El pleno del Tribunal Constitucional se reúne este miércoles para abordar la primera desobediencia a sus dictados, impulsada por la Parlament. Fuentes del tribunal aseguran que el pleno abordará las medidas a adoptar contra la estructura electoral creada para facilitar el proceso de votación y acometer el recuento de votos en el referéndum del 1 de octubre.
La pasada semana, el Constitucional anuló los nombramientos de los cinco síndicos que deberían controlar el proceso de votación en Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona y Vall de Arán. A través de un escrito, el Constitucional requirió a los cinco recién nombrados para que no asumieran sus funciones ni procedieran a nombrar a síndicos locales.
En esa providencia, el TC advertía a los cinco síndicos citándoles con nombre y apellidos: “Se les advierte a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada; en particular, que se abstengan de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación, de la creación de ningún registro y/o fichero necesario para la celebración del referéndum de autodeterminación”
Pese a la prohibición, los cinco síndicos procedieron a designar responsables para las sindicaturas locales en un intento por continuar todo el proceso de recogida de votos.
El Constitucional considera que todos los cargos nombrados para controlar el referéndum “están suplantando las funciones que habitualmente desempeñan las juntas electorales de zona en cualquier proceso electoral”. Esas juntas electorales están encabezadas por jueces, un sector al que el independentismo apenas ha llegado en su proceso de búsqueda de apoyos.
Lo que este miércoles debe decidir el Constitucional es cómo afrontar esa desobediencia y qué respuesta dar. Los magistrados deberán debatir si optan por deducir testimonio por los hechos cometidos contra su criterio. En otras palabras, esta primera opción supondría la redacción de un testimonio en el que se solicite a la Fiscalía el inicio de acciones penales contra los encargados por el Parlament para controlar la votación y el recuento.
Otra posibilidad sobre la mesa del TC es la de imponer multas a los síndicos, que podrían oscilar entre los 3.000 y los 30.000 euros diarios para cada uno de ellos.
Paralelamente, el tribunal requerirá a los síndicos locales para que no acepten sus nombramientos, ni hagan gestión alguna para permitir la celebración del referéndum.