La Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda, no verifica los datos que declaran los altos cargos de la Administración General del Estado ni tampoco busca posibles omisiones, y únicamente solicita aclaraciones sobre actividades previamente declaradas o sobre noticias que aparecen en la prensa, según ha denunciado el Tribunal de Cuentas en un informe recogido por Europa Press.
Así, el 'Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal' de los años 2012 a 2014 critica que la Oficina “se limitó” durante ese tiempo a gestionar los registros de bienes y actividades pero “no desarrolló las facultades que le atribuye la ley para verificar e investigar” la información declarada.
El organismo que vigila las incompatibilidades tampoco utilizó la posibilidad legal que tiene de colaborar con las administraciones tributarias y de la Seguridad Social para comprobar la documentación o detectar posibles omisiones, y ni siquiera tiene establecidos procedimientos para ello. Igualmente, no comparó las declaraciones con las inscritas con anterioridad.
“Únicamente se solicitaron aclaraciones sobre datos o actividades previamente declaradas por los propios altos cargos o sobre noticias aparecidas en prensa. No se realizó comprobación alguna sobre los bienes y actividades de los altos cargos de las entidades fiscalizadas que no declararon actividades ni aparecieron en prensa”, añade el informe.
CONFLICTOS DE INTERESES
Por otra parte, el departamento que dirige Ramón Álvarez de Miranda critica que la Oficina no valorara la posible existencia de conflictos de intereses cuando un alto cargo se reincorporó a la función pública, a un organismo internacional o cuando inició una actividad en una empresa de nueva creación.
“Sin embargo, pueden existir casos en los que la actividad pública que se inicie esté relacionada con las funciones que desempeñó el alto cargo, otros en los que las decisiones adoptadas por el mismo puedan afectar a las entidades públicas o internacionales en las que vaya a prestar servicio, y también casos en los que la actividad de una empresa de nueva creación esté relacionada con funciones que desempeñó el alto cargo”, advierte.
Fue el caso, por ejemplo, de dos exconsejeros de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), uno de los cuales reingresó como trabajador en el mismo organismo mientras que el otro comenzó a ejercer de consultor para las Autoridades de la Competencia del Sistema de Integración Económica Centroamericana, de asesor del comisario de la competencia de la Comisión Europea y de experto de la Conferencia de la ONU sobre el Comercio y Desarrollo para la competencia y protección del consumidor en América Latina.
De hecho, entre 2012 y 2014 la Oficina no tramitó ni conoció denuncia alguna sobre presuntos incumplimientos de la Ley de Conflicto de Intereses, y tampoco inició, instruyó o resolvió expediente sancionador alguno. Del mismo modo, durante el periodo fiscalizado no se comunicaron ni inscribieron las abstenciones de los altos cargos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni se realizaron averiguaciones al respecto.
CREAR PROCEDIMIENTOS
Con respecto a los informes que la Oficina envía periódicamente al Congreso, el Tribunal de Cuentas considera que “resultan poco útiles para ofrecer información relevante sobre las actividades y los posibles conflictos de intereses” pese a cumplir con todas las previsiones legales.
Por todo ello, el organismo fiscalizador recomienda a la Oficina que establezca criterios y procedimientos para determinar cuándo hay que iniciar actuaciones de verificación y también para llevar a cabo comprobaciones “periódicas y aleatorias” de las declaraciones presentadas por los altos cargos.
El informe de fiscalización incluye, junto a los ya mencionados, a organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), el ICEX, la Agencia Tributaria (AEAT), el Instituto Cervantes, el Museo Reina Sofía, el Museo del Prado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o Agencia Española de Protección de Datos, entre otras.