El Tribunal de Cuentas volverá a llamar a miembros y altos cargos de la Generalitat presidida por Carles Puigdemont por las actividades que realizaron con su acción exterior vinculada con el referéndum del 1-O, según los abogados de la Sociedad Civil Catalana y de Abogados Catalanes por la Constitución.
El órgano fiscalizador ha estimado en 4,1 millones de euros la cantidad provisional de dinero público que miembros del Govern de Puigdemont desvió para organizar ese referéndum ilegal en octubre de 2017.
Esa es la cantidad que reclama el Tribunal de Cuentas a Puigdemont y a otra treintena de cargos y exaltos cargos de la Generalitat y que ha sido notificada a las partes este martes.
Han comparecido los representantes legales de Puigdemont, del exvicepresidente Oriol Junqueras y del resto de cargos de la Generalitat para fijar la liquidación provisional de los gastos ocasionados por el referéndum, así como a las defensas de la acusación, la Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución.
En un receso tras más de seis horas de reunión, Manuel Miró y Manuel Zanón, portavoces de esas dos asociaciones, han confirmado que se les pide 4,1 millones de euros y han agradecido “la labor” del Tribunal de Cuentas.
Especialmente, ha indicado Miró, para “evitar que se utilice dinero público para crear estructuras de Estado y malgastar ese dinero en actuaciones ilegales, en las que la Generalitat no tiene competencias”.
Ha explicado que de esos 4,1 millones “responde todo el Gobierno de forma solidaria” y ha apuntado que, a parte de esa cantidad vinculada con los gastos del referéndum, “en pocos meses nos van a llamar para hacer un acta complementaria, en las que se van a incluir los gastos ilegales de las denominadas embajadas en el exterior”.
Ha recordado que la sección de fiscalización del Tribunal de Cuentas ya hizo un informe, presentado en marzo de 2018, en el que analizaba todos los gastos de la acción exterior de la Generalitat y no solo los vinculados al referéndum.
“Habla de cifras astronómicas -ha continuado-, de 400 millones de gasto entre 2011 y 2017 y unos 24 millones de embajadas” y de los últimos es de los que va a haber un acta de liquidación complementaria, que “no incluirá los 24, porque alguno era gasto legal, pero la mayor parte, no”.
Por ello, ha apuntado Zanón, las fianzas para los exmiembros de la Generalitat se verá aumentada, según los términos del acta complementaria en unos meses.
Ha precisado que los defensores de los acusados, que no han querido hablar con los medios de comunicación, han hecho objeciones a los requerimientos de pago de los 4,1 millones de euros, que deberán ser depositados en 15 días.