El Tribunal de Cuentas fiscalizará a la Casa Real

Han pasado 16 meses desde que Pedro Sánchez se comprometió a impulsar junto a Felipe VI una “hoja de ruta” por la “transparencia y la ejemplaridad” de la Casa Real en pleno escándalo por la fortuna del emérito hasta que Moncloa y Zarzuela han cerrado los detalles del real decreto que modifica la estructura y funcionamiento de la institución al que el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes. “Hoy la monarquía da un paso adelante en la rendición de cuentas y se homologa a los más altos estándares de otras casas reales europeas”, ha dicho el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la presentación. Una de las principales novedades es que el Tribunal de Cuentas auditará a la Casa Real, que actualmente escapaba al control del órgano fiscalizador de los partidos y administraciones públicas. De esta manera, tendrá una “auditoría externa” que permita arrojar una “imagen fiel” de la “situación financiera” de Zarzuela, según ha dicho el ministro.

El nuevo decreto incluye una regulación en los procesos de contratación. “Se introduce el principio de publicidad en todas las contrataciones respetando la autonomía presupuestaria y principios que ya rigen en la administración pública”, según ha explicado Bolaños, que ha asegurado que “se aprobarán nuevas instrucciones de contratación y publicación en la web”. “El personal de la Casa deberá ejercer sus funciones con arreglo al código de conducta que rige en la Casa del Rey”, ha añadido Bolaños, que se ha referido a la obligación de “velar por los intereses generales” y regirse por principios como la ejemplaridad, la neutralidad, la honradez o la igualdad, entre otros. No obstante, no existe un régimen sancionador, aunque el socialista se ha mostrado convencido de que se cumplirán las normas, pese a que no ha sido así en el pasado durante el reinado de Juan Carlos I: “No cabe ninguna duda sobre su fuerza vinculante”.

El Gobierno descartó impulsar una Ley de la Corona que regulara la actividad de la monarquía ante la fractura parlamentaria y optó por el real decreto, que no requiere pasar por el Congreso. De hecho, la intención es que ni siquiera el informe del Tribunal de Cuentas se remita al Parlamento, según ha avanzado El País, aunque el Gobierno asegura que se publicará en la página web de Moncloa.

No obstante, Bolaños ha puesto en valor la importancia del paso que se ha dado. “Es un real decreto que es un punto de llegada muy importante”, ha declarado dejando claro que no pretenden ir más allá. De hecho, el Ejecutivo ha renunciado a retirar la inviolabilidad al monarca, que es un asunto que Pedro Sánchez siempre ha defendido, aunque ha asumido que supondría abrir el melón de la reforma constitucional. A pesar de que Unidas Podemos haya insistido en la necesidad de acabar con ese privilegio que ha salvado al emérito de los tribunales, el ministro de Presidencia ha asegurado que el decreto está consensuado con el socio minoritario y también con el PP. En lo que no ha entrado es en la queja de Unidas Podemos de que Casa Real comunicara a otros partidos, entre ellos a Vox, las novedades respecto a la publicidad del patrimonio del monarca:  “Poco puedo decir. Ha sido una deferencia de Casa Real con algunos grupos y la valoro positivamente”. 

Y es que un día antes de que el Consejo de Ministros aprobara el texto en el que comenzó a trabajar la exvicepresidenta Carmen Calvo, Zarzuela publicó por primera vez el patrimonio personal del jefe del Estado, que asciende a 2,5 millones de euros. Apenas unos minutos después de ese comunicado de la Casa del Rey, Moncloa anunció la aprobación de la nueva regulación con la que pretende reforzar “la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real”. No obstante, la publicación de esa declaración de bienes, que según el Gobierno fue a “iniciativa” de Felipe VI, no figura como obligatoria en el decreto por lo que dependerá de la voluntad del monarca.

Quienes sí tendrán que publicar su declaración de bienes de manera periódica son los altos cargos de Zarzuela y el equipo de dirección, como sucede en todos los ámbitos de la Administración General del Estado. Esto permitirá conocer su patrimonio al acceder al cargo y al abandonarlo. La reina, que no hizo pública su declaración de bienes como sí lo hizo su marido, queda excluida de todas estas cuestiones.

Sin régimen sancionador

La Constitución otorga al jefe del Estado la prerrogativa de organizar la Casa del Rey y distribuir los fondos que anualmente recibe de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, hay numerosos gastos que corren a cuenta de otros ministerios, como Presidencia -de quien depende el personal a excepción de los altos cargos-, Interior, Hacienda, o Defensa, entre otros. Esa situación no cambia, a pesar de que ha permitido desde la restauración de la democracia una total opacidad sobre las finanzas de la monarquía, que se ha abierto hasta ahora a pequeños cambios.

En ese sentido, el real decreto otorga “rango legal” a procesos que ya estaban en marcha, como la publicación de los presupuestos y las ejecuciones trimestrales, los contratos suscritos, las retribuciones, y la memoria anual de actividades. En cuanto a los regalos institucionales, serán “inventariados y custodiados con el fin de estudiar si permanecen en la Casa, pasan a Patrimonio Nacional o se donan a entidades sin ánimo de lucro”, según ha detallado el ministro. Respecto a la asistencia sanitaria, ha explicado que era una cuestión que de facto dependía de la Guardia Real y que ahora se le “da rango legal”. No obstante, el rey Juan Carlos, por ejemplo, fue operado de la cadera en una clínica privada. En aquel momento Zarzuela se negó a detallar cómo se financiaba el coste más allá de asegurar que corría a cargo de la asignación presupuestaria de la Casa Real.

La intención del Gobierno es que “algunos servicios se vinculan a la función pública”. Así, la oficina de la intervención será ejercida por un funcionario del cuerpo de interventores del Estado y el consejero diplomático del rey “será un funcionario perteneciente a la carrera diplomática”.