La última guerra sucia cumple diez años con la imputación de Rajoy y la confesión grabada de su ministro del Interior

El 22 de junio no es un día cualquiera para Jorge Fernández Díaz. En esta fecha, pero con seis años de diferencia, se han publicado las dos confesiones del ex ministro del Interior acerca de cómo el último Gobierno del PP decidió pervertir el funcionamiento de las instituciones y desviar recursos públicos para combatir el proceso independentista en Catalunya. 

La conversación con el director de la Oficina Antifraude en su despacho del Ministerio, conocida en 2016, y la grabada por el comisario Villarejo, desvelada el pasado miércoles, tienen en común con la imputación de Mariano Rajoy en Andorra el desinterés que suscitan en la mayoría de la clase política y los medios de comunicación, pese a las evidencias de la última guerra sucia del Estado que suponen.

Como hace seis años, junio ha sido un mes electoral en España. Los comicios andaluces han tenido una relevante lectura en clave nacional, ya sea por debilidad con la que el Gobierno central llegó a la cita del pasado domingo o por el inicio de un cambio de ciclo que aprecia el Partido Popular. Sin embargo, la imputación por una jueza de Andorra del último presidente del Gobierno de los conservadores, conocida en el tramo final de la campaña, no encontró hueco en la contienda. 

La magistrada imputa a Rajoy seis delitos por liderar la caída de dos bancos, con su enorme trascendencia económica en España y en el pequeño país vecino, para conseguir pruebas de la presunta corrupción de la familia Pujol al margen de los cauces legales. Rajoy está imputado por coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacción a órganos constitucionales andorranos y creación de documento inveraz por un funcionario. De forma indiciaria, el expresidente pasa a ser la X de la Operación Catalunya. 

En junio de 2016 restaban cuatro días para las elecciones generales cuando publico.es comenzó a informar del contenido de una grabación del encuentro mantenido en noviembre de 2014 entre el ministro del Interior, en el despacho de éste, y el director de la Oficina Antifraude catalana Daniel de Alfonso. En ella, Fernández Díaz reconoce el control político sobre la actuación judicial contra el procés y la participación de medios de comunicación en las maniobras, mientras aporta para siempre una frase al glosario político español: “La Fiscalía te lo afina”. 

Fernández Díaz siempre ha visto una mano negra detrás de la filtración de esa conversación a tan poco de las elecciones al tiempo que ha denunciado reiteradamente que su contenido fue alterado. La grabación había sido realizada con su consentimiento –sobre esto también mintió y rectificó– por algunos de los mandos policiales protagonistas de aquella guerra sucia a las órdenes del Gobierno del PP, que luego la transcribieron y almacenaron. Todos ellos están ahora procesados por intentar salvar al Partido Popular de la investigación de la caja B con métodos similares a los de la Operación Catalunya. 

Finalmente aquellas revelaciones resultaron irrelevantes en términos electorales: el PP volvió a ganar sin mayoría y logró gobernar porque el PSOE se abstuvo en la investidura. La moción de censura contra Rajoy triunfó dos años después pero por un caso distinto a la guerra sucia contra el procés: la sentencia del caso Gürtel, la primera que recogía el sistema de financiación con dinero negro que anidó en el partido durante al menos dos décadas. 

“Lo negaré bajo tortura”

El pasado miércoles, 22 de junio, El País publicó una grabación realizada por Villarejo, que no consta en el sumario, en el que el comisario informa de las maniobras para intentar poner en marcha el caso Pujol. Lo hace en presencia de un personaje fundamental en la guerra sucia del Gobierno del PP, el director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. “Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido”, se le oye decir a Fernández Díaz. La reunión demuestra que Fernández Díaz mintió en sede judicial, en sede parlamentaria, a los medios de comunicación y en sus memorias. Y casi siempre acompañando esos desmentidos con un grado de indignación rayando en el ataque a quien le requería explicaciones. 

Hoy, Fernández Díaz, uno de los grandes amigos de Rajoy en el Consejo de Ministros, está amortizado políticamente. A Pablo Casado no le importó que la Operación Kitchen ya apuntara al exministro cuando le nombró secretario de Libertades e Interior en su ejecutiva. Habían pasado dos años de la publicación de la conversación con Daniel de Alfonso y el coste político había sido escaso. Después, según la investigación del caso Kitchen fue acorralando a Fernández Díaz, el político fue suspendido de militancia. 

Pero el futuro judicial de Mariano Rajoy puede suponer un problema de gestión de su legado en el PP. Pablo Casado se vió obligado a hacer equilibrios para defender la gestión del expresidente al tiempo que anunciaba la venta de una sede central del partido reformada con dinero negro de los empresarios que engordaban una caja B, acreditada ya en tres sentencias, una de ellas firme.

Rajoy se ha beneficiado hasta ahora de las decisiones de la Audiencia Nacional respecto a su presunto papel en el caso Kitchen. El político, uno de los grandes beneficiados de la operación para sabotear la causa judicial de la caja B, ni siquiera fue llamado a declarar como testigo cuando el instructor, Manuel García Castellón, parecía decidido a investigar las afirmaciones de Villarejo en el Congreso de los Diputados respecto a un supuesto trato directo con el entonces presidente del Gobierno, siempre interesándose por la marcha del espionaje a Luis Bárcenas. 

Por otra parte, los encuentros entre el comisario, presunto líder de una organización criminal, y la número dos de Rajoy en el partido, María Dolores de Cospedal, quedaron en una suerte de encuentros “sociales”, según el término elegido por García Castellón en el auto que sirvió para archivar la investigación contra la ex secretaria general del PP. 

Otros audios, también publicados por El País y un nuevo medio llamado Fuentes Informadas, ofrecen indicios adicionales de cómo Cospedal pidió a Villarejo que hiciera desaparecer “la libretita”, las hojas en las que Bárcenas anotaba las entradas y salidas del dinero negro, éstas últimas con destino a sobresueldos para responsables del partido, como ella o el propio Rajoy. Las acusaciones populares han solicitado la reapertura y la Fiscalía Anticorrupción se demora en pronunciarse. Será García Castellón, otra vez, quien tenga la penúltima palabra. El primer cierre de la instrucción tuvo después el aval de la Sala de lo Penal. 

Un Gobierno, una operación encubierta

La historia de la guerra sucia contra la oposición corre paralela al primero Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo socialista dejó como legado a su sucesor la renuncia definitiva a la violencia por parte de ETA. En los primeros meses, y con Fernández Díaz como actor destacado de aquella confusión, el nuevo Ejecutivo agitó el fantasma de la tregua trampa y desbarató todos los avances en romper el frente de las prisiones, único rescoldo antes de la desaparición definitiva de la organización terrorista. 

Fueron en aquellos primeros meses de legislatura, en 2012, cuando la cúpula policial que había elegido el PP, y que ya colaboraba con el partido cuando estaba en la oposición, empezó a fabricar una nueva cruzada contra el independentismo catalán. 

Desde el año anterior, el movimiento político había adquirido dimensiones desconocidas, pero sin un solo atisbo de violencia. No fue óbice para que el comisario Pino, arrogando para la Policía funciones que por ley no son de su competencia, constituyó un remedo de servicio de Inteligencia, secreto y extrajudicial, con el que dar salida a los fondos reservados que ya no era necesario destinar a la lucha contra ETA. Tuvieron que pasar dos años para que trascendiera la existencia de ese grupo secreto en una información que elDiario.es reveló en noviembre de 2014.

Para ello utilizó a los comisarios que habían prestado servicios delicados a todos los Gobiernos y a los que no era necesario convencer para ese tipo de encargos. Eran veteranos como José Villarejo o Enrique García Castaño. Otros mandos, con mucha menos experiencia pero muy ideologizados, se sumaron a la crucial misión, caso de Marcelino Martín-Blas o José Ángel Fuentes Gago. Y dos muy relevantes en este capítulo de la guerra sucia: los inspectores jefe que estaban o habían estado destinados en Andorra: Celestino Barroso y Bonifacio Díaz Sevillano.

Operación Catalunya, base en Andorra

Estos últimos son el inicio del hilo conductor que acaba en Mariano Rajoy. Higini Cierco, uno de los hermanos dueños de la Banca Privada de Andorra, a donde los Pujol habían trasladado su dinero poco antes de que se conocieran sus cuentas, señaló al inspector jefe Barroso como uno de los policías que le exigió la información confidencial sobre la familia, así como otra que pudiera haber de Artur Mas u Oriol Junqueras. Barroso fue agregado de Interior en la embajada española en Andorra entre 2014 y 2017. Su antecesor en el cargo, luego trasladado al nido de la brigada política en Madrid, es Bonifacio Díaz Sevillano, juzgado y, a diferencia del jefe Pino, absuelto en el juicio por el pendrive de los Pujol. 

Cierco y su ex consejero delegado, Joan Pau Miquel, así como las acusaciones populares de la causa en Andorra, sospechan que la intervención de la BPA nació del envío de información falsa por parte de las autoridades españolas a las estadounidenses y que la visita que Mariano Rajoy hizo en enero de 2015 al Principado, acompañado de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tuvo como fin presionar a las autoridades del principado. Los españoles figuran como investigados. De las autoridades andorranas se ha pedido que declaren como testigos y aclaren el contenido de aquel encuentro. 

Rajoy se ha referido en una sola ocasión al asunto y porque tenía obligación de comparecer ante la comisión de investigación del Congreso. El diputado de Junts Josep Pagès le preguntó y él recurrió a la ironía: “El Gobierno de Andorra lo ha desmentido porque es falso de toda falsedad. ¿Usted se cree que si yo quiero amenazar a alguien, que no lo he hecho nunca, primero paso públicamente por la Seo de Urgel, me encuentro allí con el obispo y estoy con él, y luego me voy con tres ministros, mi jefe de gabinete, mi jefe de la Oficina Económica y tres o cuatro personas más a tener una reunión con el Gobierno de Andorra? ¿Pero en qué cabeza cabe esto?”.

Primera condena por las maniobras policiales

El pasado 20 de mayo se conoció la primera condena relacionada con la guerra sucia contra la oposición. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rectificó a la Audiencia Provincial e impuso un año de prisión al comisario que el Gobierno de Rajoy eligió para dirigir la Policía, Eugenio Pino, el artífice de la brigada política, en el caso del ‘pendrive’ robado de los Pujol. Se cumplían diez años de su toma de posesión como director adjunto operativo de la Policía. La condena es recurrible ante el Tribunal Supremo. 

La operación parapolicial para sabotear la causa de corrupción más importante en el PP, la caja B, está a la espera de que se abra juicio oral o se reabra por las nuevas grabaciones publicadas por El País. En ella están imputados el número uno de Interior, Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. 

Pero las maniobras policiales, con directriz política, contra el procés no terminan de arrancar en los tribunales españoles. Recientemente se ha abierto una pieza por el espionaje a Xavier Vinyals, ex cónsul en Letonia e impulsor de las selecciones catalanas, dentro del caso Villarejo. García Castellón no ha permitido personarse a los Pujol en la causa como afectados en una decisión que se demoró tan solo unas horas. 

Aunque arrancaron en 1983 y el último data de 1989, el grueso de los atentados de los GAL se produjeron entre 1985 y 1986. La condena a sus responsables políticos se demoró más de una década, cuando el Tribunal Supremo condenó al exministro del Interior José Barrionuevo y a su secretario de Estado, Rafael Vera. Todo ocurrió con el PSOE en el Gobierno.