Se han escrito muchos artículos sobre el envío al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la ley de amnistía por los tribunales españoles en los que hay causas relacionadas con el procés. De su hipotética respuesta, del tiempo que habría que esperar para la resolución y de la situación en que quedaría Carles Puigdemont con vistas a su regreso a Catalunya. Un montón de palabras echadas a perder, porque al final el Tribunal Supremo se ocupó por su cuenta de cerrar el debate. Lo hizo el lunes para afirmar que la ley de amnistía no cubre los delitos de malversación cometidos por Puigdemont y los miembros de su Gobierno. Los magistrados demostraron una creatividad lingüística a la altura de los mejores novelistas.
La Sala Segunda de lo Penal, encabezada por Manuel Marchena, que presidió el juicio del procés, debía interpretar la ley tal y como fue aprobada sin olvidarse de las intenciones de los legisladores. No se privó de hacer comentarios de valoración política, como cuando se refirió a “la condescendiente lenidad del legislador español frente a malversadores condenados en sentencia firme”, un argumento que puede encontrarse en las críticas realizadas por el Partido Popular y Vox.
Su auto se aplica a los políticos ya condenados en el juicio del procés. El del juez Pablo Llarena cuenta con argumentos similares y tiene en el punto de mira a Puigdemont y otros dos procesados que huyeron al extranjero para no ser juzgados.
La ley de amnistía excluía de su aplicación a aquellos responsables de un delito de malversación que se hubieran beneficiado económicamente. No es aventurado decir que los políticos independentistas no buscaban ganar dinero con el proceso independentista. Sus objetivos eran políticos. Lo que hace el Supremo es darle la vuelta al argumento con una suposición. El enriquecimiento personal se produjo porque el uso de los fondos públicos les permitió no poner dinero de su bolsillo.
El Supremo no sabe si el patrimonio personal de ellos era suficiente como para financiar todo el procés. Sencillamente, lo imagina: “La única alternativa al alcance de los Sres. Junqueras, Romeva, Turull y la Sra. Bassa, si querían coadyuvar al proyecto independentista, era disponer de los fondos públicos de la Generalitat o pagar de su bolsillo”. Quizá suponga que siempre podrían haber ido al banco para solicitar un crédito.
Luego, deja una frase para que la gente se entretenga con lo que quiere decir. “El castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por quedarse con las cosas de otro, sino por quitarle a otro las cosas”. Un juego de palabras para demostrar que ser juez no te impide tener sentido del humor. Provoca la sospecha de que si la ley de amnistía hubiera tenido un contenido diferente sobre el delito de malversación, la Sala Segunda se las habría arreglado para no tener que aplicarla.
Con respecto a un posible menoscabo para la Unión Europea, citado como excepción en la ley de amnistía, el tribunal lo tenía más difícil, pero sólo era cuestión de echarle imaginación y volver al terreno de las hipótesis. Los condenados no utilizaron fondos aportados directamente por la UE, con lo que había que subirse a la máquina del tiempo y desplazarse hacia el futuro.
Una independencia de Catalunya habría afectado a los intereses de la UE –sostiene el auto–, porque la aportación económica de España a los presupuestos comunitarios habría sido menor al no poder contar con la economía catalana, dando como ejemplos el descenso de su nivel de renta o de los ingresos por IVA.
No se empleó ningún euro procedente de Bruselas en el procés, ¿pero qué hay del multiverso donde podría existir un Estado catalán plenamente independiente?
Nunca hubo la menor oportunidad de que se produjera la independencia catalana, a menos que se haga el chiste basado en hechos reales de que estuvo en vigor durante ocho segundos. La propia sentencia condenatoria del procés por el Tribunal Supremo lo dejaba bastante claro cuando habló de una “ensoñación” que no tenía correlato en el mundo real.
Marchena y los demás magistrados dictaron que sólo estaban ante una ensoñación de los responsables o “un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de fundación de la república catalana”, y que sólo eran un elemento de “presión política” sobre el Gobierno español.
Sólo era una quimera, según el Tribunal Supremo, lo que descartaba condenar por rebelión y permitía hacerlo por un delito de sedición. Ese mismo tribunal decide ahora que esa ficción interesada sirve para interpretar la ley de amnistía con la intención de que no beneficie a los políticos catalanes condenados.
La decisión del Supremo supone un serio problema político para el Gobierno. Ya no son sólo unos jueces locos e incontrolables los que intentan boicotear la amnistía después de que hayan descubierto de forma repentina que las protestas contra la sentencia del procés fueron un caso de terrorismo o que los contactos con rusos suponen un delito de traición.
Esos jueces se han convertido en actores políticos de propósitos nada ambiguos. Las intenciones del juez Aguirre son aun más transparentes al conocerse lo que dice en privado: “Al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes, dos, y ya está, a tomar por el culo”. Otra pieza de alta retórica jurídica en la defensa del Estado de derecho, que lleva camino a este ritmo de irse a ese mismo sitio.
Con el Supremo, el argumentario del Gobierno tiene que ser diferente. No querrá arriesgarse a un choque frontal con el tribunal más importante del país. Se encuentra en un terreno más difícil de controlar y tiene motivos para tener dudas sobre las consecuencias del auto en las prioridades de Puigdemont.
El expresident se mostró muy tranquilo en la campaña electoral catalana. Cuando le preguntaron sobre si temía ser detenido al volver a España, no descartó que ocurriera algo así, pero dijo que sería algo que no tendría “mucho recorrido”. Está por ver si continúa pensando igual.
De momento, se limitó a recurrir al tuit ingenioso. “La Toga Nostra”, escribió. Su número dos, Jordi Turull, dijo que sus planes no han cambiado: “Es una persona de palabra y ha dicho que regresará cuando haya un debate de investidura” en el Parlament.
Las decisiones de la Sala Segunda y del juez Llarena sitúan a Puigdemont fuera de la aplicación de la ley de amnistía con los mismos argumentos que ha empleado la derecha. Habrá que esperar a ver cómo afecta su situación personal a las negociaciones para formar Gobierno en Catalunya y a sus relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez. Nada bien en principio.
Los magistrados del Supremo concedieron una victoria a la derecha con los autos conocidos el lunes. En el PP no ocultaron su euforia. Ahora piensan que está más cerca su sueño más caliente, que la legislatura acabe antes de que termine el año. El Tribunal Supremo ya ha cumplido su parte para que se cumpla ese deseo.