El teniente coronel David Oliva, quien estuviera al frente del dispositivo de la Guardia Civil contra el narcotráfico en El Estrecho, ha denunciado en el juzgado que su imputación y la de dos tenientes a sus órdenes, a partir de la supuesta relación que mantenían con una familia de narcotraficantes, es fruto de un montaje de la Policía Nacional y el Servicio de Asuntos Internos del instituto armado. La investigación judicial a Oliva y los dos tenientes de OCON-Sur a sus órdenes motivó que Interior decidiera en octubre de 2022 desmantelar el dispositivo especial y hacer pasar la decisión por una optimización de recursos.
Los tres mandos están investigados en una causa que sigue un juzgado de Parla (Madrid) por revelación de secretos y cohecho. Las imputaciones se sustentan en que David Oliva quería conocer la investigación contra él por su supuesta relación con una familia de narcotraficantes, y que para ello prometió y consiguió un puesto en el OCON-Sur, mejor remunerado, a un miembro de Asuntos Internos, el Servicio que llevaba las pesquisas. A cambio del nuevo destino, el teniente de Asuntos Internos debería extraer del servidor la información que hubiera contra Oliva y contra el tercer imputado. De ahí la acusación por revelación de secretos y cohecho.
Esa investigación de Asuntos Internos que Oliva quería conocer había partido de un informe de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía. Cuando los guardias civiles accedieron al atestado iniciaron una ‘contra-investigación’ que ha concluido que el atestado está repleto de acusaciones sin acreditar, seguimientos inexistentes, errores inexplicables y conclusiones falsas. Los guardias civiles han pedido la declaración de todos los policías que participaron en el informe, denegada en primera instancia por el juez de Parla, y han presentado una querella contra sus autores en un juzgado de Algeciras.
En septiembre de 2021, la UDYCO presentó un atestado en la Audiencia Nacional que dio pie a una causa contra el denominado ‘clan de los Ariza’, integrado por varios individuos de la citada familia que operarían en la pedanía de Bolonia (Cádiz). Ese atestado ya incluía información sobre la supuesta relación de algunos miembros del clan con un teniente de la Guardia Civil, miembro del OCON-Sur, oriundo de la zona, así como con el teniente coronel David Oliva, que dirigía el operativo especial implantado en la zona en 2018 por el Ministerio del Interior.
La supuesta fiesta
Cuando fueron imputados Oliva y los dos tenientes trascendió que el teniente coronel y otro guardia no imputado habían asistido a una fiesta en una finca propiedad de uno de los miembros del clan Ariza. En el atestado de la UDYCO, al que ha tenido acceso elDiario.es, se afirma: “Sobre finales de febrero de 2021, David Oliva se personó en una barbacoa organizada por David V. [Ariza]. En ella asistieron varios integrantes del clan y sus familiares, David Oliva acudió con un miembro de su unidad, el cabo de la Guardia Civil llamado M. A. S. L, ambos después del evento pernoctaron en los apartamentos de la finca [El Jaleo]”.
Los imputados aseguran que ni Oliva ni el cabo estuvieron en esa fiesta y mucho menos pernoctaron en la casa. Para acreditarlo, el informe presentado al juzgado muestra pantallazos de un chat de whatsapp del día 28 –jornada anterior a la barbacoa– en que los guardias civiles de Barbate se reparten las tareas de un operativo antidroga que van a realizar al día siguiente y en el que va a participar el cabo. Este agente, durante el día en el que tuvo lugar la fiesta, envió a Oliva fotos que acababa de hacer a uno de los objetivos de la operación. “Mi cte [comandante, rango de Oliva en ese momento] Este puede ser el Moron socio del longui?”, pregunta el cabo. “Es barbateño, pero no es Morón”, contesta Oliva.
La perito que firma el informe acredita que el chat de whatsapp no ha sido alterado. Igualmente, los investigados presentan la geolocalización del cabo a través de la cuenta de correo electrónico asociada a su términal móvil, lo que demostraría que “pernocta y pasa toda la jornada del siguiente día, 1 de marzo de 2020, en el municipio de Barbate”, y no en Bolonia.
Por su parte, el hoy teniente coronel habría pasado la jornada de la barbacoa en la pedanía de Pelayo, donde reside, junto a familia y amigos, practicando la pesca. Durante la tarde intercambia whatsapps con un amigo, también guardia civil, mostrándole fotos de sus hijos a media tarde. A la mañana siguiente se escribe con los agentes que le prestan protección en las proximidades de su domicilio pocos minutos después de las 9 de la mañana. “Sin ningún género de dudas, los agentes de la UDYCO faltan descaradamente a la verdad”, concluyen los imputados sobre la supuesta asistencia a la barbacoa de los dos guardias civiles.
OCON-Sur fue la respuesta de la Guardia Civil al grave problema de seguridad que se había convertido en narcotráfico en el Campo de Gibraltar en 2018. El institituto armado seleccionó a 150 agentes dedicados día y noche al combate del narcotráfico. Los resultados en detenidos e incautaciones fueron casi inmediatos. Por eso nadie entendió que en octubre de 2022, el Ministerio del Interior decidiera poner fin al dispositivo especial y replegar a los agentes por las distintas comandancias del sur de España.
Fuentes del instituto armado aseguran a elDiario.es que el ministro Fernando Grande-Marlaksa fue informado de la investigación a Oliva y de la necesidad de acabar con OCON-Sur. Con el fin del operativo desaparecían también las suspicacias surgidas en el seno de la Guardia Civil por, entre otras razones, la mayor remuneración que obtenían sus miembros. También acabaron los choques adicionales que OCON había provocado con la Policía, que se sumaban a la eterna rivalidad existente entre Cuerpos.
“Supuesta unidad de élite”
Otra de las vigilancias que los imputados ponen en duda es la que sitúa a Oliva, a uno de los tenientes imputados y a otro guardia civil, junto a sus familias, en unos apartamentos turísiticos en la playa de Bolonia, propiedad del supuesto jefe del clan de los Ariza durante varios días. La UDYCO asegura que el presunto narco David V. y los guardias civiles “comparten momentos de privacidad en el interior de sus propiedades” y que el dueño del local hostelero cancela todas las reservas para agasajar a los agentes.
Los policías nacionales afirman, incluso, que David V. acompaña a los guardias civiles en ocasiones por restaurantes y chiringuitos, “aunque prefiere mantenerse distante y no aparecer por Bolonia junto a ellos”, añaden. Como en el resto de afirmaciones, estas se atribuyen a fuentes del “entorno de la organización” y de “lugareños de la zona”
Las únicas fotografías que aporta la UDYCO de esa vigilancia son de busto y por separado de los tres guardias civiles, tomadas supuestamente el 18 de julio de 2020, durante la presunta estancia en el establecimiento hotelero El Jaleo, propiedad de los Ariza. Sin embargo, quien identifican en una de esas fotos como el teniente J. I. F. P , imputado, es realmente otro guardia civil cuyo destino es Málaga.
“Este hecho es de suma relevancia a nivel operativo para la instrucción policial. Agentes de Policía Nacional que forman parte de la UDYCO Central, supuesta unidad de élite en la investigación, se confunden en la identificación de la persona que están investigando, cuando supuestamente se encuentran en el mismo establecimiento realizando una vigilancia sobre él”, dice el informe presentado en el juzgado, que pone en duda que la vigilancia policial sea real.
La pericial de los guardias civiles niega también que el teniente al que confunden los policías estuviera nunca en esa finca los días señalados. El 18 de julio de 2020 el teniente estaba en Ceuta y no en Bolonia, defienden. De hecho, entre el 14 y el 18 de julio, este mando participó “en el desarrollo de la explotación de la operación Soldado, en el marco de las Diligencias Previas núm. 560/2019 del Juzgado Mixto núm. 4 de Ceuta”, alegan. Su participación en esa operación no fue accidental. Había sido designado instructor de las diligencias. El informe de la defensa adjunta los billetes del ferry a Ceuta.
Otra de las afirmaciones del atestado policial que rebaten los investigados es la supuesta presencia de “un vehículo uniformado” de la Guardia Civil en las inmediaciones de la finca El Jaleo “haciendo medidas de seguridad y vigilancia” a los guardias civiles y sus familias. El informe de la UDYCO incluye una foto del todoterreno de la Guardia Civil, pero los investigados ponen en duda de nuevo que esa vigilancia se realizara.
Alegan los investigados que la misma foto –afirmación acreditada por un perito– es aportada por la UDYCO como tomada por sus agentes en una vigilancia y, al mismo tiempo, por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil como obtenida a través de una fuente. Los cuerpos se contradicen en el día en que fue tomada. La supuesta falsedad adquiriría mayor gravedad al afirmar la Policía que la presencia del vehículo de la Guardia Civil les obliga a suspender una vigilancia que los investigados, concluyen, nunca tuvo lugar.
Sobre esa estancia en el establecimiento hotelero, los policías de la UDYCO adjuntan igualmente una foto a distancia de la playa de Bolonia, donde es imposible reconocer a nadie, y otras dos de un yate navegando. La UDYCO asegura que la embarcación es utilizada por David V. y que en ella viajan los guardias y sus familias.
Por contra, la defensa aporta el número de identificación del yate y el nombre de su auténtico propietario, ajeno a cualquier investigación por narcotráfico. Además, adjuntan los pagos con tarjeta en tres establecimientos alimenticios por parte de Oliva y la documentación sobre su participación en un decomiso de 53 kilos de cocaína en una operación policial mientras estaba supuestamente en el barco. La defensa de los guardias aporta el listado de clientes del establecimiento hotelero de aquellos días el cual demostraría que estaba lleno, que no se canceló ninguna reserva y que ni Oliva ni ninguo de los imputados figura como hospedado.
En otro caso, la Policía incluye en su atestado una fotografía de uno de los tenientes con David V. para demostrar que el guardia civil es “una de sus personas de confianza” del supuesto narcotraficante. Al mismo tiempo, “ambas personas no esconden su amistad y relación apareciendo a lo largo de los últimos años diversas fotos en las redes sociales con más amistades”. Se trata de fotografías, efectivamente extraídas de las redes sociales, donde aparecen otras personas que participan en una reunión de amigos de la infancia donde cada uno se etiqueta con su respectivo perfil de la red social.
A 100 kilómetros de allí
Existe otra cita entre guardias civiles y narco que los investigados también apuntan que es falsa. El 28 de noviembre de 2019, uno de los tenientes imputados se habría reunido con David V. Para desmentir esa afirmación de la UDYCO, los guardias civiles aportan fotografías del presunto narco con su familia en Lisboa que la perito acredita que no están manipuladas. Para demostrar que el teniente estaba a 100 kilómetros de donde dice la Policía reproducen sus ubicaciones a través de la geolocalización de su teléfono.
La Policía Nacional acusa a los guardias civiles de haber abortado su investigación contra el clan de los Ariza. Los agentes investigados se defienden exponiendo que han desarrollado 3 operaciones contra el clan familiar (Kite Surf, Ropero y Ventus). En la última de ellas, alegan, se incautaron 1.442 kilos de hachís al clan y se detuvo a tres de sus principales miembros, entre los que no estaba David V.
La presunta implicación de los tres guardias civiles motivó la apertura de una pieza separada de la causa que se seguía en la Audiencia Nacional contra el clan de los Ariza. Tras dirimir el Tribunal Supremo un conflicto de competencias, la causa ha acabado en un juzgado de la localidad madrileña de Parla. El Alto Tribunal resolvió que la acusación contra los guardias se centra en la obtención por parte de él de información del servidor de Asuntos Internos y que la sede de este Servicio está en Valdemoro, localidad próxima a Parla. Ante ese juzgado, los guardias civiles han presentado la pericial que publica hoy elDiario.es solicitando, en consecuencia, que declaren los policías que firman el atestado y que, según ellos, habrían falseado las vigilancias.
El magistrado instructor denegó esas comparecencias, por lo que los guardias han recurrido a la instancia superior. Siguiendo las indicaciones del juez de Parla, han puesto su informe a disposición del juzgado de la Audiencia Nacional que abrió el caso y que, antes de que el Supremo lo derivara al juzgado local, aceptó la propuesta de que declararan los policías nacionales autores del atestado que les señala.