El Tribunal Superior de Madrid ordena a la jueza que investiga a Ana Millán que complete las pesquisas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha devuelto la causa abierta contra Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea regional y número 3 del PP de Madrid, a la jueza de Navalcarnero para que complete la investigación y, en su caso, remita una exposición razonada con la imputación, ya que por ahora ha expuesto “una serie de hechos que objetivamente no ostentan por sí la naturaleza de delito”.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM rechaza la inhibición que planteó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero el pasado mes de junio –en la que argumentó que Millán es aforada–, le devuelve las actuaciones “en este momento” y cierra las diligencias que abrió el TSJM en julio. Los magistrados concluyen que, como sostuvo la Fiscalía, la instrucción “está inconclusa, en relación a la práctica de diligencias acordadas y no practicadas y que se califican de esenciales”, y además hay pendientes recursos de apelación.

Ponen de relieve que la magistrada dictó en junio un auto de inhibición sin remitir la preceptiva exposición razonada, en la que se debe individualizar de forma precisa el posible delito del aforado. Por eso rechazan “en este momento” la inhibición y devuelven la causa “a fin de que la magistrada instructora complete las diligencias de investigación pendientes, para lo que sigue siendo competente y, eventualmente, remita a esta Sala exposición razonada sobre los motivos por los que considera qué hechos denunciados constituyen delito, su eventual imputación a la denunciada y la correspondiente atribución a este tribunal para el conocimiento de la causa”.

Previamente los magistrados aclaran que la jueza instructora les remitió un auto de inhibición que no es una exposición motivada y que “no establece una relación precisa (...) entre una serie de hechos que objetivamente no ostentan por sí la naturaleza de delito y la obtención de unos beneficios patrimoniales, para sí o para personas de su entorno familiar, o que configuren una actuación de tráfico de influencias o de presunta corrupción en el ejercicio de su cargo” cuando era concejal en la localidad de Arroyomolinos.

Ana Millán es investigada por un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación a supuestos contratos irregulares en su primera etapa como concejala en el Ayuntamiento de Arroyomolinos. La investigación procede de una denuncia presentada en 2016 por el entonces alcalde de esta localidad, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, en tanto que el PSOE denunció contratos con Walter Music –clave en la trama Púnica– desde 2004. La UCO detectó, tras analizar las cuentas de la número 3 de Ayuso en el PP madrileño, unos ingresos de hasta 52.000 euros para Millán sin que se haya podido determinar su procedencia.