El Tribunal de Cuentas (TCu) ha vuelto a detectar donaciones a Vox que incumplen la Ley de Financiación de Partidos, según consta en su último Informe de Fiscalización de las Cuentas Anuales de los Partidos Políticos, referido al año 2020 y hecho público este viernes.
Como ya pasara en el informe de las cuentas de 2018 y 2019, el órgano de control ha detectado en los balances remitidos por el partido de Abascal “donaciones no identificadas” (es decir, anónimas), “en efectivo” (se deben hacer por cuenta bancaria) y “finalistas” (el partido recauda para una causa concreta). Son tres modalidades de conseguir ingresos prohibidas por la Ley de Financiación de Partidos.
Las donaciones finalistas o anónimas (por ejemplo, dinero depositado en efectivo en una hucha recaudatoria de cuyo donante no se registra nombre) están prohibidas, sin excepciones, desde 2007 y además son consideradas delito desde 2015 tras la reforma ese año del Código Penal en el artículo 304 bis. La pena que se impone es multa, pero según el importe puede ser también prisión de seis meses a cuatro años.
Aunque es la única formación que incumple en los tres tipos de donación, también el tribunal ha detectado donaciones no identificadas en el caso de Catalunya en Comú y Sortu y donaciones finalistas en el caso del PdCAt (sucesor de Convergencia y anterior a Junts). Todos están bajo el epígrafe de “incumplimientos que podrían constituir infracciones sancionables” y ahora se abre una fase de información previa para esos posibles procesos, han informado fuentes del tribunal.
El TCu, de hecho, ha sancionado este año a Vox con más de 200.000 euros por sus donaciones finalistas en 2019. Aunque de momento no consta sanción a este respecto, también halló ingresos sospechosos a través de cajeros de supuestas ventas de merchandising. Aquel año, el tribunal afirmó en su informe que existía “incertidumbre” respecto a 332.548,09 euros y expresó sus dudas sobre si parte de dichos ingresos “corresponden a donaciones y no a la venta de productos”, lo que vulneraría la ley de financiación de partidos “al no haber sido identificados los posibles donantes”.
elDiario.es publicó días después las órdenes internas que había dado el partido a sus delegaciones locales para regularizar efectivo: “Regularizad el dinero que tengáis por merchandising, en ingresos inferiores a 299 euros”, decía entonces la tesorería. El motivo por el cual se indicó la cifra de 299 euros es porque la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos dice en su artículo que “los beneficios derivados de las actividades promocionales (...) precisarán la identificación del transmitente cuando la transmisión patrimonial al partido político sea igual o superior a 300 euros”. De esta manera, no tenían que dar el nombre del supuesto comprador de productos de Vox como lápices, gorras o camisetas.
En 2020 se repitió la situación, según recoge el informe presentado este viernes: “Con respecto a los ingresos por actividades promocionales, un total de 102.048,30 euros corresponden a ingresos en efectivo sin identificar, de los que 53 corresponden a importes superiores a 300 euros por un total de 29.491,81 euros, lo que supone un incumplimiento”. Vuelve a insistir en su último análisis en que “existe una incertidumbre relativa a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de producto”.
También detecta ingresos en efectivos o PayPal de cuotas y donaciones por valor de casi 100.000 euros o que “se han ingresado en cuentas bancarias no específicas cuotas, aportaciones y donaciones por 2.834,50 euros, 10.122,77 euros y 24.516,50 euros, respectivamente.
Dependencia pública
El informe sobre los partidos del Tribunal de Cuentas destaca también la gran dependencia de los partidos respecto a la financiación pública (subvenciones proporcionales a sus resultados electorales, subvenciones estatales para gastos de seguridad o ingresos desde sus grupos parlamentarios): Los partidos recibieron 179 millones de las arcas públicas frente a los 66 millones que consiguieron del ámbito privado (cuotas de afiliados o aportaciones de cargos públicos o militantes), es decir, dependen en un 73% del Estado. Las donaciones de ciudadanos supusieron un exiguo 3% de los ingresos.
Además de detectar que 14 de las 25 formaciones políticas no cumplía con la obligación de aprobar un sistema de prevención de riesgos penales, califica como “desfavorable” el análisis para Izquierda Unida, Nueva Canarias y la CUP, al encontrar que “no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial”. Ahora se abre el periodo de información previa para ver en qué asuntos se abre una infracción.
También se ha presentado este viernes la Declaración sobre la Cuenta general del Estado de 2022, que es “favorable”, pero el tribunal de control recomienda que se adopten medidas para resolver la situación de patrimonio neto negativo de la Seguridad Social (calculado en un saldo negativo de 89.000 millones) provocado en parte, según han explicado fuentes del TCu, por asumir gastos que le correspondían al Estado. El informe revela también una deuda del Estado en 2020 de 1,3 billones.