El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, han mantenido este miércoles una conversación telefónica, después de que se suspendiera la reunión que tenían agendada este miércoles tras las declaraciones de Junts. Ambos han acordado verse el próximo martes en sede judicial, después de que el socialista haya trasladado su apoyo a los jueces.
Fuentes ministeriales señalan que Bolaños ha trasladado al presidente del Supremo las palabras que ha pronunciado tanto ayer como hoy en sede parlamentaria, con las que afirmó que “España es un Estado de derecho, con una democracia plena y los jueces actúan con independencia y separación de poderes”. Y “voy a trabajar por el prestigio de los jueces y magistrados en este país ante cualquier ataque, venga de donde venga”, añadió.
Las mismas fuentes aseguran que los jueces y magistrados de este país pueden contar con el ministro para defenderles de “cualquier descalificación y cuestionamiento de su prestigio y para garantizarles que puedan impartir justicia con independencia, en el marco de la Constitución, el Estado de Derecho y la separación de poderes”.
Por Europa Press
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha defendido este miércoles la propuesta que el Gobierno quiere hacer a las Comunidades Autónomas para regular el uso de móviles en la escuela. Alegría ha asegurado en declaraciones a la Cadena SER que el objetivo es mejorar la formación y la relación que tienen los jóvenes con estos dispositivos.
“Se trata de atender a una demanda, a una preocupación que existe en la sociedad”, ha dicho Alegría, acerca del “uso irracional de los teléfonos móviles”. La propuesta, a tratar en una reunión con las CCAA el próximo mes de enero, implica también “escuchar lo que otras comunidades ya están desplegando”.
La ministra ha defendido que “la educación no puede solventarlo todo, pero tiene que ser una parte importante de la solución” y se ha remitido a la pandemia, cuando “fuimos capaces de tomar decisiones coordinadas y fueron positivas”. Alegría ha añadido que la prohibición del uso de móviles en horario lectivo no es incompatible con “mejorar la formación que reciben nuestros jóvenes en este aspecto” con el objetivo de que “nuestros jóvenes establezcan una relación saludable y un uso razonable de esos dispositivos”.
Hace solo unas semanas, Alegría rechazó regular el uso de dispositivos porque “no se le pueden poner puertas al campo”. En este sentido, la ministra ha aclarado que se refería al uso de la tecnología en general y no a los móviles en concreto. “Tenemos 'tablets', pantallas digitales y vamos a seguir trabajando con ellas”, ha aclarado, “las respuestas que demos no pueden ser solo el hecho de prohibir”.
Las principales asociaciones de jueces y fiscales han rechazado este miércoles los ataques directos de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, a varios magistrados del Tribunal Supremo (TS) al considerar que “el señalamiento público de jueces” es “inasumible en democracia”.
Así se han pronunciado en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
“En nuestro firme compromiso con el Estado de Derecho mostramos nuestra profunda preocupación por el intento de instrumentalizar la Justicia para fines políticos, deslegitimando a miembros del Poder Judicial. Es tremendamente irresponsable trasladar a la ciudadanía el falso mensaje de que sus jueces actúan movidos por intenciones ajenas a la aplicación de la ley”, han señalado.
En este sentido, las diferentes asociaciones han recalcado que defienden “la independencia del Poder Judicial, la imparcialidad e integridad de sus miembros”. “El normal funcionamiento de la Justicia, a través de su sistema de recursos, es garantía para la ciudadanía de un Poder Judicial sometido a la ley y garante de sus derechos”, han recordado.
Las organizaciones han asegurado que seguirán “atentas en defensa del Poder Judicial y del correcto funcionamiento de las instituciones democráticas que son base del Estado de Derecho”.
Informa Europa Press.
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha rechazado este miércoles el “señalamiento público” de integrantes de la carrera judicial “con sus nombres y apellidos”, en referencia a las menciones por parte de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, durante la sesión de debate de la Proposición de Ley de amnistía en el Congreso, celebrada ayer martes.
La agrupación judicial ha querido recordar también al Presidente del Consejo General del Poder Judicial “que no se reaccionó del mismo modo cuando se produjo una auténtica campaña desde otros partidos y apoyos mediáticos para desacreditar y señalar al magistrado José Ricardo de Prada”. JJPD aseguran que “ningún miembro del CGPJ amparó al mismo por hacer su trabajo”
La asociación defiende que el presidente del Poder Judicial debería ser “coherente” y “no discriminar”, en función del juez al que se está señalando o el partido político que realiza las alusiones. “Reiteramos la necesidad de que se imponga la mesura y la calma en estos momentos, también en la crítica a las decisiones judiciales , que no puede amparar ataques personales”, afirman desde JJPD.
La Mesa del Senado que controla el PP ha tramitado en una sola mañana una petición del propio PP para que la institución reclame un “dictamen urgente” sobre la ley de amnistía a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa. El partido de Alberto Núñez Feijóo apremia al organismo para que el informe esté listo cuando la proposición que debate el Congreso llegue a la Cámara Alta.
El PP plantea una serie de cuestiones a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, que, pese a su nombre, no tiene relación directa con los órganos de la Unión Europea. “¿Cuáles son los criterios de índole general que la Comisión de Venecia considera necesarios para que una medida como la amnistía resulte acorde con los estándares del Estado de derecho?”, cuestiona. “¿Es compatible con los criterios de la Comisión la posibilidad de amnistiar los delitos de terrorismo?”, apunta. “¿Considera aceptable y acorde a los estándares de un estado constitucional y democrático de derecho que la amnistía se apruebe para delitos de malversación y corrupción?”, añade.
La petición se ha cursado esta mañana a las 11.57 de la mañana, según el escrito registrado por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. La Mesa de la institución se ha reunido antes de comer para darle salida.
Informa Aitor Riveiro.
El Partido Popular enmendará la modificación de la ley de Telemadrid para evitar los “problemas” legales que han percibido los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid. La legislación está incluida en la Proposición de Ley de Medidas para la Simplificación y Mejora en la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad de Madrid.
Este miércoles, según ha adelantado la cadena Ser y ha corroborado elDiario.es, una de las letradas de la Asamblea de Madrid ha emitido un informe en el que considera que los cambios sobre el ente son “contrarios al control parlamentario de los medios de comunicación” recogidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
En el texto se apunta a “problemas jurídicos” de la elección del director general del ente y el Consejo Asesor. En el primer caso no lo decidiría la Asamblea de Madrid sino la Junta General de Accionistas de Radiotelevisión Madrid (donde el Ejecutivo regional es el único accionista) y en el segundo pasaría a determinarlo el Consejo de Administración de RTVM. Entienden los servicios que va en contra del control parlamentario.
El portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que el objetivo de su enmienda es que no haya “sombra de duda” sobre la gestión de Telemadrid.
Ha indicado que inicialmente se planteaba que la Asamblea elegía el Consejo de Administración y que de ahí salía el director general, “lo normal en cualquier sociedad mercantil”. A pesar de ello, han seguido las “recomendaciones” que marcan que “mejor sería incluir un plazo previo”.
Así, quedaría con que el consejo de administración de Telemadrid propone al director general y que será posteriormente la Comisión de la Asamblea la que aprobará la “idoneidad del candidato” y luego la junta de accionistas lo designará. “Se elimina la sombra de duda y se refuerza el control parlamentario”.
Esta enmienda no es la única que ha registrado el PP a su propio texto y ha asegurado, ante las críticas de la oposición, que se están cumpliendo los “plazos de forma escrupulosa” según marca el reglamento de la Cámara. Desde la oposición se ha pedido que se amplíen los plazos para presentar enmiendas a esta ley y ven apresurado llevarla a un Pleno extraordinario la semana que viene para su aprobación.
“No nos estamos saltando ningún trámite”, ha insistido Díaz-Pache. Ha insistido en que el reglamento prevé la tramitación ordinaria o por urgencia y que este segundo lo que hace es “reducir los tiempos de las fases”, pero se mantienen todas y se “escucha a todos los grupos”. Entiende Pache que no hay ninguna “indefensión” de los parlamentarios sino que estos tienen que “trabajar con más intensidad”.
Con información de Europa Press.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sentenciado este miércoles que después de la moción de censura en Pamplona presentada por el PSN y Bildu contra UPN, “lo próximo será dar el Nobel de la Paz a Bildu”.
Ayuso ha añadido que “están secuestrando a Navarra por los intereses de unos pocos” y ese secuestro “lleva la firma del Gobierno detrás”. Lo ha dicho antes de participar en el Congreso de Jóvenes al ser preguntada sobre este asunto: “Sí, ya digo que lo próximo es el Nobel de la Paz a Bildu. Estamos ahora mismo en una inversión de valores en España tan lamentable que esto es lo mínimo que hay que esperar de un gobierno que miente por sistema”.
“Es lamentable ver de qué manera se ha secuestrado Navarra, esta Comunidad foral que nunca fue ni de izquierdas, ni mucho menos nacionalista ni independentista”, ha proseguido, lamentando que ahora esté “en manos de Bildu”, partido que “desde hace años está utilizando el poder desde la administración de distintas maneras para ir imponiendo su ruta, que acabará siendo la anexión de Navarra al País Vasco”, y solo con el fin de “seguir con ese proyecto de ruptura de España”, ha zanjado.
Por Carmen Moraga
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, han mantenido este miércoles una conversación telefónica, después de que se suspendiera la reunión que tenían agendada este miércoles tras las declaraciones de Junts. Ambos han acordado verse el próximo martes en sede judicial, después de que el socialista haya trasladado su apoyo a los jueces.
Fuentes ministeriales señalan que Bolaños ha trasladado al presidente del Supremo las palabras que ha pronunciado tanto ayer como hoy en sede parlamentaria, con las que afirmó que “España es un Estado de derecho, con una democracia plena y los jueces actúan con independencia y separación de poderes”. Y “voy a trabajar por el prestigio de los jueces y magistrados en este país ante cualquier ataque, venga de donde venga”, añadió.
Las mismas fuentes aseguran que los jueces y magistrados de este país pueden contar con el ministro para defenderles de “cualquier descalificación y cuestionamiento de su prestigio y para garantizarles que puedan impartir justicia con independencia, en el marco de la Constitución, el Estado de Derecho y la separación de poderes”.
Por Europa Press
El secretario general del PSOE de Aragón y expresidente de esa comunidad, Javier Lambán, ha cargado en la red social X contra sus compañeros navarros por prestar su apoyo a EH Bildu y desalojar a la derecha del Gobierno municipal de Pamplona.
“Lamento que los herederos de ETA vayan a hacerse con la alcaldía de Pamplona y me produce una profunda desolación que vayan a hacerlo con el apoyo de los socialistas de Navarra”, ha dicho Lambán, quien en la actualidad, además, es senador por designación autonómica.
Las palabras del máximo responsable del PSOE aragonés van en la línea de las expresadas hoy por el presidente de esa comunidad, Javier Azcón, del PP, quien ha dicho que el acuerdo entre los socialistas navarros y EH Bildu le produce “asco político máximo”.
“No puede ser que el PSOE no solamente esté dispuesto a aceptar los votos de Bildu, sino a darle los votos a Bildu para que gobierne en una ciudad tan importante como es Pamplona”, ha dicho Azcón.
Escribe Toño Fraguas
El Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace cinco años, se dispone a realizar un informe sobre la ley de amnistía cuyo amparo legal genera debate entre los expertos. La Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución— ha designado este miércoles a los vocales Wenceslao Olea, del sector conservador; y Mar Cabrejas, del bloque progresista; como ponentes de la propuesta de informe solicitado por el Senado.
En un comunicado, el CGPJ afirma que la petición de la Mesa del Senado —donde el PP tiene mayoría— se produce al amparo de lo dispuesto en el artículo 561.1.9º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece entre las materias que pueden ser sometidas a informe del CGPJ “cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna”.
Es una cuestión que, no obstante, genera debate entre los juristas. Algunos entienden que ese artículo de la ley del Poder Judicial limita los informes de los órganos consultivos a las iniciativas legislativas que tienen su origen en el Gobierno, no en proposiciones de ley que emanan de los grupos parlamentarios, que es la vía utilizada para tramitar la amnistía.
Es un informe que se augura crítico con la medida teniendo en cuenta que el CGPJ aprobó antes incluso de que la ley fuera registrada una declaración institucional que sostenía que la despenalización del procés supone la “abolición del Estado de derecho”. Ese texto salió adelante con el voto favorable de los nueve vocales elegidos en su día a propuesta del PP.
Por Elena Herrera
El presidente del Tribunal Supremo en funciones, Francisco Marín Castán, ha criticado las declaraciones que hizo este martes la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras. “El ataque personal en el Parlamento al anterior presidente del Tribunal Supremo, a un presidente de Sala y a dos magistrados del tribunal carece de precedentes”.
Nogueras llamó “indecentes” a Manuel Marchena y a los magistrados Carlos Lesmes y Pablo Llarena. Además, un senador de Junts acusó a los jueces de una “batalla política” para “intentar torpedear” la ley de amnistía. El presidente del Supremo ha asegurado que estas declaraciones no se corresponden “con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho”.
Precisamente este miércoles estaba agendada una reunión entre Marín y el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, que finalmente ha sido suspendida por “razones sobrevenidas”.