Un Tribunal Constitucional en cuadro da una nueva victoria política a Vox frente al Gobierno

Una mayoría ajustada del Tribunal Constitucional ha vuelto a dar la razón a Vox en un pleito contra el Gobierno y su gestión de la pandemia. Los jueces anunciaron este martes que estimaban el recurso del partido de extrema derecha contra el parón de plazos del Congreso durante las primeras semanas del estado de alarma después de hacer lo mismo con su recurso contra el primer confinamiento. Un Tribunal Constitucional que funciona estos días con dos jueces de menos, que tiene cuatro magistrados con el mandato caducado y que no consigue dictar una sentencia unánime sobre asuntos de calado público desde hace más de un año. El mismo tribunal que, en la primera ola, también aplicó el estado de alarma y suspendió sus propios plazos de tramitación.

Un asunto que, como otros tramitados en el último año, se ha resuelto con polémica en el seno del tribunal de garantías y que dibuja la división en que se halla sumido en cuanto a asuntos de relevancia pública. El ponente, Antonio Narváez, llevó una primera propuesta de sentencia al pleno el pasado mes de septiembre que abogaba por avalar la medida de la Mesa del Congreso. Una propuesta que hubiera prosperado ante el empate por la opinión favorable del presidente del tribunal con su voto de calidad, pero que cambió en el último momento: retiró su ponencia y acudió este martes con una nueva que apostaba por aceptar el recurso de Vox.

La falta de acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional ha quedado en segundo plano detrás de la guerra abierta entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero en este momento el tribunal de garantías funciona con una tercera parte de sus miembros con el mandato caducado. La Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecen que cada magistrado tiene un mandato de nueve años pero no se renuevan todos a la vez: se producen tres renovaciones cada tres años.

Cuatro magistrados del total de doce tienen en la actualidad el mandato caducado después de tomar posesión en 2012. Son el presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; Andrés Ollero y Fernando Valdés Dal-Ré, este último fuera del tribunal a la espera de ser juzgado en un caso de presunta violencia machista contra su pareja. Una ausencia que se suma a otra baja por motivos de salud: la del magistrado Alfredo Montoya.

Esto implica que en estos momentos el Tribunal Constitucional celebra sus plenos con diez magistrados del total de doce, lo que en las últimas semanas ha estrechado aún más las votaciones para sacar adelante asuntos polémicos, como en el caso del cierre del Congreso.

Partido en dos

La ausencia de magistrados y la falta de renovación se unen a otro factor: la incapacidad del pleno del Tribunal Constitucional para tomar decisiones unánimes en asuntos de gran trascendencia pública. Todos los asuntos de este tipo estudiados y sentenciados a lo largo de 2021 han llegado con uno o varios votos particulares con interpretaciones irreconciliables de la Carta Magna. Ha sucedido en asuntos relacionados con la gestión de la pandemia pero también en casos como las condenas del procés, el asalto al Parlament de 2011, la Ley de Seguridad Ciudadana, el sistema de sanciones electorales, el uso del bable en el parlamento asturiano o el nombramiento de Rosa María Mateo como presidenta en funciones del Consejo de RTVE.

El caso de la sentencia que declaró inconstitucional el primer confinamiento evidenció las profundas divisiones existentes dentro de un tribunal pendiente de renovación. Un resultado con un solo voto de diferencia dio paso a una cascada de cinco votos particulares de Juan José González Rivas, Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido. Este último magistrado tuvo que emitir un comunicado disculpándose con sus compañeros por acusarles de ser unos “juristas de salón” y crear un “problema político” con su sentencia en el borrador de su voto particular.

Allí donde seis magistrados vieron una extralimitación del Gobierno, otros cinco consideraron que el estado de alarma es una herramienta adecuada para confinar a la población y combatir la primera ola de la pandemia. Una división similar a la vivida este martes a la hora de decidir si el cierre del Congreso fue o no fue ajustado a la Constitución, respuesta negativa adoptada con seis votos a favor y cuatro en contra. La misma proporción que avaló las condenas por el asalto al Parlament de Catalunya de 2011 después incluso de un cambio de ponencia.

Las condenas por sedición, malversación y desobediencia a los líderes del procés también han causado una división profunda en el pleno del Constitucional. En los últimos meses los jueces han avalado las condenas de varios líderes independentistas en diferentes resoluciones que han tenido un punto en común: los votos particulares de Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer en los casos de condenas por sedición después de la unanimidad alcanzada en los casos de desobediencia. Los dos discrepantes consideraron “desproporcionadas” las condenas de los líderes independentistas y criticaron la “incertidumbre estructural” del propio delito de sedición.

Casos pendientes

Salvo renovación exprés, este mismo Tribunal Constitucional tiene todavía por delante varias decisiones importantes que tomar. Una de ellas tiene que ver con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno: los jueces deben decidir sobre otro recurso de Vox que cuestionó la constitucionalidad del segundo estado de alarma proclamado en octubre de 2020. Al margen de la pandemia, el tribunal de garantías tiene desde hace años asuntos relacionados con la política nacional pendientes de sentencia: el recurso del PP contra la ley del aborto vigente desde hace más de una década y la prisión permanente revisable.

En el caso de la ley del aborto han pasado casi once años y medio desde que Federico Trillo llevase el recurso del Partido Popular hasta el registro de la calle Domenico Scarlatti de Madrid. Andrés Ollero, uno de los magistrados con el mandato ya caducado, es el encargado de la ponencia en un caso que, según publicó el diario El País, el presidente tiene intención de reactivar. En estos años ha dado tiempo a tener un nuevo anteproyecto de ley sobre el aborto, retirarlo y que varios diputados que interpusieron ese recurso hayan pedido a Estrasburgo que obligue al Constitucional a pisar el acelerador.

Seis años después del recurso, el pleno también estudia ya las alegaciones del PSOE contra la reforma legal del Gobierno de Mariano Rajoy que introdujo en 2015 la prisión permanente revisable. La ponencia de Encarnación Roca, otra de las magistradas con el mandato caducado, pasa por avalar con matices la medida. Una votación que tampoco se prevé tranquila y unánime.

También paralizó sus plazos

En lo peor de la primera ola el Tribunal Constitucional aplicó el real decreto de estado de alarma y, como hizo entonces la cámara baja con las iniciativas en tramitación, los jueces también suspendieron sus plazos. Así lo decidieron el 16 de marzo de 2020 en una reunión no presencial: quedaron suspendidos “los plazos para realizar cualesquiera actuaciones procesales o administrativas ante este Tribunal”, aunque los recursos podían seguir presentándose y los jueces siguieron “dictando las resoluciones y medidas cautelares que fueran necesarias”. Los plazos volvieron a empezar a correr en el mes de mayo.