La Comisión Europea presentó hoy un plan de acción contra la desinformación para proteger las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de injerencias externas, especialmente rusas, tras los recientes intentos de desestabilización en los comicios de Estados Unidos y en el referéndum del “brexit”.
“La desinformación no es nueva. Ha sido un arma de influencia política durante muchos siglos. En este, lo que ha cambiado es la velocidad, la agresividad y facilidad con la que se esparce”, dijo el eurocomisario de Mercado Único Digital, Andrus Ansip, quien señaló a Moscú como “la principal fuente de desinformación” en la Unión Europea (UE).
Según Bruselas, difundir bulos que incidan en el desarrollo democrático europeo forma “parte de la doctrina militar de Rusia”, que a través de esa “amenaza híbrida” busca “dividir y debilitar a Occidente”.
La Unión Europea considera que las noticias falsas o “fake news”, según se conoce en inglés a ese fenómeno global, son “uno de los principales desafíos de nuestros tiempos” y contrarrestarlas requiere de una estrategia que aúne los esfuerzos de las instituciones comunitarias, los Estados miembros de la UE y las grandes plataformas de internet.
Para ello, la Comisión Europea ultima un sistema de detección rápida de noticias falsas, una herramienta que dotará con 5 millones de euros y que estará operativa el próximo mes de marzo, es decir, dos meses antes de los comicios de mayo para renovar la Eurocámara.
“Se centrará exclusivamente en los intentos coordinados por parte de agentes extranjeros de manipular el debate libre y abierto” en los procesos electorales, indicó la Comisión Europea, que espera que los países de la UE funcionen como antenas locales del mecanismo concebido por Bruselas para identificar “amenazas en tiempo real”.
“Definitivamente, cinco millones no es suficiente”, reconoció Ansip, quien dijo que Rusia dedica anualmente unos 1.100 millones de euros a sus plataformas de propaganda y cuenta con una “factoría” de noticias falsas en San Petersburgo con unos mil empleados, pero recordó que la UE también dedica 61 millones de euros anuales a promover la educación informativa.
El segundo pilar de la estrategia comunitaria pasa por exigir a las grandes plataformas digitales como Google, Facebook, Twitter o Mozilla que presenten un “código de conducta” contra la desinformación antes de que termine el 2018.
Este deberá fomentar la transparencia en la publicidad política e incluir medidas concretas contra las cuentas falsas y los robots que difunden propaganda mediante mensajes automáticos en redes sociales, los llamados “bots”.
Los compromisos de los gigantes de internet se harán públicos en enero de 2019 y serán objeto de un seguimiento a través de informes mensuales que deberán presentar a la Comisión Europea, que amenaza con tomar medidas coercitivas si la autorregulación no funciona.
Además, Bruselas planea crear una red europea de verificadores de datos (“fact checkers”) que dotará con 2,5 millones de euros y a la que aportará herramientas en línea para sumarse al combate contra una amenaza para la democracia de naturaleza transfronteriza que debe combatir el conjunto de la UE.
El plan de la Comisión Europea supone un paso más en una estrategia que empezó a tomar forma en 2015, cuando Bruselas alumbró la llamada East Stratcom Task Force, una unidad del servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (UE) especialmente dedicada a contrarrestar “la desinformación pro-Kremlin” y que ha detectado ya 4.500 casos de desinformación con acento ruso.
La inquietud contra la desinformación ha ido en aumento en la capital de la UE a partir de la filtración de datos personales de millones de sus usuarios a la consultora Cambridge Analytica, a la que se atribuye un papel decisivo en las elecciones de Estados Unidos y en el referéndum británico del “brexit”.
Mientras algunos países de la UE como Alemania o Francia han legislado recientemente contra la desinformación, Bruselas no ha lanzado aún ninguna propuesta legislativa para hacer frente al problema.
Existe, no obstante, un debate en curso para establecer si es necesario actualizar la normativa europea y de qué manera, teniendo en cuenta el delicado equilibrio que implica el fenómeno en términos de libertad de expresión, derecho a la información y censura.
El 83 % de los europeos considera que las noticias falsas suponen una amenaza para la democracia y el 73 % de los usuarios de internet en la UE dice estar particularmente preocupado por su incidencia en períodos preelectorales, según datos de la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.
Javier Albisu