UDC ha aceptado devolver, junto con el resto de procesados, los 388.000 euros desviados de subvenciones públicas por la trama del “caso Pallerols”, en un acuerdo pactado con acusaciones y defensas que evita la celebración del juicio y librar a los condenados de entrar en prisión.
Tras semanas de negociación, las partes alcanzaron ayer “in extremis” un pacto en el que los procesados, entre los que figuran ex altos cargos y militantes de Unió Democràtica de Catalunya -el segundo partido de la coalición CiU-, han aceptado, como sostenía la Fiscalía, que desviaron fondos de la Unión Europea destinados a cursos de formación para desempleados a través de las sociedades del empresario andorrano Fidel Pallerols.
El pacto ha sido posible después de que el ministerio público, que inicialmente solicitaba para los procesados penas de hasta cinco años de prisión -la Audiencia de Barcelona ya rebajó su petición inicial de once años al revocar algunos de los delitos-, se haya avenido a rebajar la condena a cuatro de ellos, retirar los cargos a otros dos y reducir las indemnizaciones que planteaba en un principio.
Concretamente, el ministerio público ha rebajado a 388.000 la suma defraudada por la trama de Pallerols, al incluir en esa cifra sólo las cantidades que se consideran totalmente acreditadas, frente a los cerca de 600.000 euros en que inicialmente cifraba el desfalco. De esos 388.000 euros, el fiscal reclama a UDC que responda como partícipe a título lucrativo de 200.000 euros y, en calidad de responsable civil subsidiaria, de los 100.000 que desvió su exsecretario de organización Vicenç Gavaldà.
Esta mañana, el partido democristiano y los cuatro condenados por el caso Pallerols han consignado en el banco 300.000 euros para cubrir la responsabilidad civil, que aunque formalmente figuran sufragados por las cinco partes han sido abonados íntegramente por el partido democristiano, según han informado a Efe fuentes judiciales.
El pago de la responsabilidad civil por parte de UDC, el primer partido en la historia judicial española que devuelve dinero defraudado a la administración pública, comporta su asunción de que se embolsó parte de las subvenciones europeas que fueron desviadas a través de la trama, y así constará en la sentencia de conformidad que dicte la sección segunda de la Audiencia de Barcelona.
Los otros 88.000 euros tendrán que ser aportados en los próximos días por UDC y los cuatro condenados, que también deberán pagar multas que suman en total cerca de 260.000 euros.
El acuerdo se ha saldado con penas menores que permitirán a los cuatro condenados eludir su ingreso en prisión, por carecer de antecedentes: año y medio para el ex director general de Empleo Lluís Gavaldà (UDC) y siete meses para el empresario Fidel Pallerols y para el consejero nacional de UDC Vicenç Gavaldà.
Para el militante de UDC Santiago Vallvé, que tenía una condena de poco más de un año de cárcel por el caso Turismo de malversación de fondos de la Generalitat, suspendida por no tener antecedentes, el fiscal le ha dejado la pena en una multa, por lo que podrá evitar su ingreso en prisión.
A Dolors Llorens, miembro del Departamento de Trabajo, y María Cruz Guerrero -esposa de Pallerols-, el ministerio público les ha retirado los cargos al considerar que su papel en la trama sería subalterno del resto de acusados y no estar completamente acreditada su participación.
Al aceptar la rebaja de condena de la Fiscalía, los acusados han reconocido que entre los años 1994 y 1999 concedieron a Fidel Pallerols varios millones de euros en subvenciones del Departamento de Trabajo, controlado entonces por UDC, con el compromiso de entregar luego parte de esas sumas para la financiación del partido democristiano.
La Fiscalía ha basado la sustancial rebaja de penas aplicada a los acusados en la aplicación de las atenuantes de reparación del daño, por haber devuelto el dinero defraudado, y dilaciones indebidas en el proceso, que se abrió en 1999 pero ha tardado trece años en llegar a juicio dado que la causa fue archivada, recurrida y estudiada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la imputación de un aforado.
Además, el fiscal, según ha argumentado después ante la prensa, ha tenido en cuenta que el paso de tanto tiempo supone una “debilitación” de las pruebas para acreditar la participación de los acusados, con lo que encarar el juicio, que podría haberse prolongado durante cuatro meses, podría no haber tenido eficacia.
El pacto firmado hoy ha dejado aparte la causa abierta por fraude fiscal que tiene pendiente Fidel Pallerols, que la Audiencia de Barcelona ha acordado desglosar para juzgarla más adelante.