El Tribunal de Cuentas ha instado al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a llevar un mayor control sobre las subvenciones que concede a fundaciones de partidos políticos para actividades de promoción de la democracia con cargo a los fondos de cooperación tras detectar deficiencias en los ejercicios correspondientes a 2008 y 2009.
En cada uno de esos años, Exteriores repartió 2,2 millones de euros entre fundaciones de partidos políticos. El 87 por ciento del total de estas ayudas fue a parar a las organizaciones vinculadas a los dos partidos mayoritarios: FAES (PP), y Pablo Iglesias e Ideas (PSOE).
Sin embargo, a noviembre de 2011 --fecha de las últimas elecciones generales-- ni siquiera se había iniciado un procedimiento por parte de Exteriores para comprobar las cuentas de justificación de las citadas subvenciones presentadas por estos tres principales beneficiarios, revela el Tribunal en un reciente informe remitido al Parlamento, al que ha tenido acceso Europa Press.
Las ayudas se concedieron para financiar fundamentalmente cursos, seminarios y programas de formación de cuadros en países en desarrollo.
El Tribunal también denuncia que el importe de las dos convocatorias de ayudas se distribuyó “básicamente” entre los solicitantes “en función del número de escaños” del partido político al que estaba vinculada la función demandante de ayudas.
Fue “irrelevante” en cambio, concluye el Tribunal, “el segundo de los criterios de valoración establecidos” en las bases de la convocatoria “relativo a la evaluación técnica de las propuestas”, es decir, la calidad de la actividad a la que iría destinada la ayuda.
En su informe, que fiscaliza las cuotas a organismos internacionales, así como las subvenciones y ayudas otorgadas con cargo a los créditos del Ministerio de Asuntos Exteriores en los ejercicios 2008 y 2009, el Tribunal analiza 11 expedientes de ayudas concedidas a fundaciones de partidos políticos en los que detecta las siguientes deficiencias.
No se reclaman intereses de demora
Una de las más destacables afecta a la fundación Rafael Campalans del PSC. Justificó gastos por valor de más de 76.000 euros en relación con una subvención recibida en 2008 que ascendía a 100.800 euros. Reintegró la diferencia en verano del 2009, pero no hay “constancia del abono de los intereses de demora correspondientes ni de su reclamación por el Ministerio de Exteriores”, señala el informe.
En otros seis expedientes se incluían costes salariales de trabajadores de la plantilla de las fundaciones que, por lo general, detalla el Tribunal, se justificaban con las nóminas “sin especificar el cálculo de los costes imputados a las actividades objeto de la subvención, ni la vinculación de los trabajadores con el desarrollo de dichas actividades”.
Estos seis expedientes pertenecían a las fundaciones FAES, Pablo Iglesias, Jaime Vera e Ideas, vinculadas al PSOE, y a la Ramón Trías Vargas de CiU.
En otros cinco expedientes que afectan a FAES, Pablo Iglesias, Ideas, y la Rafael Campanals, se incluían documentos justificativos en los que no quedaba acreditada la vinculación del gasto con las actividades subvencionadas, tal y como exigían las bases de la convocatoria.
Mientras que en otros tres casos de ayudas a FAES e Ideas el importe de los justificantes aportados era inferior a la subvención recibida. La diferencia ascendía a casi 5.000 euros. No consta en cambio el inicio de los oportunos procedimientos de reintegro, ha detectado el Tribunal.
El informe advierte otros defectos en otro tipo de subvenciones que concede la Secretaría de Estado para la UE para financiar actividades de difusión de asuntos comunitarios. La Fundación Alternativas, vinculada a IU, FAES, la Fundación Academia Europea de Yuste y el Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica no acreditaron el empleo de determinados gastos a la actividad subvencionada.
En numerosas ayudas concedidas a ONG de prestigio para actividades relacionadas con los Derechos Humanos, al Tribunal tampoco le consta que Exteriores comprobara la justificación de gastos presentada por las organizaciones beneficiarias de la ayuda.