La Audiencia Nacional imputa a Cerdán, Zarrías y la gerente del PSOE en una nueva derivada del caso contra Leire Díez

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este miércoles a la sede central del PSOE en la madrileña calle Ferraz. La UCO se ha personado para requerir documentación y archivos electrónicos, no se ha producido un registro de la sede. En concreto, han solicitado documentación sobre la contratación de la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, según explican fuentes del partido. Un portavoz de la Audiencia Nacional afirma que se investiga “una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno”.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver –que defendió a Koldo García– por delitos de organización criminal, varios delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Pedraz aprecia igualmente indicios de delito en la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice en los delitos mencionados, así como en posible calidad de autora del delito de falsedad en documento mercantil en relación con la emisión de facturas falsas.

El juez también alude a Juan Manuel Serrano, quien fue presidente de Correos , empresa en la que Leire Díez ocupó el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales. Y a Juan Francisco Serrano, quien fuera número dos de Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE. El magistrado señala que aparecen indicios que revelan la colaboración de ambos con los investigados “en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan”, si bien matiza que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados, precisan las citadas fuentes de la Audiencia Nacional.

Imputado el abogado de Cerdán

También se investiga al abogado Jacobo Teijelo, encargado de la defensa de Santos Cerdán y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado. El agente Sánchez Yepes está imputado en un caso de hidrocarburos por supuestamente facilitar información reservada a otros investigados a cambio de prebendas. Es defendido por el abogado Jacobo Teijelo.

Los agentes han registrado el domicilio de Santos Cerdán y del empresario Javier Pérez Dolset. Se ha producido otro registro vinculado al que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía con el PSOE Gaspar Zarrías, que tuvo contratada durante varios meses de 2024 a Leire Díez. La militante causó baja en el partido en junio de 2025 tras la publicación de unos audios en los que se la escuchaba hablar con empresarios imputados a los que prometió poner en contacto con fiscales y otras personalidades.

La operación se produce en el marco de una pieza separada secreta abierta en las diligencias de la Audiencia Nacional sobre adjudicaciones bajo sospecha en la que estaban siendo investigados el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso —vinculado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán— .

En el marco de la operación de Ferraz, la UCO se ha personado en la Dirección General de la Guardia Civil esta mañana para requerir la documentación relativa a los expedientes disciplinarios abiertos a mandos relacionados con las investigaciones al PSOE. Esos expedientes pretendían determinar si los miembros de la cadena de mando de la Policía Judicial habían filtrado información de los procedimientos que afectaban al PSOE. Los agentes del teniente coronel Antonio Balas han tomado declaración a sus compañeros de Régimen Disciplinario encargados de cursar los expedientes mencionados.

Una segunda causa en un juzgado de Madrid

El pasado abril, Gaspar Zarrías compareció como testigo en otra causa judicial, la que dirige un juez de Madrid e investiga a Leire Díez por delitos de tráfico de influencias y cohecho. En esa comparecencia, Zarrías explicó tuvo contratada durante cuatro meses a la exmilitante del PSOE después de que ella le pidiera apoyo económico porque estaba culminando una investigación en la que pretendía demostrar la participación del comisario José Manuel Villarejo en el inicio del procedimiento de los ERE, en el que estuvo procesado y acabó absuelto por el Tribunal Constitucional. Le pagó 16.000 euros aunque el trabajo no cumplió con sus expectativas porque contenía únicamente información pública.

En esa otra investigación que sigue un juzgado de Madrid, la Fiscalía atribuye a Leire Díez el “liderazgo” de un “plan delictivo” con el objetivo de desacreditar a la UCO, encargada de diversas investigaciones abiertas en causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE; y a la Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación pública en varios de esos casos. La investigación trata de determinar si actuaba por orden de la cúpula del PSOE o por iniciativa propia.