Durante más de 20 años el órgano encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos fue incapaz de saber si el Partido Popular cumplía la ley de financiación. El Tribunal de Cuentas advirtió en sus informes hasta 2007 de que “dada la naturaleza de las aportaciones anónimas” no se podía “comprobar el cumplimiento a nivel individual del límite legal establecido para las aportaciones privadas”.
Una de las líneas principales de defensa de los dirigentes del PP desde que se publicaron los 'papeles de Bárcenas' ha sido escudarse en que las cuentas de la organización han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas. Cospedal ha asegurado en reiteradas ocasiones que la contabilidad es “única y clara” y que se ha sometido “escrupulosamente” al examen del órgano fiscalizador.
La ley de financiación de partidos políticos en vigor desde 1987 hasta 2007 permitía que las organizaciones políticas percibieran ingresos de donantes anónimos, pero limitaba la cantidad a 10 millones de pesetas (60.000 euros). Al ser anónimos, los partidos podían “trocear” esas aportaciones a la hora de reflejarlas en sus cuentas. Eso es lo que explicó al juez Pablo Ruz el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Según su versión, troceaba las cantidades procedentes de donantes anónimos, en un 95% contratistas con la Administración (algo que también vulneraba la ley), y hacía ingresos más pequeños en el banco para que no superaran los límites legales.
El Tribunal de Cuentas no pudo constatar hasta la aprobación de una nueva regulación en 2007 si las donaciones anónimas superaban o no ese límite. La reforma de la ley prohibió las donaciones procedentes de figuras anónimas, es decir, los partidos tenían que reflejar en la contabilidad que remitían al organismo para su fiscalización el nombre de la persona física o jurídica que realizaba la aportación.
En 2007, la institución apreció que el Partido Popular había infringido la ley de financiación de partidos políticos al recibir donaciones anónimas. La organización que preside Mariano Rajoy percibió ese año 4.975.068 euros en concepto de donativos, de los que 2.604.420 euros fueron anónimos. 231.400 euros fueron recibidos con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva legislación. La sanción que, por ley, tenía que imponer el Tribunal de Cuentas era el pago “el doble de la aportación ilegalmente percibida”.
El último informe, publicado hace 20 días, corresponde a la contabilidad de 2008. En ese caso, el PP recibió tres millones de euros menos en donativos (la cantidad total ascendió a 1.302.419). En ese caso, el Tribunal de Cuentas refleja que el PP facilitó la identificación de los aportantes.