Bruselas, 30 dic (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó este jueves a aplicar un embargo de armas al régimen militar de Birmania (Myanmar) tras la matanza de 35 civiles el 24 de diciembre.
“El espantoso acto de violencia perpetrado por el régimen militar en el estado de Kayah el 24 de diciembre, en el que murieron y fueron quemadas más de 35 personas, incluidos mujeres y niños, así como trabajadores humanitarios, subraya la urgente necesidad de exigir responsabilidades a los responsables”, indicó Borrell en un comunicado.
Según dijo, en vista de la escalada de violencia en Birmania, “se requiere una mayor acción preventiva internacional, incluido un embargo de armas”.
También subrayó que la UE está “dispuesta a imponer más sanciones contra el régimen militar”.
Borrell destacó que los recientes ataques contra civiles en muchas partes de Birmania, y más recientemente en los estados de Kayah y Karen, han provocado el desplazamiento de miles de personas.
“Atacar a civiles y agentes humanitarios es inaceptable y una flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional, incluido el derecho humanitario”, señaló.
Para el jefe de la diplomacia comunitaria “debe garantizarse el acceso humanitario pleno, seguro y sin trabas a todas las personas necesitadas, y la plena protección, seguridad y protección del personal humanitario y médico”.
Recordó que, desde el golpe militar del 1 de febrero en el país, la UE ha impuesto sanciones selectivas al ejército de Birmania, sus líderes y entidades.
La UE, asimismo, detuvo la ayuda financiera al Gobierno birmano y se congeló la asistencia que pudiera considerarse como una legitimación del régimen militar.
Borrell afirmó que la UE sigue apoyando los esfuerzos del enviado especial de la ONU para Birmania, así como los cinco puntos de consenso de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para buscar una salida pacífica a la crisis.
Mientras, la UE sigue proporcionando a Birmania ayuda humanitaria, de acuerdo con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.
Este año asignó 24,5 millones de euros en ayuda humanitaria para abordar las necesidades inmediatas de las comunidades desplazadas y afectadas por conflictos y relacionadas con la covid-19, así como 65 millones de euros en apoyo a las necesidades básicas de la población civil, incluida la educación y los medios de subsistencia.
Los 35 cadáveres calcinados fueron encontrados el 24 de diciembre en Kayah, una de las áreas en conflicto por los combates entre los militares y las milicias civiles opuestas al golpe de Estado.
Birmania ha entrado en una espiral de crisis y violencia desde que los militares liderados por Min Aung Hlaing tomaron el poder el 1 de febrero en un golpe de Estado que derrocó al Gobierno democrático de Aung San Suu Kyi, actualmente bajo arresto.
Además de protestas pacíficas y un movimiento de desobediencia civil, se han formado milicias civiles que han tomado las armas junto a las guerrillas étnicas que llevan en conflicto con el Ejército birmano desde hace décadas.
Casi once meses después de la asonada, la junta militar sigue sin tener el control completo del país a pesar de la brutal violencia utilizada contra la disidencia y que ha causado hasta la fecha al menos 1.380 muertos y más de 11.200 detenidos, según la Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos (AAPP) birmana.