El tribunal decide si Cifuentes fue inductora o beneficiaria de la falsificación del acta

Cristina Cifuentes aguarda ya la sentencia que resolverá si indujo la falsificación del acta de defensa de un supuesto Trabajo de Fin de Máster (TFM) que no aparece, simplemente se benefició siendo consciente de la adulteración o es absuelta porque no hay pruebas de lo primero ni de lo segundo. En los dos primeros casos sería condenada con hasta cuatro años de prisión; si se diera la absolución resolvería sus problemas con la justicia, a la espera de un posible recurso de las acusaciones, aunque no haya un solo indicio de que cursara aquel máster.

La fiscal Pilar Santos Echevarría centró su informe de conclusiones en reproducir los indicios de que tras la maniobra de la falsificación del acta estuvo la entonces presidenta madrileña. “Por supuesto que no llamó, pero la beneficiaria era ella y su carrera política”, aseguró la fiscal. “La señora Cifuentes, por su cargo, no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le ofreciese una solución. Si la maquinaria se puso en marcha fue por estas presiones”, lanzó en la sala.

Para apoyarlo, Santos presentó las declaraciones de los testigos dando por hecho que María Teresa Feito, asesora en ese momento de la Consejería de Educación y profesora en excedencia de la universidad, estaba en el epicentro de la resolución de la crisis en representación de Cifuentes. Como hecho destacado, recordó las veinte veces que llamó o escribió a la profesora que falsificó el acta antes de que ésta lo hiciera. “Si no me la envías [el acta] Cifuentes os va a matar. A vosotros y al rector”, declaró Rosado que le dijo Feito. Por ello, Santos Echevarría solicita tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes como autora por inducción de un delito de falsedad en documento oficial. 

La fiscal también subrayó que tan pronto como tuvo el acta del TFM, Cifuentes la exhibió públicamente sabiendo que “no se correspondía con la realidad”. El abogado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que ejerce la acusación particular, dedicó buena parte de su intervención precisamente a la presunta culpabilidad de Cifuentes como beneficiaria de la falsificación a sabiendas de que el acta estaba adulterada. 

A juicio del letrado, durante el juicio ha quedado acreditado que la expresidenta sabía que no había defendido ese trabajo cuando mostró públicamente el acta para desactivar una polémica que trascendía al ámbito político y “se quiso beneficiar de su elaboración y de la falsedad de su contenido”. Según su tesis, este hecho la hace culpable porque la jurisprudencia establece que basta con que se beneficiara de esa falsificación a sabiendas de que lo era para que pueda ser condenada. 

La jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, ya apuntó en este sentido. En su auto de pase a procedimiento abreviado recogió que Cifuentes puede ser condenada por falsificación si se acredita que conocía la adulteración y a pesar de ella obtuvo rédito. El letrado reprodujo aquel “no me voy, me quedo, me voy a quedar”, que lanzó Cifuentes con el acta falsificada en la mano la noche que siguió a la exclusiva de elDiario.es.

Y aquí puede estar la clave del caso: ¿ha quedado acreditado que Cifuentes sabía que manejaba un acta falsa? Durante el juicio no ha aparecido ni un solo indicio de que Cifuentes hiciera el máster o acudiera el 2 de julio de 2012 a defender las “líneas generales” de su TFM en el despacho de Enrique Álvarez Conde, en el campus de Vicálvaro. El fallecimiento del catedrático en 2019 ha estado presente durante toda la vista, ya que él estuvo en el centro del proceso de falsificación. 

Según Cifuentes, Álvarez Conde era su único interlocutor en el máster —nunca interactuó con el resto de profesores ni se interesó por las notas obtenidas en sus asignaturas— y era a él a quien enviaba físicamente a través de personas de su gabinete o mensajeros unos trabajos que supuestamente le permitieron aprobar el posgrado pero que tampoco han aparecido. Su abogado, sin embargo, insistió en que durante la vista tampoco se ha demostrado que no hiciera el máster y aludió a las “irregularidades” detectadas en los posgrados de otros alumnos que afloraron en la parte de la instrucción que se archivó. 

Respecto al día de la supuesta defensa del TFM, Cifuentes aseguró en su declaración ante el tribunal que acudió en vehículo oficial a la URJC. En instrucción había dicho que le habían escuchado tres personas, entre las que se encontraba un hombre. Sin embargo, el 21 de marzo de 2018 mostró un acta firmada por tres mujeres. Su justificación ante esa falta de coincidencia es que ella no sabía si esos profesores que la escucharon, y de los que nada se ha sabido en tres años, eran o no el tribunal que luego evaluaría su trabajo. 

El único indicio de su presencia aquel día en el campus era el apunte escrito 24 horas antes de la supuesta defensa en la agenda digital de quien fue secretaria durante más de una década, incluida la etapa en la que fue delegada del Gobierno en Madrid, de la que una copia, también desaparecida durante tres años, le fue entregada “apenas unos días” antes del juicio por esta antigua subordinada, Cristina Abad.

El abogado José Antonio Choclán retiró en la penúltima sesión del juicio la prueba porque el pendrive incluía otros datos de carácter personal o íntimo que no quería que fueran incorporados. Según él por “la intención no ocultada de dos partes para acceder indiscriminadamente al contenido personal del pendrive”. Si esos otros datos en el pendrive perjudicarían a Cifuentes más de lo que le podía ayudar la supuesta cita para el TFM seguirá siendo un misterio.

Choclán cerró el juicio despreciando la exposición del abogado de la URJC, de cuyo escrito de acusación dijo que ni debería haber sido aceptado por no centrar ni siquiera la hipótesis de culpabilidad de su clienta. Sobre la tesis de la inducción que presentó la fiscal, Choclán se esmeró en rebatir que haya un solo indicio de que Feito, Van Grieken o Álvarez Conde actuaran inducidos por Cifuentes, al no reconocerlo ninguno de los dos que están vivos ni haber constancia documental de ello. Para el abogado de la expresidenta se trató de una operación para “lavar” la imagen de la Universidad Rey Juan Carlos, de la que responsabilizó en última instancia al rector, Javier Ramos.