Había tres opciones. Y fueron tres llamadas. La recta final de un choque de trenes que hace meses se veía venir, y que ha llevado a la Comunidad de Madrid a protagonizar el tercer estado de alarma de la democracia. Un escenario que se podía haber evitado, y que llegó tras semanas de reuniones, resoluciones, mensajes y desencuentros.
Esta es la pequeña historia de lo que ocurrió en las últimas 24 horas que van desde la sentencia de la Justicia madrileña hasta la publicación en el BOE de las nuevas restricciones en Madrid.
Primera llamada: las tres opciones para frenar la curva
Sánchez aterriza en Torrejón de Ardoz procedente de Argelia pasadas las 20 horas del jueves. Le espera una difícil gestión. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado las medidas de Madrid, y la capital de España –una bomba vírica, con la pandemia disparada– no sabe si irse de puente o quedarse en la ciudad.
Cuando Pedro Sánchez aterriza, el Gobierno madrileño se encuentra enrocado. Después de que Ayuso pidiera diálogo, tras conocer la decisión judicial, las líneas están cerradas. El Gobierno regional no responde a los mensajes del Ministerio de Sanidad. También fracasan los intentos de mantener un encuentro del grupo bilateral creado para hacer frente a la segunda oleada.
El presidente se reúne con su equipo de La Moncloa, que desde hace horas prepara el siguiente movimiento de ajedrez. En el gabinete quieren cerrar esta crisis de una vez por todas.
Son las 21:30 de la noche. Pedro Sánchez descuelga el teléfono y llama a la presidenta de Madrid.
Sánchez le traslada a Ayuso un ultimátum. Hay tres opciones y Madrid puede elegir el desenlace final. Pero las tres vías conducen a un mismo sitio: que la Comunidad de Madrid aplique en las próximas horas las medidas sanitarias necesarias para frenar la propagación de la pandemia; que cumpla con lo mismo que aprobaron las comunidades autónomas y que el Gobierno de Ayuso hace días que intenta impedir: el cierre perimetral de Madrid y de otras ciudades importantes de la Comunidad. Todo a las puertas del primer puente después del verano.
Las opciones que da Sánchez a Ayuso en esa llamada telefónica son estas tres.
La primera, que acepte aplicar la ley orgánica de Salud Pública de 1986, que confiere a las autonomías el poder para poner en marcha restricciones como las que pide el Ministerio de Sanidad. La misma ley que, por ejemplo, ha permitido a la Junta de Castilla y León confinar Palencia o León. Basta con que sea el Gobierno de Ayuso quien así lo solicite –cosa que no hizo en las medidas que trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid unos días antes– para que el cierre de Madrid se pueda aplicar.
La segunda posibilidad es que sea Madrid quien pida el estado de alarma, y el Gobierno de Sánchez lo aprobará.
La tercera no es una opción: es una consecuencia. Es lo que Sánchez advierte que hará si Ayuso sigue enrocada y se niega a tomar ninguna de las otras dos: decretar unilateralmente el estado de alarma en un Consejo de Ministros extraordinario que, en ese momento, estaba previsto para las 8:30 de la mañana.
Ayuso pide tiempo para tomar su decisión y consultarlo con su equipo. Una hora y media después, los dos presidentes vuelven a hablar.
Segunda llamada: Madrid pide tiempo
La segunda llamada llega sobre las once de la noche. Es Ayuso la que telefonea a Sánchez y le pide una prórroga: que le dé más tiempo para tomar una decisión.
El presidente del Gobierno acepta y cambia la hora del Consejo de Ministros. De las 8:30 pasa a las 12:00. Ese retraso implica dos cosas. La primera, que Sanchez no podrá presidir la reunión del gabinete por su visita a Barcelona con el rey Felipe. La segunda, que se van a perder unas horas muy valiosas en la víspera de un puente en Madrid.
A pesar de estos dos contratiempos, Sánchez acepta. Da esas horas extra a Ayuso y retrasa el Consejo de Ministros.
Es Ayuso quien entonces mueve ficha. Y convoca para el día siguiente, a las 9 de la mañana en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, a todo el poder conservador de la ciudad. No solo de su Gobierno autonómico, también del Ayuntamiento de Madrid.
Es una cumbre a la que acuden seis personas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El consejero de Justicia y hombre fuerte del gobierno de Ayuso, el juez Enrique López. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado. Y la propia presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Poco después, sobre las 9:45, se incorpora también a esa cumbre la vicealcaldesa, Begoña Villacís.
La reunión se produce en un clima de diálogo pero hay tensiones. No hay acuerdo en la decisión, como hace meses que tampoco existe unidad alguna en este gobierno regional. Tanto Ignacio Aguado como Begoña Villacís, ambos de Ciudadanos, intentan convencer a los representantes del PP de que no hay que ir al choque de trenes, en defensa de los intereses de los propios madrileños. En Ciudadanos apuestan por la opción 1 de las tres que Sánchez ofrece: utilizar la ley orgánica de Salud Pública de 1986, que permite evitar el estado de alarma y confinar Madrid.
El PP se niega. Y especialmente se niega la propia Díaz Ayuso. Escucha a los presentes en la sala pero, cuando toma la palabra, sigue enrocada. Ayuso defiende internamente lo que lleva argumentando en público desde marzo, que todo esto es un movimiento contra ella, no contra Madrid.
Quienes conocen a la presidenta argumentan que esta respuesta es sintomática. Y explica cómo hemos llegado hasta aquí. Isabel Díaz Ayuso vive esta crisis, esta pandemia, como un calvario personal: como una persecución ideológica contra ella de una suerte de enemigos cuyo único objetivo es su destrucción política. Ella es la víctima. No los que padecen la enfermedad.
Poco antes de las once, Almeida decide abandonar la reunión por otro compromiso de agenda: un acto conmemorativo por la Fiesta Nacional. Se queda Villacís como representante del Gobierno municipal. Y Ayuso acaba imponiendo su decisión: Madrid no aplicará esa ley orgánica que le permite confinar. Tampoco pedirá el estado de alarma.
Si Sánchez quiere cerrar la ciudad, que sea Sánchez quien apruebe el decreto del estado de alarma. Ella no va a colaborar.
Mientras tanto, en La Moncloa, el Gobierno se prepara para actuar. Se había advertido a los ministros de que fueran puntuales. Preocupaba que cualquier imprevisto pudiera suponer una falta de quórum ante una decisión tan trascendente como la que había que tomar. Dan las doce. Se cumple el plazo. Al filo del mediodía se reúne el Consejo de Ministros presidido por Carmen Calvo –Sánchez está en Barcelona con el rey–.
La vicepresidenta primera envía un mensaje a Ignacio Aguado para comunicarle que comienza la reunión del gabinete sin que Ayuso haya llamado a Sánchez. Aguado no responde. No ve el mensaje hasta tiempo después.
Pasadas las 12 de la mañana, Ayuso se decide a llamar.
La tercera llamada: el Consejo de Ministros declara la alarma
El alcalde, la vicealcaldesa, el consejero de Sanidad, el de Justicia, el vicepresidente… todos se van. Y Ayuso se queda sola, con el teléfono y la decisión. La última llamada la hace acompañada de su auténtico hombre fuerte: el todopoderoso Miguel Ángel Rodríguez, “MAR”, el exsecretario de Comunicación de José María Aznar.
Rodríguez es más que un jefe de gabinete. Es más que un asesor. Se ha convertido en la mano derecha de Ayuso, contra el propio criterio del PP de Pablo Casado, que no se fía de él. Ayuso confía en MAR y en el Gobierno de Madrid todo pasa por él.
A diferencia de otros jefes de gabinete de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez ha instalado su despacho en uno de los lugares más nobles de la sede de Gobierno, justo adyacente a la enorme habitación en la que se celebran los consejos de Gobierno –en el balcón de esa sala, que da a la Puerta del Sol, es desde donde se declaró la II República en 1931–. Al lado de esa gran sala hay una salita, a la que se accede desde una puerta a la derecha. Es el despacho de MAR.
Cuando MAR decidió instalarse allí y no en el despacho más discreto que el jefe de gabinete solía ocupar, otro asesor le respondió:
–Pero es que aquí es donde toman café los consejeros.
–Pues que les den–, dicen que respondió MAR.
Es en ese despacho de Miguel Ángel Rodríguez donde la presidenta de Madrid realiza la tercera llamada, la definitiva, a Pedro Sánchez. Fuera de tiempo, con MAR a su lado, Ayuso comunicó al presidente del Gobierno su decisión.
Sánchez le responde que “hay que proteger la salud pública” y que “se aprobará el estado de alarma” y le pide sin éxito apoyo en la decisión. El Gobierno ya iba contra reloj y la incertidumbre de los ciudadanos, en aumento. Existía el temor a que las autovías de salida de Madrid se llenasen de madrileños escapando de puente, antes de que el BOE les pudiera atrapar.
El tiempo corre. Y el Consejo de Ministros tarda más de lo habitual. La previsión de Moncloa era que el decreto se despacharía en poco más de media hora; un mero trámite. No fue así. Se prolongó durante más de dos horas.
Ante la ausencia de Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo presidió la reunión. Como suele ser habitual, la vicepresidenta repartió el texto en el que había trabajado la tarde y la noche anterior junto a su equipo de la Moncloa.
Algunos ministros toman la palabra para plantear críticas al decreto. Entre ellos, dos jueces: Margarita Robles y Juan Carlos Campo, según confirman varias fuentes gubernamentales a elDiario.es. Robles es la primera en lanzar la crítica, muy vehemente según algunos de los dirigentes consultados, y el ministro de Justicia apoya la moción.
El debate obligó a hacer algunos retoques en el texto. Estaba previsto publicarlo en el BOE a las 14:00. Se retrasó hasta las 16:47. Para entonces, ya había controles policiales en las salidas de las ciudades confinadas, especialmente en Madrid. También algunos atascos en las principales autovías de la ciudad.
En medio del debate jurídico, varios ministros plantean que la reunión del Gabinete debía afrontar las repercusiones políticas de esta decisión. También la mejor manera de comunicar al país una medida así. El primero en hacerlo fue el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a quien secundan la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. “Es evidente que este decreto había que explicarlo bien”, expresa una ministra consultada por elDiario.es.
Para entonces, el Gobierno de Madrid ya ha salido al ataque, aunque no lo hace Ayuso directamente sino que le toca al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. “Vamos a pedir cada día que se levante ese estado de alarma porque los datos nos avalan”, declara el responsable de salud de la región más azotada por la COVID-19. También defiende “el plan” de la Comunidad de Madrid, que aún hoy prefiere cerrar solo algunos distritos.
Conscientes del enfrentamiento que preparan la Puerta del Sol y el PP, en el Gobierno deciden contraatacar. Sale el ministro de Sanidad, Salvador Illa. No es el más duro, no es el más vehemente, aunque en esta ocasión no tiene intención de callar.
“La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada”, sentencia Illa con un tono mucho más contundente del habitual. “Proteger la salud de los madrileños es indiscutible y que hay transmisión comunitaria también lo es”.
“La paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver”, concluye el ministro de Sanidad.