El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como imputada a la diputada socialista Montserrat Capdevila por un delito de malversación de fondos públicos, por pagar supuestamente viajes privados a Madrid con una tarjeta del Parlament.
En un auto, el magistrado del TSJC que investiga el caso, Carlos Ramos, cita a la diputada para interrogarla el próximo 28 de mayo y acuerda tramitar el caso por el procedimiento del tribunal popular, que es competente para juzgar los delitos de malversación.
El magistrado acusa a la diputada de haber pagado con la tarjeta de la cámara catalana una docena de viajes de carácter privado en los que acompañó a Madrid al exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos entre los años 2010 y 2012, cuando ella era concejal de Servicios Centrales de la población.
El auto detalla la docena de viajes de tren investigados, con un precio aproximado de 300 euros -excepto en una ocasión en que la diputada adquirió presuntamente con su tarjeta del Parlament dos billetes de AVE, uno para ella y otro para otra persona-, por lo que la suma malversada superaría los 4.000 euros.
Esta presunta malversación fue descubierta a raíz de las intervenciones telefónicas a que estuvo sometido el exalcalde de Sabadell durante la investigación del “caso Mercurio” de presunta corrupción urbanística que instruye el titular del juzgado de instrucción número 1 del municipio.
En su auto, el magistrado del TSJC, que además de las escuchas telefónicas dispone de información facilitada por Renfe y el Parlament, sostiene que la docena de viajes entre Barcelona y Madrid que la diputada cargó a la tarjeta de la cámara catalana obedecían a motivos “estrictamente personales no relacionados con el ejercicio de su labor parlamentaria”.
El juez ve indicios de un delito de malversación en el caso, dado que fueron fondos públicos del Parlament los que financiaron esos viajes privados, mediante una tarjeta que expide Renfe para los diputados en virtud de un convenio de colaboración suscrito en mayo de 2008 entre la compañía de transportes y la cámara catalana.
En enero pasado, al trascender que la Fiscalía había planteado al TSJC la imputación de Capdevila por malversación, la diputada socialista sostuvo en su bloc personal que no hizo ningún uso ilícito de la tarjeta de Renfe, y desveló que había devuelto al Parlament el importe íntegro de los gastos a cargo de la misma.
La diputada socialista se escudó en que existe un “vacío normativo” sobre la regulación del uso de la tarjeta de Renfe del Parlament y denunció sentirse víctima de una “intolerable invasión” en su vida privada con el objetivo de buscar su “descrédito y destrucción política y personal”.
Del llamado “caso Mercurio” iniciado en un juzgado de instrucción de Sabadell, el TSJC investigó también en una pieza separada al exdiputado socialista Daniel Fernández y al propio Bustos por haber presionado a la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez, para enchufar a una exalto cargo del tripartito, caso por el que ambos afrontan una pena de dos años de cárcel por tráfico de influencias.