La Fiscalía ha pedido que Oriol Junqueras y los exconsellers que han declarado este viernes en el Tribunal Supremo continúen en prisión provisional sin fianza. Ha reclamado también que se mantenga la misma medida cautelar para los líderes de ANC, Jordi Sànchez, y Òmium Cultura, Jordi Cuixart. El juez Pablo Llarena ha trasladado a las partes que comunicará su decisión sobre la situación personal de los comparecientes el próximo lunes por la mañana.
Según fuentes de la Fiscalía, escuchadas las declaraciones de todos los imputados, se ha presentado un informe con el detalle individual de las responsabilidades de todos en el proceso independentista. Entiende el ministerio público que persisten los riesgos de fuga y reiteración delictiva.
Los imputados, por su parte, expresaron su intención de defender sus postulados políticos con “respeto al marco constitucional”, según explicó al término de las declaraciones el abogado de algunos de los consejeros del PdeCat, Jordi Pina. Esta era una de las condiciones que plantea el Tribunal Supremo para desterrar el riesgo de reiteración delictiva, uno de los motivos para mantener el ingreso en prisión.
El letrado Pina preguntó a sus defendidos, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez, por esta cuestión en concreto, incluyendo una referencia a que son candidatos el 21-D. Con algunos matices, pero expresando la misma idea preguntaron y contestaron el resto de letrados, según ha explicado Pina.
Estas afirmaciones, sin embargo, no han convencido a la Fiscalía y está por ver ahora qué le han parecido al juez Llarena, quien comunicará su decisión sobre la situación personal de los investigados el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana.
Los primeros en declarar han sido el exvicepresidente y los consellers de ERC Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa. Los dos primeros intervinieron, pero se negaron a contestar a las preguntas del fiscal. Mundó y Bassa, sí respondieron a algunas de las preguntas.
En su recurso para salir de la cárcel se habían comprometido a defender sus posturas políticas mediante un diálogo dentro de la Constitución que, recuerdan, “protege al disidente político dentro de sus principios de tolerancia al discurso político pacífico”.
Tras ellos han declarado los exconsellers del PDeCAT Joaquin Forn, Meritxell Borras, Josep Rull y Jordi Turull. Rull ha contestado a todas las preguntas formuladas por el fiscal y Meritxell Borras a un número importante de ellas, pero no a todas, además de las de sus abogados, según fuentes jurídicas. En su caso, habían argumentado previamente, por escrito, que no se cumplían ninguno de los requisitos para mantenerles en prisión incondicional, y recordaron que todos, salvo Borras, van a ser candidatos a las elecciones del 21D, convocadas tras la aplicación del 155.
Junqueras y los siete exconsellers llevan en prisión desde el pasado 2 de noviembre por decisión de la la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. En su auto, les acusó de desarrollar de manera “meditada y perfectamente preparada y organizada” los pasos para lograr la independencia de Catalunya, con ayuda de ANC y Òmnium Cultural.
Los líderes de estas organizaciones entraron en prisión el pasado 16 de octubre. En su caso, están acusados de entorpecer la Operación Anubis de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum del 1-O. Sánchez y Cuixart, según Lamela, alentaron las movilizaciones en la calle para torpedear el trabajo de los agentes y la comitiva judicial en el Consellería de Economía. Ambos han contestado este viernes a sus abogados y la Fiscalía ha rechazado formularles preguntas.
Ninguno de los investigados a contestado a las preguntas de Vox. Junqueras y Romeva se han negado a contestar a preguntas de la Fiscalía, mientras que Dolors Bassa y Carles Mundo han contestado a unas pocas cuestiones de Jaime Moreno y Consuelo Madrigal.