El Tribunal de Cuentas ha iniciado el trámite de petición de información previa --antesala de la posible apertura de un procedimiento sancionador-- a 49 formaciones políticas que podrían haber cometido alguna irregularidad en el marco de las elecciones municipales de mayo de 2015.
Así lo ha desvelado este miércoles el presidente del órgano fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda, quien también ha precisado que el tribunal está pendiente de iniciar el mismo trámite con otras 517 formaciones “aquejadas de determinadas circunstancias”, que no ha precisado.
Álvarez de Miranda ha dado estos datos durante su comparecencia ante la Comisión Anticorrupción del Congreso, donde ha acudido para hacer sus aportaciones para la mejora en la legislación sobre la financiación de los partidos políticos.
LA MITAD DE LOS PARTIDOS SUPERÓ EL TOPE DE GASTO
Según se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos en aquellos comicios, la mitad de las formaciones políticas locales sobrepasaron su límite de gasto hasta sumar 600.000 euros de exceso.
En concreto, un total de 1.057 formaciones locales tuvieron que afrontar esas elecciones con un techo de gasto de menos de 10.000 euros, que es el resultado de multiplicar por 0,11 euros el número de habitantes de los municipios donde hayan presentado lista. Y más de la mitad, un total de 532, acabaron sobrepasando ese tope con un exceso medio de 1.151 euros, lo que supone una infracción sancionable. La mayoría de ellos, 524 partidos, superaron ese límite en más de un 1%.
Tal y como hizo el Tribunal de Cuentas en aquel informe, su presidente ha explicado ante la comisión que el incumplimiento de los límites de gasto electoral por parte de las formaciones pequeñas en las elecciones locales es “generalizado” por lo que hay que revisar la legislación. También ha pedido cambios en las sanciones mínimas que se imponen por esos incumplimientos porque las juzga muy “elevadas”.
SIN PROBLEMAS EN LAS GENERALES DE 2015
Respecto a las elecciones generales de diciembre de 2015, Álvarez de Miranda ha detallado que no se ha pedido apertura de ningún trámite previo a la apertura, en su caso, de un expediente sancionador.
Sin embargo, sí hay pendiente un trámite de petición de información previa a una formación por las generales de junio de 2016, pero no ha querido desvelar cuál es porque, según ha explicado a Europa Press, aún no se le ha comunicado al partido afectado.
En ese informe , recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas señaló que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ahora Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), había perdido algo más de 700.000 euros al no lograr grupo parlamentario propio en el Congreso tras las elecciones generales de junio de 2016 y que su cuenta de campaña acabó con menos de 16 euros, con lo que tuvo que recurrir a sus fondos ordinarios para pagar a proveedores, incumpliendo la legislación electoral.
CDC Y UNIDOS PODEMOS ACABARON SIN FONDOS
En concreto, la entonces Convergència declaró 703.710,92 euros en gastos para envíos gratuitos de propaganda electoral, que contaban con los parabienes de la institución fiscalizadoras para ser sufragados con la subvención correspondiente del Estado, pero como no logró grupo parlamentario propio en el Congreso, se quedó sin subvención.
Y todo ello cuando la cuenta creada por formación independentista para hacer frente a sus gastos de campaña acabó con un saldo de 15,91 euros cuando todavía tenía pendiente el pago de facturas por valor de 2.705,45 euros. Eso implica que, o bien se usó dinero de sus cuentas corrientes de la actividad ordinaria, algo que incumple el artículo 125.1 de la Ley Electoral (LOREG), o se tuvo que meter dinero en la cuenta, que también está prohibido.
En el mismo informe se reveló que la coalición Unidos Podemos, integrada por Podemos, Izquierda Unida y Equo, entre otros, acabó la campaña de las elecciones generales de junio del año pasado debiendo a sus proveedores un total de 566.165.07 euros, que meses después de los comicios aún no había abonado. Al no tener fondos suficientes en su cuenta electoral para hacer frente a su pago, puesto que sólo le quedaban 1.870,98 euros, hubo de sacarlos de una cuenta corriente con fondos para su actividad ordinaria o de recurrir a nuevos recursos, incumpliendo la Ley Electoral General (LOREG).
También presentó al Tribunal un balance con deudas a proveedores la confluencia valenciana de Podemos, que bajo el nombre de 'A la Valenciana' formaron Compromís, Podemos y Esquerra Unida del País Valencià (EUPV-IU). En su caso, ascendieron a 260.908,19 euros y, como Unidos Podemos, tampoco tenían dinero suficiente en su cuenta electoral para saldarlas (sólo les quedaban 429,38 euros). Y lo que hicieron fue meter más fondos en su cuenta para la campaña, saltándose también la LOREG, puesto que tanto el ingreso como el pago “tuvieron lugar fuera de la contabilidad electoral fiscalizada”.
Y también En Marea echó mano de una cuenta no electoral para el abono de un pago pendiente de 285 euros. Además, la confluencia gallega realizó pagos por importe total de 33.640,14 euros con posterioridad a los noventa días siguientes al de la votación, incumpliendo el plazo legalmente establecido, una irregularidad también cometida por A la Valenciana aunque en su caso los pagos fuera de plazo fueron de 121,26 euros.