El PSOE planteó en el Congreso en 2017 que Patrimonio dejara de pagar a trabajadores de la Casa Real

“Este personal eventual y laboral presta servicio en la Jefatura del Estado y sigue las indicaciones y orientaciones que se realizan en la Casa de Su Majestad”. Así justifica Moncloa que el rey emérito cuente con tres ayudantes de cámara que se encargan de sus asistencia durante su estancia en Abu Dabi a cargo de Patrimonio Nacional, tal y como desveló elDiario.es. La parte socialista del Gobierno argumenta que el exjefe del Estado siempre ha contado con ese tipo de asistentes. “Los ha mantenido desde 2014, cuando abdicó, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente”, argumentan fuentes gubernamentales. Sin embargo, el PSOE no siempre ha mantenido esa posición. En 2017, el Grupo Socialista planteó que Patrimonio Nacional dejara de de sufragar parte del personal de la Casa Real.

Lo hizo durante el proceso de aprobación del informe del Tribunal de Cuentas sobre Patrimonio Nacional, cuya redacción preliminar cuestionaba que la institución pública dependiente del Ministerio de Presidencia asumiera parte de los gastos del servicio que correspondería a la Casa del Rey. Los socialistas presentaron una enmienda de resolución y así lo defendió el entonces diputado Óscar Galeano: “Abordemos las modificaciones presupuestarias y de dotación de recursos humanos que resulten necesarias para que los gastos propios del funcionamiento de la Casa de Su Majestad el Rey dejen de ser asumidos por este organismo, como dice el tribunal, y puedan ser atendidos directamente por la alta institución”.

Sin embargo, la iniciativa no salió adelante ante el rechazo del PP, a pesar del apoyo de Unidas Podemos y la abstención de Ciudadanos en una sesión en la que no estaban presentes ERC, PNV ni PDeCAT. De haber acudido y apoyado la moción, se habría aprobado dado que PSOE, el grupo confederal y los nacionalistas sumaban 18 votos, frente a los 17 del PP, según recogió Europa Press.

Los de Pedro Sánchez se han quedado esta vez solos frente a sus socios y aliados parlamentarios en la defensa de que el rey Juan Carlos disponga de ese personal en Abu Dabi, al que Patrimonio Nacional también paga los desplazamientos -sin contar las dietas o el alojamiento- mientras que PP, Ciudadanos y Vox guardan silencio. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió que el hecho de que el rey emérito tenga esos empleados a su disposición en Emiratos Árabes no es una cuestión para “rasgarse las vestiduras”. Moncloa sostiene que es un “personal eventual y laboral presta servicio en la Jefatura del Estado y sigue las indicaciones y orientaciones que se realizan en la Casa de Su Majestad” y que “además de las comisiones de servicio, se abonan sus nóminas de acuerdo con lo que se dispone en la ley de Presupuestos Generales del Estado”.

Se trata de una parte del servicio del que dispone Zarzuela, aunque lo costea Patrimonio Nacional, prácticamente desde que se reinstauró la democracia, una situación que cuestionó el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre la institución dependiente de Presidencia y correspondiente al ejercicio 2013. Fue en el marco del debate parlamentario sobre esa fiscalización en la que el PSOE planteó eliminar esa prerrogativa de Zarzuela en la línea que había esbozado el propio tribunal al señalar que Patrimonio Nacional asumía funciones que “correspondería atender propiamente a la Casa de S.M. el Rey (personal de servicio, administración de los bienes privados, etc.)”.

El Tribunal de Cuentas apuntaba en ese informe que las actividades desarrolladas por Patrimonio Nacional trascendían “ampliamente” su ámbito de actuación contenido en la ley que regula la institución y que, a su juicio, se circunscribían a los bienes “de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen”. Así, recomendaba al Gobierno -entonces presidido por Mariano Rajoy- que modificara la normativa al respecto para dotar de la cobertura legal a ese funcionamiento. No obstante, la mayoría de esas alusiones desaparecieron en la redacción final tras las alegaciones presentadas por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.

A pesar de que la recomendación iba dirigida al Ejecutivo, fue el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (CAPN) en sus alegaciones el que defendió el sistema establecido y aseguró que la normativa vigente respaldaba la utilización de personal de la institución por parte de la Casa Real y que en ese momento cuantificaba en 122 personas, entre funcionarios y trabajadores de libre designación, es decir, personal de confianza. Las prolijas alegaciones que Patrimonio Nacional remitió al Tribunal de Cuentas sostenían que ya el real decreto de 1979 en el que se organizaba la Casa del Rey contemplaba que sus unidades administrativas podrían “utilizar medios personales o patrimoniales al servicio o pertenecientes a Patrimonio Nacional (...) sostenidos con cargo al presupuesto de Patrimonio Nacional, sin perjuicio de la completa separación administrativa y presupuestaria de dicha institución respecto de la Casa de S.M. el Rey”. A pesar de que esa alusión desapareció en el siguiente decreto de reestructuración de la Casa, Patrimonio Nacional argüía que “se mantuvo la obligación de la Administración General del Estado de proporcionar a la Casa de S.M. el Rey los apoyos necesarios que contribuyeran a facilitar el cumplimiento de las misiones encomendadas”.

Más allá de esa generalidad, el texto de Patrimonio Nacional reconocía que fue en 2015 cuando se incorporó de “forma expresa” la posibilidad de que la Casa Real utilizara medios de Patrimonio u otros organismos del Estado. “Por razones de economía administrativa, la Casa de S.M. el Rey podrá utilizar medios personales y patrimoniales del Patrimonio Nacional, del Parque Móvil del Estado u otros organismos, conforme a lo dispuesto en su respectiva normativa reguladora”, rezaba el real decreto 772/2015. “Ni el constituyente en el artículo 65 de la Constitución, ni el legislador, ni el Gobierno han prescrito que deba corresponder al Presupuesto de la Casa de S.M. el Rey subvenir en exclusiva las necesidades del rey y la familia real, sino que del ordenamiento jurídico se desprende lo contrario, prueba de lo cual es la propia existencia del CAPN”, decía la institución que dependía entonces jerárquicamente de Soraya Sáenz de Santamaría.

“De la regulación anterior se deduce por tanto (y así se ha entendido históricamente) que en la medida en que los bienes del Patrimonio Nacional están afectados primordialmente al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia, este uso incluye todo tipo de actos asociados a su conservación, administración, mejora, etc. que sean necesarios, actividades por tanto que se incluyen dentro de los fines propios del CAPN y se realizan por su propio personal”, sentenciaba la propia institución en sus alegaciones.

La redacción final del Tribunal de Cuentas eliminó parte de los reproches sobre el disfrute por parte de la Casa Real de personal sufragado por Patrimonio, aunque mantuvo una advertencia genérica al aseverar en sus páginas que “la prestación de servicios a la Corona” era una “actividad que no está formalmente y en su totalidad prevista en la vigente normativa”.

Lo que también conservó el Tribunal de Cuentas en el informe que se publicó en el BOE fue que buena parte del personal elegido a dedo estaba destinado en Zarzuela. “Bastantes puestos de funcionarios y laborales, más la práctica totalidad del personal eventual y del personal laboral (...) son de especial confianza y libre designación que prestan sus servicios mayoritariamente en el área restringida de la zona de alta seguridad de las residencia del Rey y de los miembros de su familia en el complejo de La Zarzuela, incluido en la Delegación de El Pardo, así como, en menor medida, en otras residencias (La Mareta, Sevilla, Barcelona y Palma de Mallorca)”. Patrimonio Nacional justificó que así lo preveía su convenio colectivo: “El personal que haya de prestar servicios en el área restringida de la zona de la alta seguridad de las residencias de Sus Majestades los reyes... será designado y cesado libremente por la Administración, con conocimiento de la representación de los trabajadores”.

El texto de Patrimonio Nacional anticipaba, además, la posición que ha mantenido respecto a la salida del rey emérito de España con destino a Emiratos Árabes Unidos: “Aun cuando la residencia del Rey y de los miembros de la Real Familia se trasladase, las tareas que deberían realizarse por este personal serían sustancialmente idénticas, en cumplimiento de los fines que la Ley atribuye al CAPN”. Juan Carlos I sigue formando parte de la familia real, a pesar de que Felipe VI le ha quitado la asignación presupuestaria de la que disponía y de su exilio voluntario. De hecho, tiene los mismos honores que el actual jefe del Estado y la Princesa de Asturias.

“Atípico sistema” de pagos

La justificación tanto de Casa Real como del Gobierno de que Patrimonio Nacional sufrague al personal de servicio del exjefe del Estado en el país árabe es que está sujeto a la normativa vigente y que su desplazamiento al Golfo Pérsico se tramita a través de las correspondientes comisiones de servicios. La forma de tramitar por parte de Zarzuela algunas de estas comisiones fue también objeto de reproche por parte del Tribunal de Cuentas en su último informe. Así, recogió pagos adelantados por la Casa Real por un importe de 20.676,59 euros en concepto de comisiones de servicio. “Estos pagos [recogía el informe] se justifican con facturas de una agencia de viajes a nombre de la Casa de S.M. el Rey, por el coste de billetes de barco, avión y hotel. No se considera justificado este atípico sistema, que distorsiona el procedimiento de pago y la justificación nominal de estos gastos”.

De nuevo Patrimonio Nacional basaba ese modus operandi en que era la Casa Real la que organizaba los viajes independientemente de que en ellos tuvieran que desplazarse empleados de distintos organismos públicos y recordaba que precisamente la labor del personal de Patrimonio que presta servicios en Zarzuela es “acompañar a los miembros de la Familia Real en sus desplazamientos”. “En algunas ocasiones, estos desplazamientos se hacen con total confidencialidad por motivos de seguridad. En estos casos no se informa previamente a Patrimonio Nacional de la realización de los mismos e incluso los interesados son avisados de la prestación del servicio con escaso tiempo, por lo que las gestiones y el pago de la reserva de hoteles, barcos y aviones se realizan directamente por la Casa de S.M. el Rey”, finalizaba.