticipan un acto en la Puerta del Sol de marcado tinte político e ideológico. 

La ocasión será aprovechada por la oposición, que en el caso de PP y Vox ha competido por aportar cuadros nacionales a la pancarta que exhiban policías y guardias civiles, un caladero de votos que ambos partidos consideran propios. Santiago Abascal liderara la comitiva de Vox. Junto a él, su número dos, Javier Ortega-Smith, muy popular entre los policías de Jusapol, la asociación de la que surge el sindicato Jupol, de los tiempos en los que acudía por toda España a las protestas exigiendo más dinero para los agentes y con los que después exhibía complicidades, como en este brindis para celebrar el encarcelamiento de los líderes independentistas [ver vídeo]. 

También participará en el escaparate de la manifestación la portavoz parlamentaria, Macarena Olona, en todas las quinielas para ser la candidata de Vox en las próximas elecciones en Andalucía, una cita electoral que se antoja más próxima desde que su partido hiciera descarrilar este jueves el proyecto de presupuestos del Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos, al que hasta ahora había dado apoyo la extrema derecha. 

Dependiendo del desarrollo del acto, la concurrencia de políticos de la derecha podría propiciar una foto del presidente del PP, Pablo Casado, con la otra gran protagonista de la polémica interna de su partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ambos intentarán exhibir unidad en esta protesta, recién aprobados los últimos presupuestos generales de la legislatura y cuando la cita electoral andaluza se intuye como una previa territorial de las generales. 

Menos ruidoso ha sido el apoyo de Ciudadanos a la protesta, que a diferencia de los otros dos partidos de la derecha no ha confirmado la asistencia de su máxima responsable, Inés Arrimadas, hasta la tarde del viernes. El papel secundario de Ciudadanos, acorde a su pérdida de peso en la política nacional, contrasta con el protagonismo que ejerció en el ámbito de las reivindicaciones policiales en el pasado. La subida de 400 euros netos de media para los agentes que acordó en 2018 el Gobierno del PP, obviando al resto de miembros de la función pública, fue fruto en gran parte de las condiciones impuestas por Ciudadanos para apoyar a Rajoy cuando el partido naranja estaba liderado por Albert Rivera. Con la confirmación de la asistencia de Arrimadas a la protesta habrá nueva foto de los líderes de las tres derechas, como la que protagonizó Rivera en Colón antes de renunciar a su carrera política.

Confusión entre delitos e infracciones administrativas

El sindicato convocante agradece el despliegue partidista y al tiempo se afana en insistir en la reivindicación laboral que supuestamente acoge el acto y en que el beneficio de abortar la reforma redundará en todos los ciudadanos. Jupol publicó un decálogo cuyo análisis pormenorizado evidencia que la convocatoria se erige sobre premisas falsas o sobre proyecciones de futuro que no soportan un contraste con la realidad, tal y como avanzó esta información de elDiario.es el pasado martes.  

Los convocantes aseguran que rebajar las multas por llevar encima pequeñas cantidades de droga, para consumo propio, fomentará las intenciones de los narcotraficantes por ampliar su negocio fraudulento. Mientras, claman en contra de que las multas a los infractores, que no “delincuentes” como erróneamente los llaman, se gradúen de acuerdo al poder adquisitivo de los mismos. El sindicato policial, que se declara ajeno a cualquier ideología, arremete en su decálogo contra el plan para que las lenguas cooficiales estén presentes en el documento nacional de identidad. 

En una nota de prensa con motivo del Día de la Violencia de Género, Jupol criticó esta semana al Ejecutivo por gastar 100.000 euros en iluminar las fachadas de las comisarías de morado esa jornada en lugar de mejorar sus condiciones laborales –pese a un incremento salarial del 20% en los últimos tres años– para luchar contra esta lacra. También aseguró, sin aportar datos, que la violencia contra las mujeres había descendido y que se trataba del éxito de la Unidad de Familia y Menores (UFAM) de la Policía, los agentes especializados que investigan los delitos en funciones de policía judicial, esto es, cuando ya se han cometido.  

Una de las manipulaciones más llamativas de los convocantes a la protesta es la que afirma que los policías se van a convertir en “taxistas de delincuentes” porque una de las enmiendas establece que las personas que no porten su documentación o no la quieran entregar a los agentes y sean conducidos a comisaría, a efectos de identificación, serán devueltos al punto donde fueron interceptados. El texto de la reforma pactada por PSOE y Unidas Podemos dice que eso solo se producirá si los sospechosos de infracción administrativa, que no presuntos delincuentes, han sido trasladados para la identificación a una localidad distinta y siempre que lo permitan las necesidades de servicio, esto es, si los policías no están ocupadas en algo más importante.

A Pablo Casado, el líder de la oposición, le pareció irrelevante esta omisión y en las primeras protestas, el pasado miércoles ante las delegaciones del Gobierno, se hizo eco del bulo ante una nube de micrófonos. Su portavoz en la comisión de Interior del Congreso, Ana Vázquez, que aprobó para ser policía nacional pero nunca se puso el uniforme, dijo que pegar a un agente de la autoridad se saldará a partir de ahora con una multa de “30 euros”, cuando una agresión a un miembro de las Fuerzas de Seguridad constituye un delito grave castigado en el Código Penal. 

Los policías, guardias civiles, pero también ertzainas y mossos d’esquadra, están indignados por el hecho de que, a partir de la reforma, las actas por infracciones administrativas tengan presunción de veracidad siempre que su contenido resulte “coherente, lógico y razonable”. A los convocantes les resulta insultante que se cuestione que en algún momento no se haya hecho así por parte de los agentes. 

Ni el Tribunal Constitucional ni Europa

El desprecio a cualquier reforma de la Ley Mordaza que no proceda de su visión de la seguridad lleva a Jupol y al resto de convocantes a ignorar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley orgánica en el punto en el que consideró contrario a la norma fundamental la prohibición de grabar las actuaciones de los agentes de la autoridad. Ellos insisten en que se pone en riesgo su seguridad y la de sus familias, se ven víctimas de montajes en las redes sociales y ni valoran las sentencias judiciales que se han apoyado en este tipo de grabaciones para castigar los excesos policiales. Pablo Casado sí apela al Constitucional, pero para adelantar que recurrirá al intérprete de la norma fundamental en su voluntad de revertir los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana, y que si este no se ha pronunciado antes, lo hará él desde el Gobierno de la Nación cuando gane las elecciones. 

Para los sindicatos policiales no parece que el Tribunal Constitucional tenga algo que decir ni tampoco los organismos internacionales. El último dictamen sobre España de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa se expresa con rotundidad al concluir que España debería reformar la ley de Seguridad Ciudadana. Dicha revisión “debe ir acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos dado su potencial represivo”, afirma el organismo consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del Derecho constitucional.