El Tribunal Supremo ha puesto en marcha la investigación contra el fiscal general del Estado bajo secreto de sumario. El primer movimiento del juez Ángel Hurtado ha sido mandar a la Guardia Civil a la Fiscalía a registrar el despacho de Álvaro García Ortiz para incautarse de cualquier dispositivo electrónico o en papel que pueda estar relacionado con la acusación de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Teléfonos móviles, ordenadores, tablets, libretas así como direcciones de correo electrónico o mensajes de WhatsApp. Varias de estas diligencias habían sido pedidas por la representación de Alberto González Amador.
Tal y como ha adelantado El Mundo y ha confirmado elDiario.es, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se ha personado este miércoles en la sede del Ministerio Público en la calle Fortuny para proceder al registro. Poco antes el juez Hurtado decretaba el secreto sumarial y pedía al fiscal general que designara un abogado para defenderse en la investigación en esta causa en la que se investiga la filtración de datos sobre los contactos que el abogado de Alberto González Amador y la Fiscalía mantuvieron para buscar un pacto de conformidad en su doble fraude fiscal confeso de 350.000 euros.
El magistrado Hurtado, según el auto examinado por elDiario.es, ha ordenado la intervención “de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos y documentos” relacionados con el caso. Entre ellos, el teléfono móvil del fiscal general, autorizando a la Policía Judicial a hacer un análisis técnico sobre la marcha si fuera necesario. Las diligencias también incluyen el volcado del correo electrónico del fiscal general del Estado así como el volcado de sus conversaciones de WhatsApp. No solo su correo profesional, sino “todas las cuentas de correo electrónico utilizadas” por Álvaro García Ortiz. Todo se ha realizado bajo secreto de sumario después de que el juez Hurtado haya decretado la medida “en tanto en cuanto no se haya recabado toda la información documental” durante al menos un mes.
El Supremo asumió el caso contra el fiscal general después de que el Tribunal Superior de Madrid remitiera las actuaciones. Unas diligencias que, en origen, arrancaron para analizar si un comunicado de la Fiscalía de Madrid sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso había revelado datos secretos. El Supremo concluyó que ese comunicado no era delictivo porque varios medios ya habían publicado esos datos, pero decidió que debía investigar si el propio fiscal general estaba detrás de esa filtración original.
Los correos y el pacto
Tal y como ha explicado elDiario.es, el primer medio de comunicación que publicó información textual sobre las conversaciones entre el abogado de Alberto González y el fiscal Julián Salto fue el periódico El Mundo, que hizo público un pantallazo de un correo y hacía alusión a las primeras conversaciones entre ambas partes. Fue posteriormente cuando la Fiscalía decidió emitir un comunicado al respecto porque diversos medios estaban difundiendo una información falsa y dando a entender que había sido el Ministerio Público el que había ofrecido el pacto cuando era al revés.
Esa misma noche Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, remitió a diversos medios de comunicación el contenido de uno de estos emails con una mentira: que el pacto se había frenado desde las altas instancias de la Fiscalía. Varios medios publicaron también esta versión, lo que propició el comunicado del Ministerio Público.
El Tribunal Superior de Madrid abrió una investigación tras las querellas de Alberto González Amador y del Colegio de Abogados de Madrid. Unas pesquisas que desvelaron que tanto el fiscal general como la fiscal provincial de Madrid contactaron esa noche con el fiscal Julián Salto para pedirle la relación de correos que había cruzado con el abogado de Alberto González. El comunicado posterior de la Fiscalía que ordenó hacer Álvaro García Ortiz, concluyó el Supremo, no reveló secretos porque varios medios ya habían publicado su contenido, pero dejaron en manos del juez Hurtado averiguar si fue el fiscal general quien lo filtró a dichos medios.
Este miércoles el juez Hurtado ha realizado dos movimientos: uno público y uno secreto. Por un lado, ha pedido al fiscal general que designe al abogado que le defenderá en estas diligencias. Por otro, y sin hacer pública esta segunda decisión, ha ubicado el caso bajo secreto de sumario y ha ordenado el registro de su despacho. Todo en el marco de la primera investigación penal dirigida contra un fiscal general del Estado en ejercicio y que estará, como poco, un mes bajo secreto de sumario.