Dos títulos universitarios sin esfuerzo académico alguno. Sin ir a clase, sin presentarse a los exámenes, sin que haya rastro de ningún trabajo. Cristina Cifuentes y Pablo Casado se vieron envueltos en el mismo escándalo en el año 2018, cuando se reveló que ambos habían obtenido el título de posgrado sin pruebas de que hubiesen hecho nada por merecerlo. Atravesaron sendos procesos judiciales que con tiempos diferentes han acabado con los dos libres de castigo judicial. Eso sí, dos tribunales distintos han echado por tierra su coartada política.
En años distintos, Casado y Cifuentes obtuvieron el mismo máster impartido por el Instituto de Derecho Público, dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos y dirigido por el fallecido Enrique Álvarez Conde. Ambos defendieron haberlo cursado. “El máster es perfectamente legal y real. Ni mi currículo ni mis calificaciones han sido falsificadas ni falseadas”, argumentó Cifuentes. “Tengo toda la documentación que avala mi máster”, aseguró Casado.
Dos resoluciones judiciales separadas por algo más de dos años les han desmentido a ambos. Primero fue el Tribunal Supremo, que en septiembre de 2018 eximió a Casado de cualquier responsabilidad penal, pero concluyó que no había ninguna prueba de que hubiese cursado el posgrado. El caso había llegado al alto tribunal después de que la jueza Carmen Rodríguez-Medel lo enviase al considerar que al ahora líder del PP le habían regalado el título “a modo de prebenda”.
La sala de lo Penal del Supremo rechazó imputar a Casado por cohecho, pero elaboró un relato sobre cómo había obtenido el máster que mostraba que Casado consiguió aprobar sin hacer nada. Buena parte de los créditos le fueron convalidados de manera “excepcional”, sin que él lo solicitase, algo que los jueces achacaron al “irregular comportamiento de los responsables del máster”. El alto tribunal también dejó claro que Casado no había ido a clase y que “no consta que se cumpliera” con el resto de requisitos académicos. A pesar de ello, había obtenido varios sobresalientes.
Cifuentes aprobó con notas falsificadas
El tribunal vio indicios de que se había dispensado “un trato de favor al aforado”, pero rechazaron que él tuviera responsabilidad: “Al igual que ocurre con la inexistencia de datos que avalen la presentación de trabajos que sustituyeran otros méritos inexistentes, son actuaciones imputables al responsable de su valoración, sin que el hecho de que el alumno se beneficie indique de forma suficientemente consistente que ha existido un previo acuerdo ilegítimo con el profesor”.
Aquella decisión judicial provocó que la jueza que investigaba el máster de Cifuentes redujese el caso a la falsificación del acta, excluyendo a todos los responsables de la Universidad a excepción de la profesora Cecilia Rosado, que ha acabado condenada a un año y seis meses de cárcel. Eso no ha impedido que los jueces que este lunes han absuelto a la expresidenta madrileña hayan dejado constancia de las numerosas irregularidades que han detectado.
La propia Cifuentes ya se vio obligada a rebajar la defensa pública que había hecho sobre su máster, al que acabó renunciando en un último intento de huir del escándalo. Tuvo que reducir lo que en un principio había sido una defensa pública de su TFM frente a un tribunal a un acto informal, sin precisar delante de quien. Los testimonios de responsables de la URCJ fueron poniendo en tela de juicio la versión de la expresidenta, que ha quedado finalmente desmontada por la sentencia.
La Audiencia Provincial de Madrid no ha encontrado pruebas de que indujese la falsificación del acta sobre su TFM, pero ha llenado su resolución con las numerosas irregularidades del posgrado. Así, el tribunal confirma en su sentencia la información que elDiario.es publicó el 21 de marzo de 2018 y que dio origen al escándalo: Cifuentes había aprobado con notas falsificadas porque alguien había cambiado dos “no presentado” a “notable” en la Intranet de la URJC.
El tribunal lo define como una modificación “irregular”, instigada por el profesor Pablo Chico de la Cámara y que llevó a cabo la funcionaria Amalia Calonge, que “accedió al sistema informático, y a pesar de que no tenía competencias para hacerlo”, cambió las notas de Cifuentes. Las dos que le faltaban para obtener el máster.
Un castigo político diferenciado
Los jueces hacen hincapié en que “no consta” que Cifuentes realizase “examen, ni trabajo, ni ninguna otra actuación merecedora de calificación”. Es decir, que obtuvo dos notables sin hacer nada. O como resume en la sentencia: “El desarrollo de su actividad como alumna ha revelado un conjunto de incongruencias, relevantes, e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado”.
Porque a los aprobados sin mérito académico que los justifique los jueces añaden que “nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor”. Califican de “inexplicable” que sostenga que presentó un TFM cuando consta como “no presentado” y concluyen que “el desarrollo de este curso estuvo plagado de irregularidades, lo cual está acreditado documentalmente”.
Esa trama de títulos universitarios que se otorgaban a alumnos VIP que no había realizado ningún esfuerzo ha quedado ya patente en dos resoluciones de dos tribunales, pero no habrá consecuencias penales. Ni para quienes se beneficiaron de ese sistema ni para quien lo urdió. El catedrático de la URJC Enrique Álvarez Conde, al que todos durante el juicio han puesto en el centro de la diana, falleció en abril de 2019.
Las consecuencias judiciales han sido las mismas, pero el castigo político ha distado mucho en ambos casos. Cifuentes tuvo que dimitir ante la posibilidad de que Ciudadanos, que le había dado sus votos en la investidura, forzase una moción de censura que diese el Gobierno de la Comunidad de Madrid al PSOE. La presión interna del PP y la filtración de un vídeo en el que aparecía robando unas cremas forzaron su retirada de la política.
La filtración se produjo después de que Cifuentes hubiera perdido el apoyo de Ciudadanos y que fuera inevitable que perdiera el gobierno de Madrid si no dimitía. El vídeo abortó el plan previsto por Cifuentes y que muchos el PP no compartían: pasar a la oposición e intentar recuperar el poder desde allí.
Casado, por su parte, afrontó ese escándalo en plena batalla contra María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría por liderar el PP. Aguantó sin asumir responsabilidades que el caso pasara de un juzgado ordinario al Tribunal Supremo. Cuando este lo archivó, Casado ya había alcanzado la presidencia del partido tras aliarse con Cospedal.