El embajador de España en Londres, Federico Trillo, y el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte han admitido hoy que cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados aunque han recalcado que cumplieron con todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales.
El diario El País afirma que, según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros, Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno, a través de sus despachos de asesoría.
La empresa pagadora, según este diario, es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León.
El embajador en Londres ha enviado a Efe un comunicado en el que aclara la relación de su despacho profesional, Estudio Jurídico LABOR, con la empresa Collosa y afirma que se reserva cuantas acciones legales estén a su alcance para defender su honor y su actividad profesional, así como las de su despacho y su familia.
En el comunicado, Trillo destaca que, según El País, esa relación “había sido filtrada” al periódico por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, y considera “tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes”.
En ese sentido, recuerda el deber de las administraciones públicas de guardar el secreto de los datos de los contribuyentes, cuya infracción está tipificada como delito en el Código Penal y tiene penas de prisión de uno a cuatro años y de dos a cinco años “a quienes las difundieren, revelen o cedan a terceros”.
Vicente Martínez Pujalte ha asegurado a Efe que tiene “la absoluta tranquilidad de haber hecho todo correctamente” y de haber “actuado de acuerdo completamente con la legalidad”, tanto de compatibilidades con su cargo de diputado como de su declaración tributaria.
El diputado del PP ha señalado que trabajó efectivamente para Collosa durante dos años, como asesor del que era consejero delegado, Mario Armero, y mientras éste permaneció en el cargo, y ha recalcado que pidió la compatibilidad al Congreso, que le fue concedida y pagó los impuestos correspondientes.
Trillo asegura que LABOR firmó un contrato con Collosa -del que informó al Congreso en su declaración de bienes- para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración de la empresa, sus estrategias de mercado fuera del ámbito de Castilla León, tanto en España como en mercados extranjeros, así como en el estudio jurídico de la mejor estructura como empresa familiar.
Subraya que tanto el contrato con Collosa como las correspondientes liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los requisitos legales, “lo que significa -añade- que Hacienda no ha descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente informada”.
El embajador en Londres recalca además que LABOR “nunca ha sido requerido de inspección ni de información alguna por parte de la Agencia Tributaria ni los inspectores de Hacienda”.
Destaca que LABOR “en ningún momento” intervino ni fue requerido para intervenir en ningún tipo de concesión o autorización de ninguna administración, “ni tuvo ni ha tenido nunca ningún tipo de asesoramiento o relación con centrales eólicas ni energías renovables”.